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a concesión por seis años de la ruta nacional 18 a la empresa Isolux-CCI, comenzó a generar repercusiones que van desde la aprobación hasta el rotundo rechazo. El titular de Vialidad Provincial, Jorge Rodríguez, dijo que la situación era conocida por la Provincia pero explicó que sin detalles dado que “se trata de una decisión exclusivamente nacional”. Si bien el funcionario no tiene ninguna explicación respeto de por qué se concesiona la ruta nacional 18, por la cual el tránsito de camiones extranjeros es menor, y no la 127 que es por donde circula buena parte de la “carga del Mercosur”, aventuró que podría tratarse de “un corredor bioceánico” que incluya a la ruta 18, que va desde Paraná hasta su intersección con la 14, cerca de Concordia. Rodríguez señaló que hasta el momento se habían realizado reparaciones en esa vía en el marco de los planes CREMA y que los mismos dejarán de realizarse, sin referirse a la continuidad de la inversión estatal (ver aparte). Asimismo señaló que la ruta está deteriorada entre San Salvador y Concordia y que “seguramente la empresa concesionaria deberá hacerse cargo de la reparación”, indicando finalmente que lo razonable sería que los peajes se ubiquen cada 100 kilómetros de distancia. Rechazo de los transportistas El titular de la Federación Entrerriana del Transporte de Carga (Fetac), Hermes Ludi, se manifestó sorprendido por la decisión, más por haber sido tomada “por un gobierno que ha reestatizado otras empresas y servicios”. El dirigente de los camioneros tampoco entiende por qué el peaje se aplica en la ruta 18, siendo que tiene poco tránsito de carga internacional, y el transporte nacional está eximido de pagar peaje en las rutas nacionales a partir del RUTA (Registro Único del Transporte Automotor). “Nos enteramos por las noticias y es una sensación rara (...) nos sorprende por parte de este gobierno que tiene una tendencia opuesta al gobierno de los 90”, explicó. “Siendo que se está reestatizando las empresas que se privatizaron en esos años, es un camino contrario en la tendencia que se está viendo en los últimos tiempos”, indicó. Consultado sobre la importancia del tránsito en la ruta nacional Nº 18, Ludi explicó que “ésta dejó de tener importancia con la inauguración del Puente Victoria-Rosario, se descomprimió bastante en el tránsito internacional”, y luego aseguró: “No entiendo la reprivatización de algunas rutas”. Cruce entre el intendente y un legislador nacional Por su parte, el intendente justicialista de Viale, localidad ubicada sobre la ruta 18, salió a respaldar la decisión nacional. Sergio Schmunk sostuvo que “si el peaje es en pro del mantenimiento y la ampliación, uno lo ve con buenos ojos”. En tanto, sostuvo que hay reparaciones que concretar en la vía. “La vez pasada se hizo una reparación que no se ha completado y hay algunos puentes cuyas cabeceras están medio descalzadas. Esto es dificultoso, hace que quede agua sobre la ruta los días de lluvia”, explicó el presidente municipal. Seguidamente remarcó que “concesionarlo es mucho mejor a los efectos de que se ocupen (de su reparación) en forma inmediata”. Al cruce de las declaraciones de Smunck salió el diputado nacional Gustavo Zavallo, también oriundo de Viale. El legislador, enrolado en el Peronismo Federal, criticóen un comunicado enviado a INFORME DIGITAL la adjudicación de la concesión a un grupo privado. “El peaje en la ruta 18 es otra contradicción del gobierno kirchnerista en Entre Ríos ya que el costo de la obra saldrá de los bolsillos de todos los entrerrianos. Se ve que las políticas de izquierda sólo la tienen en cuenta para escribir los discursos” afirmó Zavallo. “Si de cada 100 pesos que el gobierno nacional recauda en nuestra provincia, sólo nos devuelve 24, yo no me explico por qué los entrerrianos debemos afrontar el gasto de una obra como esta y sufrir la privatización de nuestras rutas” cuestionó el legislador. “Estoy claramente a favor del mejoramientos de las rutas y los caminos, para mayor seguridad de todos, pero no creo que el policía, el estudiante o el docente de pueblos como el de Viale, esté contento con tener que financiar una obra otorgada a una empresa amiga del poder”, afirmó el legislador. El diputado destacó que “el corredor de la ruta 18 que une las ciudades de Paraná y Concordia, tiene un tránsito de carácter regional, ya que los corredores productivos de transporte internacional no circulan por esta vía, sino por la RN 127 o por la RN 14. Esto significaba que del bolsillo de cada entrerriano saldrá el dinero para la obra” “Acá no se cumplieron anuncios del gobernador Urribarri que había destacado que esta obra iba a ser financiada por el gobierno nacional como parte del Acta de Reparación Histórica, en mayo de 2008. Hoy nos encontramos con la sorpresa que, a través del peaje, cada entrerriano pagará esta obra vial”, continuó Zavallo. “En el afán del kirchnerismo entrerriano de realizar mega anuncios, también se anunciaron los fondos de esta obra en el Presupuesto 2009, pero finalmente tampoco fue así”, completó el diputado nacional. El Estado desembolsará 12 millones de pesos El grupo que ganó la adjudicación de la ruta nacional 18 por un lapso de seis años fue Isolux - CCI, que ofertó 1.986,4 millones de pesos por el corredor que integran las rutas nacionales 18, 19, 34 y 38. En el caso de la provincia, la concesión adjudicada abarca el tramo de la ruta 18 que une Paraná con la ruta nacional 14 en las proximidades de Concordia. Tras dos licitaciones, que se extendieron por 18 meses, el Gobierno logró adjudicar las nuevas concesiones de las rutas con peajes, que implicarán para el Estado un desembolso de 11.753 millones de pesos en obras y subvenciones durante los próximos seis años. De acuerdo a la Resolución N° 506 de la Dirección Nacional de Vialidad, el traspaso de las rutas se concretaría este mes. Dentro de los nuevos operadores de los peajes se cuentan grandes constructoras -Cartellone, Roggio o Iecsa- y empresas que tienen buena llegada a la Casa Rosada, como Esuco, América, Electroingeniería, el Grupo Petersen (Eskenazi), CPC de Cristóbal López y la mencionada Isolux - CCI que ganó el citado Corredor N° 4 . Para seleccionar a los nuevos operadores, el Gobierno tuvo que llevar adelante dos licitaciones entre 2009 y 2010. El primer intento no logró su cometido, ya que de los ocho corredores ofertados, sólo uno (justamente el N° 4) recibió una oferta admisible de acuerdo a los parámetros establecidos en los pliegos de la licitación pública, y fue del grupo Isolux-CCI. A fines de 2009 y con algunas modificaciones, se puso en marcha la segunda licitación para los siete corredores que no habían recibido ofertas. La particularidad del caso es que para armar las ofertas, las empresas tenían la posibilidad de ofrecer un canon o solicitar una subvención si los ingresos por peajes no les alcanzaban para cubrir todos los “gastos operativos”. El presupuesto oficial se ubicó en 9.180,9 millones de pesos, pero las subvenciones solicitadas por la mayoría de los oferentes lo llevaron a 11.753,2 millones hasta 2016. Según el esquema oficial, la recaudación de todos los peajes debía funcionar como un sistema de “caja única”, donde los corredores superavitarios iban a compensar a los deficitarios. Pero esa situación de equilibrio no se dio en la práctica y la mayoría de los oferentes pidió subvenciones operativas.