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aniel Dellazuana, uno de los docentes que promovió la denuncia contra las empresas propietarias de los campos de la zona y que en forma permanente realizan tareas de fumigación, dio cuenta de los hechos. “El viernes 12 del corriente, mientras alumnos y docentes realizábamos Educación Física en el predio de la escuela, un mosquito nos fumigó pasando a unos 30 metros. La neblina del agroquímico arrastrado por una suave brisa que provenía del sur ingresaba lentamente por nuestras fosas nasales y por nuestra piel, mientras la impotencia nos paralizaba al saber que podíamos engrosar la lista de los tantos niños que murieron últimamente en la zona de Mojones Sur”, enunció el educador sobre la delicada situación que atraviesa la comunidad educativa. Ante esta realidad que aqueja no sólo a los alumnos y docentes, sino a una vasta región, este medio se comunicó con Dellazuana para desentrañar los engranajes de esta actitud irresponsable que se cobra vidas y destroza familias. En el primer tramo de su alocución comentó el temor de los estudiantes por denunciar la intoxicación a la que son sometidos. “Muchos de nuestros alumnos son empleados de las empresas que regentean los campos y tienen miedo de perder el trabajo”, indicó, a lo que agregó: “En la mayoría de los casos se trata de gente pobre”. Al recordar el día en que vivieron en carne propia el efecto devastador que provocan este tipo de productos en sus cuerpos, el docente resaltó lo complicado que resultó radicar la denuncia en sede policial, aunque como primera medida decidieron recurrir a la asistencia médica. “Concurrimos al hospital público Santa Rosa de Villaguay. Allí se constataron diferentes patologías, como alergias y otras afecciones respiratorias. En algunos casos nos recetaron decadrón”, aseveró. Asimismo reveló que se trata de males menores en comparación con los perjuicios fatales que tiene sobre el ser humano. “La acumulación de agroquímicos en el cuerpo produce leucemia”, advirtió Dellazuana. De acuerdo a datos recabados en la zona, en los últimos 10 años se multiplicaron las muertes de niños y adultos. No obstante, dejó entrever su angustia por la dificultad que tienen los pobladores cuando necesitan asistencia médica y todo se vuelve más engorroso a la hora de radicar una denuncia. “Para ellos todo se pone cuesta arriba. Este tipo de estudios cuesta entre 10.000 y 15.000 pesos”, razonó. Las consecuencias de los agroquímicos –un silencioso veneno esparcido en el aire– no sólo se cobran vidas en un margen cada vez más reducido de tiempo, sino que también se conocieron denuncias de familias que sufrieron la pérdida de entre 300 a 400 colmenas. “No hemos hecho los pasos legales. Necesitamos la mínima seguridad para dictar clases en el campo y las mismas que necesitan los niños para asistir a la institución. En definitiva los derechos propios de su edad”, explicó el docente. A la vez dejó abierto un gran interrogante en cuanto al compromiso que tienen sus vecinos para seguir avanzando en la cuestión. “El personal docente me acompaña, pero en general hay poca voluntad; es un tema candente”. Los alumnos que concurren a la institución son alrededor de 80, mientras que la planta de personal docente asciende a 15. “La directora, Gabriela Brumbertoló, nos acompaña en esta iniciativa”, dijo Dellazuna. “Hay que denunciar” Enrique Luna, jefe del Departamento de Sanidad Vegetal de la Secretaría de la Producción de la Provincia, comentó que hasta el momento el organismo no recibió notificación sobre lo sucedido en el distrito Mojones Sur. Sin embargo aseguró que inmediatamente investigarán datos de la empresa que realizó la aplicación. Si hubo negligencia, habrá desde un apercibimiento hasta una sanción económica. El funcionario especificó que el monto mínimo de las multas es de 5.000 pesos. Luna especificó que las aplicaciones de plaguicidas en lugares no habilitados es un tema que preocupa mucho: “Queremos que se arbitren todas las medidas de seguridad a la hora de la aplicación, pero necesitamos que los vecinos hagan la denuncia, no deben tener miedo porque se sabe que no es en contra de nadie en particular, sino para evitar perjuicios en la salud”, indicó. La pulverización debe realizarse teniendo en cuenta la distancia de los cascos urbanos, pero por sobre todas las cosas prestando atención a la velocidad y dirección del viento. En caso de haber en las cercanías un grupo poblacional o un establecimiento educativo, debe estar presente un técnico de la empresa que dirija la aplicación. “Estamos trabajando mucho con los municipios de la provincia, promoviendo el dictado de ordenanzas que limiten las fumigaciones en el ejido urbano. Sabemos que las ciudades crecieron y muchos lotes quedaron dentro o en las cercanías del ejido urbano”, sostuvo Luna. (Fuente: Diario Uno)