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retenden “criminalizar el derecho a la protesta” de Gualeguaychú frente a la pastera de Botnia-UPM. Así lo afirmó el abogado y asambleísta Luis Leissa: “el tema es esencialmente político, no judicial; mal puede el Gobierno reclamarle a otro poder que asuma una responsabilidad que es propia del Ejecutivo”, dijo a Clarín. “Somos conscientes de que el problema es difícil, pero de ahí a que haya una claudicación hasta ponerle al Poder Judicial un problema que es político, no es la solución”. De esta forma, el asambleísta salió al cruce de las declaraciones que la semana pasada realizaron la Presidenta en Uruguay y los ministros Taiana y Randazzo en Buenos Aires, acerca de que el final de la protesta de Gualeguaychú sobre la ruta internacional 136 deberá provenir de una decisión judicial. El domingo la Asamblea Ciudadana Ambiental realizó una manifestación en el monumento a Artigas de Gualeguaychú, en coincidencia con el Día Mundial del Medio Ambiente. La movilización se convocó 12 horas antes. Unas 200 personas se congregaron y marcharon luego hacia el Consulado uruguayo. En el monumento quedaron carteles donde se leía “Artigas, te salieron hijos violadores” o “Artigas, perdónalos porque no saben lo que hacen”, con el “no” tachado. La intención fue ratificar la lucha contra Botnia y fortalecerse ante la posibilidad de que mañana lunes –como indican versiones que circulaban en esta ciudad–, el juez federal Gustavo Pimentel notifique a los asambleístas que deben liberar la ruta internacional, en respuesta a la demanda que presentó el grupo de Vecinos Movilizados de Gualeguaychú. También, el senador nacional ultra K y gualeguaychuense Guillermo Guastavino declaró que “nunca el Gobierno Nacional utilizaría la represión para disolver el corte. No existe ninguna hipótesis del Gobierno de uso de la represión como mecanismo para disolver el corte de Gualeguaychú”. Para el abogado Leissa, en tanto, “lo nuestro es una reacción social y pacífica a una agresión grave que viola nuestro derecho a la salud y según reconoció la Corte Internacional, viola el proceso previo de información y consulta establecida por el Tratado del Río Uruguay. Le reclaman al juez la solución de este conflicto; el doctor Pimentel no puede criminalizar el derecho de protesta, máxime, cuando hay pronunciamientos judiciales en contrario”. Para los asambleístas, una cuestión es clara: “el conflicto no se va a resolver por la vía judicial, sino por la política”.