A

l proceso de quiebra que se tramita en la Justicia entrerriana ahora debe añadirle una grave denuncia por insolvencia fiscal fraudulenta que formuló la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) ante la Fiscalía federal de Paraná. A través de un comunicado, el organismo nacional de control informó que una importante empresa entrerriana del rubro de la construcción –con más de 55 años de trayectoria- incurrió en insolvencia fiscal fraudulenta, delito que prevé una pena de dos a seis años de prisión. La investigación detectó que la empresa debe al fisco aproximadamente 5 millones de pesos y en los últimos tres años, según la Afip, realizó un intento de insolventarse transfiriendo más de 17 inmuebles de su propiedad a los socios de la empresa y a personas que no tienen la capacidad económica para adquirir esos bienes. Según el organismo, esta transferencia de los inmuebles se hizo con el claro propósito de impedir el cobro de las obligaciones impositivas que la firma tiene con el organismo recaudador, siendo que también se presentó a concurso preventivo para impedir el cobro compulsivo de la deuda fiscal existente. Es así, que el síndico le solicitó al juez del concurso la intervención del agente fiscal en turno por las maniobras delictivas que estaría cometiendo el responsable de la empresa. Además, el fisco nacional no fue el único damnificado por las conductas defraudatorias de esta empresa, sino que hay más de 1.100 acreedores perjudicados por una suma aproximada de 40 millones de pesos. En el caso de los acreedores privados ya existe una causa penal que tramita el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Paraná. Ansiedad “La gente está esperando que actúe la Justicia, puesto que estamos mal porque acá nos conocemos todos”, dijo a UNO José María Puntín, integrante de la comisión de Autoconvocados Ahorristas y Compradores de Materiales de Miguel Waigel y Cía SA.“Sabemos que se vendieron todas propiedades porque la Municipalidad, con justa razón, les estaría negando entregar los libre deuda de unas propiedades que ellos vendieron debido a que Waigel les debe aproximadamente 2 millones de pesos”, explicó Puntín. “La Justicia debería averiguar todos los compradores para corroborar si tienen en sus contabilidades el dinero suficiente para comprarlos, qué monto pagaron y si ya tomaron posesión de los mismos”, sentenció el vecino de Crespo. (Fuente: Diario Uno)