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a presentación fue patrocinada por los abogados Ana Angelini, Osvaldo Fernández, Fabián Moreno Navarro y Luis Leissa, y en concreto reclama que en la causa en la que se investiga a la ilegal Botnia por la presunta comisión del delito de contaminación por residuos peligrosos (Ley 24.051), se oficie a la Cancillería y a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable para que envíen todas las pruebas incorporadas a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En este proceso penal, la Cámara Federal de Paraná ordenó al entonces juez Federal Guillermo Quadrini que tomara declaración indagatoria a los directivos de la ilegal Botnia y los funcionarios uruguayos. Realizado el procedimiento de citación, a través del Protocolo de San Luis suscripto por los cuatro países signatarios del Mercosur, Uruguay se negó a cumplir con ese recaudo para lo cual el ex presidente Tabaré Vázquez -mediante un Decreto especialmente dictado-, argumentó que de accederse al pedido argentino se comprometían cuestiones de “orden público” concernientes al Uruguay y de esa forma obstaculizó el proceder de la Justicia generando impunidad. Los asambleístas sostuvieron que una vez incorporadas las pruebas -que serían suficientes para impulsar la causa penal – se debe insistir con una nueva citación para que los responsables de la ilegal Botnia comparezcan a rendir cuentas ante la Justicia argentina; para lo cual el actual presidente uruguayo, José Mujica, debería destrabar el libre tránsito de la justicia de acuerdo a los Tratados vigentes en el plano internacional; caso contrario seguiría ejerciendo el rol de violador de las obligaciones que se comprometieron a cumplir los Estados. (El Argentino).