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través de un decreto, el gobierno provincial dispondrá que los organismos competentes permitan el acceso a la documentación pertinente que requiera la entidad para tramitar ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación la reparación histórica dispuesta por ley. “Nos vamos con una respuesta muy positiva porque el gobernador Urribarri instruyó al ministro de Gobierno, Adán Bahl, para que estén dispuestos los mecanismos que sean necesarios para la gestión que realice toda aquella persona detenida o perseguida, como así también para sus causahabientes, en el caso de los desaparecidos entre 1955 y 1982”, manifestó el presidente de la Comisión Permanente de Homenaje a los Héroes y Mártires del 9 de junio de 1956, Ermelino Rodríguez, tras el encuentro que mantuvo con el mandatario. Acompañado por varios miembros de la Comisión, Rodríguez precisó que “el respaldo que brindará la Provincia consiste en ordenar a los diversos organismos como la Jefatura de Policía, juzgados y cárceles para que colaboren permitiendo el acceso a la documentación pertinente para presentar en la Comisión que atiende los pedidos de reivindicación”. En rigor, se elaborará un decreto por el cual el Poder Ejecutivo facilitará el acceso a toda la documentación que permita llegar a la probanza de aquellos que alguna vez estuvieron detenidos. Es decir, el gobierno provincial colaborará en el acceso a los archivos y registros porque, si bien estos han sido dispuestos al Poder Ejecutivo Nacional, hubo apresados por la fuerza de seguridad provincial y probablemente exista algún registro que permita obtener más datos. Al respecto, Edgardo Massarotti, integrante también de la Comisión Permanente de Homenaje a los Héroes y Mártires del 9 de junio de 1956, explicó que “muchas veces eran detenidos por la Policía provincial y luego puestos a disposición del Poder Ejecutivo. Ahora, el Estado provincial se involucra en esto conceptualmente, que para nosotros es lo importante, y comparte este criterio de memoria histórica y facilita, con los medios que tiene el Estado, la tarea de la Comisión en la obtención de documentación que pueda servir”, remarcó. Está en vigencia Ley Nacional 26.564 que incluye los alcances de la 24.043, referida a los presos políticos de 1976 hasta 1983, y la 24.411 que considera a los desaparecidos y contempla una reparación que consiste en una proporción de una categoría de la administración pública nacional y que varía de acuerdo a las particularidades de cada caso. Massarotti definió como “importante” la Ley Nacional 26.564 porque “es la primera vez que el Estado toma en cuenta este hecho para hacer una reparación tan abarcativa a todos estos periodos de quiebre institucional”. Por lo cual, estimó que “es un avance en términos de memoria histórica el hecho que el gobierno de la provincia facilite un ámbito en el propio Ministerio de Gobierno para ayudar en la búsqueda de datos porque pasó mucho tiempo y hay que colaborar con las personas, muchas de ellas mayores, en la búsqueda de información que muchas veces es difícil de hallar para hacer la tramitación ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que tiene un plazo de cinco años. Participaron también del encuentro el secretario de la entidad, Mario Huss; Teresita de Grand, Silvia Arancibia, Rufino Méndez y dos mujeres históricas de la lucha peronista: Heraclia Arrúa de Larrondo y Leonor de Troxler.