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ntrará en vigencia dentro de cuatro meses, tras su publicación en el Boletín Oficial. Pero al margen de esa formalidad, España ya puede decir que tiene una ley de aborto. La norma, aprobada hoy por el Parlamento de ese país, fija en 16 años la edad para decidir la interrupción de un embarazo de hasta catorce semanas de gestación. La llamada Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo quedó aprobada por 132 votos a favor, 126 en contra y una abstención. De esta manera, la reforma legislativa superó este miércoles su último trámite parlamentario y entrará en vigencia dentro de cuatro meses, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En presencia de los ministros de Igualdad, Justicia y Vivienda, Bibiana Aído, Francisco Caamaño y Beatriz Corredor, respectivamente, la senadora y secretaria de Organización del gobernante Partido Socialista (PSOE), Leire Pajín, dijo que la Ley es una "propuesta madurada" que ha llegado al Senado tras dos años de "reflexión y puntos de encuentro". Pajín aseguró que la base de la iniciativa ha sido, sobre todo, "escuchar" a muchas organizaciones de mujeres, algunas de las cuales estaban presentes en el debate y han aplaudido a la vocera. Mientras tanto, a las puertas del Senado se concentraron varios grupos antiabortistas que entregaron la pasada semana más de un millón de firmas en contra de esta reforma legislativa. Por el opositor Partido Popular (PP), la senadora Carmen Dueñas acusó al Gobierno de aprobar la nueva Ley con "nocturnidad y alevosía". Dueñas, por su parte, acusó a los socialistas de "imponer el aborto libre a la sociedad española" porque hasta la decimocuarta semana de gestación "no hay que dar explicación alguna para abortar" y hasta la vigesimosegunda sólo en algunas ocasiones. La nueva norma, que generó una fuerte oposición entre los sectores conservadores y la Iglesia Católica, establece el aborto libre hasta la semana 14, y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto, siempre que, en este último caso, haya un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que practican la intervención. Esta norma sustituye a la actual legislación que databa de 1985, cuando se despenalizó el aborto en casos de violación, graves malformaciones del feto y daño para la salud física y síquica de la madre. Según datos recientes del Ministerio de Sanidad y Política Social, el año pasado 115.812 mujeres -un 3,27 por ciento más que en 2008- se sometieron a una interrupción voluntaria del embarazo en España, de las que 10.221 tenían entre 16 y 18 años. En 1985, la Ley del Aborto supuso uno de los cambios legislativos más importantes registrados en España, donde este tipo de prácticas había sido siempre ilegal con la única excepción de la legislación aprobada en Cataluña durante la II República en diciembre de 1936, en plena Guerra Civil Española, y que fue suprimida en 1938.