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n día después de que un juez federal entrerriano ordenara levantar el corte en Gualeguaychú, el Gobierno nacional evitó una vez más desalojar la ruta 136 por la fuerza, pero en cambio, subió fuertemente la presión hacia los ambientalistas, al denunciar ante la Justicia penal y civil a unos diez líderes de la protesta contra la instalación de la ex Botnia en el río Uruguay. La decisión oficial de criminalizar el corte de ruta que ya lleva más de tres años y medio en el paraje Arroyo Verde, a 20 kilómetros de Gualeguaychú, fue informada por la tarde en la Casa Rosada por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, junto a un silencioso ministro de Justicia, Julio Alak. Aníbal F. se limitó a exponer desde el atril y no se permitieron preguntas de los periodistas. Lejos de aquellas palabras de Néstor Kirchner en 2006, cuando encabezó un acto masivo en Gualeguaychú y aseguró que la lucha contra Botnia era una “causa nacional”, Aníbal F. cargó ayer contra la “actitud radicalizada” de los asambleístas que persisten con el corte a pesar del fallo del tribunal de La Haya, que para el Gobierno fue el “punto de inflexión”. Justificó además que era “imperioso” recuperar la relación con Uruguay, y los acusó de “impedir con su conducta” que se avance en los controles de la contaminación ordenados por La Haya. El jefe de Gabinete anunció también que el Gobierno se presentará de querellante en la causa. En cuanto a la denuncia penal contra los asambleístas, se despachó con una batería de trece presuntos delitos que les cabrían, desde entorpecer el tránsito hasta el atentado y resistencia a la autoridad, pasando por el homicidio culposo (sería por el motociclista que murió al chocar contra un acoplado en 2009), las amenazas agravadas, la apología del delito y la sedición. Ante la Justicia civil se denunciará “a los mismos responsables”, dijo Aníbal F., y mencionó el cierre de negocios, perdidas de trabajos, de turismo y de exportaciones, entre otros presuntos perjuicios. Esta movida judicial fue la respuesta que encontró el gobierno de Cristina Kirchner ante la resolución que dio a conocer el martes en la tarde el juez federal Gustavo Pimentel, que instó al Gobierno a actuar con la fuerza pública para garantizar la libre circulación. El juez recordó que estaban vigentes tres mandatos para liberar la ruta, “restando únicamente que el ministro del Interior del que depende la fuerza federal emita la orden de cumplir el mandato judicial”. Pero, en la interpretación que hizo ayer Aníbal F., “no hemos tenido una decisión judicial contundente”, sino “decisiones elípticas”, “cosas globales” que se tornan “de imposible cumplimiento”. Aclaró igual que el Gobierno encara las denuncias “en lugar de poner las fuerzas de seguridad hasta tener que reprimir, (que) no tenemos vocación”. A esta decisión se llegó luego de varios cónclaves que encabezó Cristina con el jefe de Gabinete y el secretario Legal, Carlos Zannini. Ayer en Olivos fueron convocados desde media mañana el jefe de la Gendarmería, Héctor Schenone, y el procurador del Tesoro, Joaquín da Rocha (jefe de los abogados del Estado), a quien se le encomendó la misión de llevar a Concepción del Uruguay la presentación ante el juez federal Pimentel. El trámite le llevó más de lo previsto. Al Gobierno le llevó algunas horas unificar un discurso. A la mañana Alak sostenía que el Gobierno iba a “hacer cumplir a través de la Gendarmería” la orden, que consideraba, contra los que diría Anábal F. más tarde, que era “expresa, clara y contundente”. Piden explicaciones a Bahillo Los ambientalistas de Gualeguaychú resolvieron pedir "explicaciones" al intendente Juan José Bahillo en una manifestación programada para este mediodía. La concentración está convocada a las 12.30 al palacio municipal. Tras la denuncia penal presentada por el Gobierno nacional, La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú resolvió movilizarse este viernes a la municipalidad de esa ciudad entrerriana con reclamos al intendente Juan José Bahillo. La concentración está convocada a las 12.30 al palacio municipal para exigirle al jefe comunal "explicaciones sobre la actuación del Gobierno Nacional al que él adscribe", se informó oficialmente. La agrupación precisó le pedirá a Bahillo que "asuma la representatividad del pueblo al que encarna" y remarcó que lo harán "responsable de lo que le pueda ocurrir a aquellos ciudadanos que fueron denunciados por el Poder Ejecutivo Nacional". Diputados piden a la Nación monitoreo de Botnia-UPM Los diputados Jorge Busti y Juan Bettendorff, formalizaron una presentación de un Proyecto de Resolución en la Legislatura, para que se trate en la próxima sesión, con el fin de que la Cámara “se pronuncie pidiendo el monitoreo real y efectivo con participación amplia de académicos y de acceso irrestricto a los informes y conclusiones del monitoreo", señalaron a INFORME DIGITAL. El proyecto de marras solicita al Poder Ejecutivo nacional que en sus negociaciones con la República Oriental del Uruguay plantee que la implementación de las medidas tendientes a evitar cambios en el balance ecológico del Río Uruguay, conforme fuera ordenado por la Corte Internacional de Justicia de la Haya, en la causa: “Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)”, contemple las siguientes acciones: a) Coordinación de las mismas a cargo de la CARU; b) Monitoreo y vigilancia conjunta de la planta de Botnia - UPM desde su interior y al inicio de su actividad de producción, con amplias facultades de inspección; c) Participación en el control y monitoreo coordinado por la CARU de técnicos y especialistas con reconocida competencia; d) Presentación pública de informes cuatrimestrales de los resultados del control, rindiendo cuentas de lo actuado. e) Se garantice al público el acceso irrestricto a los informes y conclusiones del monitoreo. Además peticiona al Poder Ejecutivo nacional que no criminalice la protesta social del pueblo de Gualeguaychú, desistiendo de su condición de parte querellante y actor civil en la causa donde se investiga la responsabilidad penal de los asambleístas y manifestantes por el corte de la ruta internacional 136.