E

l ministro de Economía, Diego Valiero, y el director de Economía e Información Agroalimentaria, José Pérez, recibieron este lunes a representantes de la la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), Sociedad Rural, Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) y la Federación Agraria Argentina (FAA), con quienes dialogaron sobre la metodología de aplicación del Impuesto Inmobiliario Rural 2010 de acuerdo a la nueva ley vigente. Luego del encuentro que se realizó en la Casa Gris, Valiero precisó que “el Poder Ejecutivo dictó un decreto en uso de sus atribuciones de acuerdo a la Ley de Valuaciones, y la ley sancionada en los últimos meses de 2009. Esta ley estableció una metodología de aplicación de revalúo, de forma gradual y a través de varios ejercicios, teniendo en cuenta que hace varios años que no se aplicaba ningún incremento al inmobiliario; dividiendo el catastro rural además de las zonas agroecológicas que están comprendidas en la normativa vigente, en cuatro segmentos, con distinto tratamiento fiscal para las parcelas ubicadas en ellos”. Detalló el ministro que “esto conllevaba a que la Secretaría de la Producción, anualmente a través de la Dirección de Economía e Información Agroalimentaria, determinará los valores de la hectárea, los que se establecen de acuerdo a la Ley de Valuaciones y anualmente se comparara con los respectivos valores determinados en 2005”. Ahora “aplicarán los porcentuales que están determinados en la ley 9930. La Secretaría de la Producción, para la determinación de los valores 2010, aplicó la metodología fijada en la Ley de valuaciones y además se incorporaron algunas adecuaciones en lo que hace a valores en los diferentes modelos productivos, tenidos en cuenta para zonas”, añadió el funcionario. Valiero indicó que “se les explicó la metodología y detalles técnicos que hacen a mejorar la determinación de las zonas y clarificar el trabajo de la Secretaría de la Producción, con lo que tenemos en la base catastral”. Señaló además que los representantes de los productores indicaron que “algunos podrían llegar a tener dificultades para poder cancelar la obligación de manera total o el pago de la primer cuota, ante los problemas que se verifican para comercializar sus productos”, y remarcaron la necesidad de postergar los vencimientos del mes de abril para todos los sectores en general. En este sentido, el ministro aseguró que los productores que están en el primer segmento no tienen ningún tipo de incremento y recordó que la modificación de la ley fue acordada con las distintas entidades que los representan. De todos modos dejó abierta la posibilidad de concretar una postergación del vencimiento. Dijo que en este momento resulta “difícil precisar” si se podrá hacer porque tienen “todo el cronograma de vencimientos previstos durante el año y atendiendo a los cronogramas de pago de haberes y otros compromisos de presupuesto y las dificultades que se presentan, básicamente en el mes de marzo y abril durante los cuales los niveles de ingreso son inferiores a los niveles de los compromisos salariales”. Por su parte, José Pérez manifestó que “hay un modelo productivo donde están cargadas todas las variables que tiene la producción Eso se hace sobre la base de un promedio de precios de insumos y ventas de productos de cinco años”. Inmediatamente, Valiero indicó que “los productores que estaban afectados el año pasado tenían un régimen de emergencia en el cual se debían adherir, estaba todo legislado a través de la Secretaría de la Producción y lo que en este momento plantean es un problema de liquidez. Acá había reglas que estaban determinadas, en una ley original, en una ley que se modificó y que claramente estableció que anualmente se iba a determinar en impuestos y cuál era la metodología. Esto fue conversado, analizado y tuvo sus idas y vueltas en la Legislatura”. Por último, resaltó: “Lo que hemos aplicado desde el Poder Ejecutivo, a través del ministerio de Economía y la Secretaría de Producción ha sido la metodología establecida en la ley y sus decretos reglamentarios, con un margen de racionalidad y con criterio conservador. Para los cálculos en los modelos productivos, nunca se aplicaron los mayores valores, sino que se trató de utilizar la media, y aún hacia abajo, a los efectos de que no tuvieran impacto negativo. Son valores que se dan por promedio para cada una de las zonas, y totalmente razonables”.