E

l Gobierno pedirá en los próximos días el desalojo de todos los lotes que en los últimos años han sido ocupados por hacendados en el amplio espacio de las islas del Delta en los departamentos Victoria y Gualeguay. Y además motorizará acciones en la Justicia que lleven al rechazo de todos los juicios iniciados por particulares con la pretensión de legalizar esas posesiones de tierras que pertenecen al Estado provincial. El eje de la disputa no es menor: de acuerdo con un informe realizado por la Secretaría de la Producción, en el Delta la Provincia posee un total de 190 mil hectáreas, distribuidas en los departamentos Diamante (1.200 has), Victoria (132 mil has), Gualeguay (45 mil has), Islas (7.500 has), La Paz (1.800 has), Paraná (1.000 has) y Uruguay (1.500 has). Buena parte de esas tierras, sin embargo, han sido apropiadas por particulares. Una evaluación que se hizo desde la Dirección de Administración de Tierras Fiscales de la Secretaría de la Producción, da cuenta que en el departamento Victoria, de las 132 mil hectáreas propiedad del Estado provincial, 50.507 están en manos privadas; y en el departamento Gualeguay, de las 45 mil hectáreas, se han parcelado 58.500 hectáreas por parte de particulares (un mismo predio es disputado por más de una persona). La determinación de pedir el desalojo de todos los lotes de las islas del Delta sería el resultado del sobrevuelo –el segundo en un año: el anterior se había concretado a mitad de abril de 2009– que realizó este lunes un grupo de funcionarios, entre ellos el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; el escribano mayor de Gobierno, Francisco Gastaldi; un agrimensor, y el jefe de la División de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos, Hugo Pasutti. En principio, se constató que ninguno de los lotes que reclaman como propios los privados está actualmente ocupado. “Uno de los elementos de prueba que se presenta en los juicios de usucapión, y a través de los cuales los privados pretenden apropiarse de esos predios, es la permanencia en el lugar. Acá lo que se comprobó es que están desocupados, no hay nada de nada. La inundación nos ayudó, y nos sirve para dar vuelta los juicios iniciados”, apuntó. “De las casi 200 mil hectáreas que posee la Provincia, aproximadamente 100 mil son pretendidas por particulares a través de juicios presentados en la Justicia. Pero para que esos juicios puedan prosperar, los predios tienen que estar ocupados de forma permanente. Nosotros hemos verificado que no hay posesión efectiva ni continua. Esto nos acorta distancia”, amplió la fuente. “Volvemos a fojas cero”, indicó, como para dar cuenta de que ahora la Provincia tiene viento a favor en la disputa por las islas del Delta entrerriano. A la justicia Los funcionarios que este lunes sobrevolaron las islas –hecho que se registró con 250 fotos que certifican la falta de ocupación de los lotes, y dos horas y media de filmación en video– elaborarán ahora un extenso informe que tienen previsto presentar al gobernador Sergio Urribarri. Pero también ante la Justicia: la idea es que sea anoticiado el Procurador General, Amílcar García, para que ponga en conocimiento a los fiscales de los juzgados de Victoria y Gualeguay donde se tramitan demandas contra el Estado por parte de privados que procuran apropiarse de tierras fiscales. Pero también lo que se buscará es que se instruya a la Policía, de modo de poder instrumentar “un plan a largo plazo”, según definió la fuente consultada, que permita monitorear la zona y evitar “nuevas ocupaciones”. Y amplió: “El mensaje que queremos dar es que quien de ahora en más pretenda ocupar tierras fiscales, se va a enfrentar a una denuncia penal por usurpación”. En ese terreno, se instruirá al abogado Julio Federik, contratado especialmente por la Fiscalía de Estado para tramitar las causas relacionadas con las islas del Delta, para llevar las denuncias ante los tribunales, apuntó. En lo inmediato, además, se espera una decisión oficial que suponga una vuelta atrás en los arrendamientos de lotes en el Delta. La Ley Nº 9.603, sancionada por la Legislatura el 21 de diciembre de 2004, puso bajo el sistema de arrendamiento “a todas las islas fiscales de la Provincia de Entre Ríos, fracciones o lotes de las mismas y anegadizos”, y los predios entregados bajo esa modalidad, estableció el artículo 4º de la norma, “deberán destinarse al desarrollo de actividades ganaderas, apícolas y/o aquellos propios de proyectos de inversión para la prestación de servicios turísticos, quedando prohibido el uso para la explotación agrícola intensiva que requiera la aplicación de agroquímicos o plaguicidas”. La mayoría se dedicó a la ganadería, y los datos dicen que allí pastorean al menos 160 mil cabezas. Aunque la adjudicación de lotes resultó toda una complicación: hubo predios que el Estado licitó, pero que estaban ocupados por particulares, y con el tiempo el sistema se fue desnaturalizado. Por eso, ahora la idea que se impondría es la de barajar y dar de nuevo: dar por concluidos todos los permisos de ocupación, y hacer una presencia más efectiva de los organismos de control, particularmente la Policía. (Fuente: El Diario)