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portaron pruebas en la causa por represión policial contra la manifestación que el 21 de diciembre de 2009 realizaron trabajadores del arándano en reclamo de la inclusión de beneficios sociales. El aporte fue brindado por militantes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, filial Concordia, quienes de ese modo pueden respaldar la misma denuncia por vejaciones y apremios ilegales. La entrega fue efectuada por el periodista Leandro Pozzi, en representación de la citada agrupación, a la Fiscalía en Turno a cargo del Dr. Mario Guerrero y fue respaldada por la Delegación Concordia de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia. Las pruebas consisten en el “crudo” de una filmación donde se observarían acciones de los policías contra los trabajadores del arándano en la noche del 21 de diciembre, así como una muestra del estado en que salieron los 5 detenidos que lograran la libertad el 22 de diciembre al mediodía por decisión del Juez de Garantías, Dr. Alberto Funes Palacios. En tanto que se entregaron diez fotografías en las que se grafican las vejaciones –consideradas como torturas por la denuncia penal citada- contra la persona de Juan Martín Laffite, vocero del grupo de trabajadores del arándano que a fin del año 2009 reclamaban ser incluidos en el programa Interzafra. La denuncia penal es “contra los funcionarios policiales actuantes en la represión llevada a cabo el día 21 de diciembre de 2009, por los delitos de ilegítima privación de libertad, apremios ilegales y tortura en concurso real”. Entre los fundamentos se describen los hechos presenciados por el denunciante la noche del 21 de diciembre, cuando se producía la protesta de trabajadores del arándano y se produjera el operativo policial. “Al concurrir a la dependencia policial, no se nos permitió verlos (a los detenidos), ni se nos informó sobre su situación de detención”, afirmaba el texto. De tal manera “su privación de libertad se vuelve ilegal, atento a que no estaban cometiendo ningún delito penal, ni siquiera una contravención de las estipuladas en la Ley Provincial Nº 3.815″, apunta. Recuerda que “al frente del operativo, con presencia en la calle, se encontraban los funcionarios Héctor Olivera, subjefe de Operaciones de la Policía de Concordia; y el jefe de Investigaciones de la misma dependencia, comisario Lucio Villalba”. También se identifica al agente Jorge Silvero, miembro de la Sección Motorizada de la Jefatura Departamental, quien lanzara su motocicleta contra el piquete de manifestantes la noche del 21 de diciembre y se lo viera visiblemente exaltado, según la denuncia. “Durante la detención fueron vejados y apremiados la mayor parte de los ciudadanos detenidos por parte de los funcionarios policiales, sin poder individualizar a los agresores, que les causaron lesiones de diversa consideración. Uno de ellos se encuentra aún internado y bajo observación”, se amplía. Asimismo que “el día 22 de diciembre, pasadas las 12.30 del mediodía, por interposición de un habeas corpus presentado por quien suscribe en representación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y ante el Juzgado de Garantías, se pudo obtener la liberación de las víctimas, las que presentaron graves evidencias de golpizas y torturas”. Además, subraya: “Pudimos observar quemaduras”. En la noche del 21 de diciembre también se registró que el oficial Carlos Daniel Zaragoza obstruyó el paso al delegado de Derechos Humanos de la Provincia en Concordia, Rubén Bonelli, en momentos en que este intentaba mediar para interiorizarse de la detención de dos menores durante el polémico operativo. Tal situación se registró en el ingreso mismo de la Jefatura Departamental de Policía. (Fuente: Diario Río Uruguay)