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a falta de gas en garrafa es una constante en los últimos días. El inconveniente se ha intensificado con las bajas temperaturas. A la falta de este combustible se ha sumado la “avivada” de empresarios y comerciantes que ante la falta de controles eficaces de parte del Estado cobran precios exorbitantes, que en algunos casos hasta casi triplican el valor establecido oficialmente de 16 pesos por la garrafa de 10 kilogramos, que es la de consumo masivo. Sucede que el gas envasado está subsidiado desde 2005, precisamente, para que todos los ciudadanos puedan acceder al mismo. A través de la ley Nº 26.020 de 2005 fue creado el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo (GLP), que tiene el objetivo esencial de asegurar el suministro regular, confiable y económico de este producto a sectores sociales residenciales de escasos recursos, que no cuenten con el servicio de gas natural por redes. Los valores de comercialización fueron acordados en 2008 por el cual se establecen las condiciones para que las garrafas de GLP puedan ser adquiridas por los usuarios a un precio diferencial. Aquel acuerdo, firmado entre la Secretaría de Energía de la Nación y los representantes de distintos sectores involucrados en esta política social -productores, fraccionadores, distribuidores a comercios, municipios, estaciones de servicio y la empresa Enarsa (Energía Argentina Sociedad Anónima)-, estableció precios que fueron prorrogados hasta el 31 de diciembre de 2010. Los mismos son de 16 pesos las garrafas de 10 kilos y 25 las de 15. No obstante, las denuncias de los consumidores son constantes y en nuestra provincia ha sucedido, como se indicó en Santa Elena, que le han cobrado 45 pesos por la garrafa de 10 kilos. Al respecto, el secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, dijo sobre la escasez que desde el gobierno nacional se aplicarán dos medidas. “Una de ellas tiene que ver con las autorizaciones de exportación de gas licuado de petróleo (GLP) que serán contrastadas con la obligación de entregar productos de las productoras en el país. Y aquel que no entregó todo lo que tenía que entregar hasta los dos días antes de presentación, no tendrá autorización para exportar, con lo cual se garantiza el abastecimiento. La otra es que se establecerá un punto fijo en cada una de las plantas fraccionadotas de modo tal de controlar qué producto llega a cada planta, de dónde viene, adónde va y a quién se vende que permitirá un manejo más claro sobre el abastecimiento del volumen”, precisó el funcionario nacional. También se mostró sorprendido al enterarse de que “mucha gente que va a comprar su garrafa tiene que pagar por encima del bono provincial que tiene un valor de 16 pesos, lo cual es un acto delictivo”. Y recordó que el Estado nacional “decidió pagarles a todos para que cualquier garrafa en cualquier lugar tenga un valor de 16 pesos”.