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as horas posteriores a la orden judicial de desalojar el corte en la frontera con Uruguay, entre las ciudades de Gualeguaychú y Fray Bentos, combinan las definiciones cautas del Gobierno y la incertidumbre y estado de alerta que envuelve a los asambleístas que mantienen el bloqueo desde hace tres años y medio. El ministro de Justicia, Julio Alak, afirmó este miércoles que el levantamiento del corte, que dispuso el juez subrogante de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, "debe darse hoy", aunque evitó los detalles sobre cómo y en qué momento de la jornada podría concretarse. "El Gobierno va a hacer cumplir la orden, a través de las fuerzas de seguridad federales, en este caso de la Gendarmería, en el marco del Estado de derecho", indció el funcionario. Reforzó así el mensaje que este martes había transmitido el ministro del Interior, Florencio Randazzo, que, tras una reunión con la presidenta Cristina Kirchner, había dicho que se cumpliría con la resolución judicial "garantizando la seguridad de las personas que están en el corte". Alak consideró además que "la mayoría" de los vecinos de Gualeguaychú que sostienen la protesta sobre el puente General San Martín "va a acatar" la decisión de la Justicia. "Hay una orden judicial expresa, clara y contundente", añadió. "Seguir con el corte". En contra de esta presunción, desde la asamblea afirmaron que el bloqueo de la ruta 136 "está más firme que nunca". "La asamblea mantiene la decisión de seguir con el corte como signo de la protesta contra la pastera", sentenció uno de los líderes de la asamblea ambiental entrerriana, Juan Veronessi. El vecino planteó que la determinación del juez subrogante de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, que se conoció anoche. "desvía" la atención respecto del reclamo contra la pastera UPM (ex Botnia). "Creemos que con esta decición se enfoca la cuestión hacia el corte en lugar de enfocarla hacia Botnia, que es el motivo de la protesta", razonó en declaraciones a radio Mega. La orden judicial En su resolución, el juez dispuso que se garantice el libre tránsito en ese paso internacional. Recordó además que ya existían tres órdenes judiciales anteriores para liberar el puente internacional General San Martín, interrumpido en forma permanente desde 2006, y que no se habían cumplido porque el Gobierno entendió que no era la oportunidad política para hacerlo. Pimentel afirmó también que, dadas las características de Botnia, y lo que se resolvió en el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, el Gobierno está impedido de dar una respuesta inmediata a las peticiones de los asambleístas, por lo que supeditar el levantamiento del corte al desmantelamiento de la planta es "desproporcionado e irrazonable". (Fuente: La Nación)