E
l abogado Luis Leissa dijo que la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú, que participa en la causa como querellante, “fue notificada de esta nueva orden judicial con destino a Cancillería”. Agregó que, en base a declaraciones formuladas por el presidente uruguayo, José Mujica, sobre la necesidad de aplicar el principio de razonabilidad científica, le pedirán al magistrado que reitere los exhortos “frenados en su momento por Tabaré Vázquez” para que los directivos de la planta de celulosa –hoy en manos de UPM–, sean citados a comparecer en Entre Ríos, y presenten todos los estudios de impacto ambiental que se hayan realizado sobre Botnia. La causa fue iniciada por el entonces gobernador Jorge Busti, quien denunció a los directivos de Botnia por Contaminación en grado de tentativa. Cuando se conoció el fallo de la Corte de la Haya, Busti se comprometió a intentar reactivarla. “Hay una declaración de competencia del juez y un pedido del fiscal federal, que nunca diligenció la Cancillería uruguaya el exhorto para que declararan los directivos de esta empresa”. Por eso dijo que insistiría en solicitar que el fiscal federal insista con el diligenciamiento ante la Cancillería uruguaya, “en la seguridad de que los directivos de la empresa procesadora no participarán de un tribunal popular, sino a uno argentino en la que deberán probar que Botnia no contamina y no sé porqué no se animan a concurrir”. Este jueves, Leissa informó al diario El País de Montevideo que se pedirá “como dispuso La Haya”, el reconocimiento judicial al artículo 44 del Estatuto de 1975, de forma de iniciar a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) estudios e investigaciones de los efluentes en la chimenea de Botnia y en el río, frente a la planta.