E
l Gobierno podría efectivizar este martes la decisión de rescindir los contratos de arrendamientos en las islas del Delta, ocupados por ganaderos, aunque también apropiadas de modo compulsivo por particulares sin ningún instrumento legal.
La medida se traduciría a través de un decreto que firmará el gobernador Sergio Urribarri, y que pondrá fin a los permisos otorgados a través de la Ley Nº 9.603, sancionada en 2004 por la Legislatura. Esa norma otorgó a particulares, a través del sistema de arrendamiento, “todas las islas fiscales de la Provincia de Entre Ríos, fracciones o lotes de las mismas y anegadizos”.
Aquella ley estableció que los predios de las tierras fiscales del Delta -–fundamentalmente en los departamentos Victoria y Gualeguay— “deberán destinarse al desarrollo de actividades ganaderas, apícolas y/o aquellos propios de proyectos de inversión para la prestación de servicios turísticos, quedando prohibido el uso para la explotación agrícola intensiva que requiera la aplicación de agroquímicos o plaguicidas”.
Pero un sobrevuelo que hizo un grupo de funcionarios el lunes 5 pudo constatar que ninguno de los lotes –-arrendados a apropiados—está actualmente ocupado por particulares, lo que apoyaría la tesitura oficial de impulsar la recuperación de esos predios. Una preocupación central de las autoridades lo constituyen también las ocupaciones ilegales, que se han convertido en moneda corriente en el último tiempo.
Cuestiones insulares
Según contó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, este martes está previsto que se reúnan los responsables de distintas áreas que tienen que ver con la recuperación y protección de las tierras fiscales en la provincia –-entre otros, el jefe de Policía, Héctor Massuh, y el escribano Mayor de Gobierno, Francisco Gastaldi– de modo de avanzar en la decisión de hacer efectiva la recuperación de las islas del Delta.
De acuerdo a datos oficiales, en el departamento Victoria, las islas fiscales representan 376.000 hectáreas, de las cuales el Estado posee 132 mil hectáreas. Por el sistema de arrendamiento, se transfirieron a los privados un total de 78 mil. Esa entrega se hizo, según dice la ley, mediante contratos de arrendamiento con una duración “de tres años”, renovables por otros tres. Pero el fiscal de Estado opina que no deben renovarse, y a su vencimiento, recuperar los predios.
Más compleja de resolver es la situación de los predios ocupados por particulares sin que medie un contrato de arrendamiento, muchos de los cuales han iniciado en la Justicia juicios de usucapión con la pretensión de hacer valer derechos ante el Estado. A través de esa mecánica, la mitad de las 200 mil hectáreas de tierras fiscales han sido ocupadas por privados, la mayoría oriundos de la provincia de Buenos Aires.
Modus operandi
Durante el sobrevuelo que el Gobierno realizó hace una semana en el Delta, y del que participó, además del fiscal de Estado y el escribano Mayor de Gobierno, el jefe de la División de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos, Hugo Pasutti, se labraron actas respecto al estado de desocupación de los predios, que luego se presentarán a la Justicia.
Según Rodríguez Signes, se trata de una estrategia de “contraataque” en los juicios por usucapión iniciados por particulares. “Vamos a notificar a todos los fiscales de los Juzgados en donde se tramitan estas causas para que tomen nota de esta situación. No se está cumpliendo con uno de los requisitos fundamentalmente para pretender ocupar esas tierras, esto es la ocupación permanente. En esto, la inundación nos dio una mano”, afirmó.
Las ocupaciones que ahora el Gobierno procura dar por concluidas siguieron un patrón. El procedimiento ha sido relativamente sencillo: una persona se apropia de un predio, y se comparta como su legítimo dueño durante un tiempo, y eso se hace pagando el Impuesto Inmobiliario. En ese trámite usualmente interviene un agrimensor.
El agrimensor confecciona una mensura, esa mensura se inscribe en la Dirección de Catastro, y desde Catastro se comunica a la Dirección General de Rentas de esa situación. Luego, Rentas comienza a generar las boletas del impuesto. El paso siguiente es hacer valer ese supuesto derecho de posesión en la Justicia, a través de los juicios de usucapión. Aunque desde hace un año ese mecanismo ha quedado desarticulado, dicen en el Gobierno. Y ahora lo que procuran es “proteger” los predios de las islas, mediante una presencia efectiva de la Policía.
En Victoria proyectan municipalizar el Delta
El concejal justicialista de Victoria José Antonio Molla presentó un proyecto de ordenanza por el cual solicitó a la Municipalidad de esa ciudad que gestione ante el Ejecutivo provincial “el traspaso del dominio de los inmuebles de la zona de Islas”.
De ese modo, planteó el edil en su iniciativa, “nuestro Municipio podría desempeñar mucho más efectivamente los controles de policía de todas las actividades inherentes que se realizan en esta zona”.
Y plantea que “nuestras Islas siempre han sido motivo de conflictividad por distintas circunstancias y los difusos límites de competencias hacen más difíciles las soluciones”. Al respecto, recuerda los “embates” de distintos sectores “con intenciones de transformar la biodiversidad de nuestro Delta, tratando irresponsablemente de producidor daños irreparables a los humedales”.
Molla entiende que “los humedales que pertenecen a nuestro ejido deben ser protegidos con la aplicación de todas las normas nacionales e internacionales que existen sobre las reservas naturales de esta magnitud”, y que la Municipalidad “posee personal capaz de llevar adelante tareas de protección, cuidado y control eficaz, tal como se ha demostrado en estos últimos años desde la Delegación Municipal de Islas”.
Por eso, el concejal pretende que “cuando se efectivice el traspaso de los lotes de Islas, el 80 % de la superficie sean destinadas para emprendimientos productivos de personas físicas y/o jurídicas domiciliadas en el Departamento Victoria”. (Fuente: El Diario)
