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na lista dada a conocer por el Ministerio de Justicia de la Nación, dejó al descubierto a varios espías civiles entrerrianos, dependientes del Batallón 601, con sede en Capital Federal y que prestaban servicio en Paraná, Concordia, Nogoyá o Federación durante la última dictadura. Entre ellos aparece el profesor Ricardo Andrili, docente de varios establecimientos católicos de la capital entrerriana, quien además encabezara la lista de candidatos a diputado nacional por el Partido Popular de la Reconstrucción (PPR), liderado por el carapintada Breide Obeid. Referentes de organismos de derechos humanos de Paraná indicaron que solicitarán a la Justicia Federal que sean citados a declarar, en el marco de la causa por delitos de lesa humanidad en la provincia, para que den explicaciones en torno al rol que tenía cada uno durante el último gobierno militar. Para muchos, la presencia del profesor Ricardo Andrili, como servicio civil de inteligencia del Batallón 601, no fue novedad. Para otros, fue una "verdadera sorpresa", porque siempre negó cualquier vinculación con el poder militar durante la dictadura. Por primera vez, un organismo estatal reconoce públicamente que el docente recibía instrucciones y percibía un sueldo para informar sobre los movimientos de dirigentes de Paraná. Andrili tenía como base la Facultad de Ciencias de la Educación, donde era profesor de Historia y uno de los preferidos de Carlos Mono Uzín, quien fuera decano de dicha casa de estudios durante buena parte de la dictadura, publicó el sitio Analisis Digital. En esos tiempos, Andrili, además de dar clases, reclutaba jóvenes para enrolarlos en grupos católicos, de neto corte nacionalista y en oposición a ideas democráticas. Ya en democracia, el profesor siguió siempre dando clases en establecimientos secundarios, terciarios y universitarios de Paraná, con tendencia religiosa, aunque nunca se supo nada de su pasado como agente civil de inteligencia. La lista comprende a 32 personas de Entre Ríos, de los cuales la gran mayoría tiene domicilio en Paraná. También existen personajes con domicilio en Concordia, Nogoyá y Los Conquistadores (Departamento Federación). En la nómina aparecen Julián Rafael Andrés, que era “agente de seguridad” para el Batallón 601, pero, a su vez, dirigente del Partido Comunista en Entre Ríos. También figuran Juan José Scuderi –que fuera asesor del primer gobierno de Jorge Busti, hasta que fue denunciado públicamente y desplazado del cargo– y Álbaro Roldán, ex jefe de la Policía de Entre Ríos de Enrique Tomás Cresto y confirmado por un tiempo por el gobierno del general Juan Carlos Trimarco. Roldán fue concejal de Paraná, por el PJ con el retorno de la democracia, en 1983 y falleció hace algunos años. Siempre fue considerado uno de los máximos responsables del secuestro, tortura y muerte violenta del dirigente de la JP, Ramón Pichón Sánchez. En la lista aparece también la señora Lidia A. Leiva de Quinodoz, proveniente de familia militar, con domicilio en Nogoyá. De todos ellos, un total de 18 agentes civiles ex Batallón 601, estuvieron habilitados para votar en las últimas elecciones en Entre Ríos. La mayoría de ellos, en Paraná. Las excepciones fueron la mujer citada, oriunda de Nogoyá; Luis Leites, quien reside en Los Conquistadores y Juvenal Meza, que reside en Concordia. La información fue aportada durante el último año por el programa Verdad y Justicia, y por el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), que dependen del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. El primero elaboró y entregó a magistrados de cada jurisdicción informes de los respectivos destacamentos y sus integrantes, con detalle de cursos realizados (interrogadores, entre otros) y tareas asignadas según categoría y cargo. El ANM le entregó al juez federal Ariel Lijo un listado con los nombres y categorías (producción de información, analista, asesor universitario, etcétera) en las que revistaban 1.599 civiles del Batallón 601, otros 2.353 repartidos en destacamentos y secciones de todo el país, más 345 oficiales del Ejército que prestaron servicios en un destino u otro. Los 18 civiles que cobraban un sueldo del Batallón 601, para informar lo que sucedía en Entre Ríos, serían citados por la Justicia Federal de Paraná, a partir de una petición concreta que se produciría desde organismos de derechos humanos, en los próximos días, puesto que se desconocía, oficialmente, la existencia de entrerrianos como dependientes del citado organismo de inteligencia, con sede en Capital Federal.