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��La aprobación del presupuesto, ley 9948, da un instrumento para trabajar, que diseñamos enmarcado en un contexto económico-financiero que está viviendo el país y el mundo; contiene pautas que podrán ser compartidas o no, pero a nuestro criterio se trata de un esquema razonable”, comenzó señalando el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Diego Valiero. El funcionario insistió en que “en los tiempos que corren, no podemos realizar previsiones de largo plazo, dado que algunos comportamientos son fluctuantes y otros dependerán de las condiciones del mercado, de la política interna y hasta del clima”. En ese contexto, explicó, “proyectamos los costos instalados y un nivel de ingresos que entendíamos razonable”. La ley, como se sabe, contenía autorizaciones para realizar operaciones de endeudamiento. “Básicamente, lo que necesitábamos era refinanciar la deuda consolidada, previsto en el artículo 5º, por un total de hasta 462 millones de pesos”, comentó, al destacar que “ya hemos tenido los intercambios técnicos con la gente del Ministerio de Economía de la Nación y el acuerdo está prácticamente cerrado”. Lo que falta precisamente es conocer qué parte de los 462 millones de pesos refinanciará el Estado federal. Como se sabe, año a año, las provincias son auxiliadas financieramente por la Nación que se hace cargo de una parte de los vencimientos de deuda y luego se lo cobra a las provincias, pero en condiciones muchos más favorables, con lo cual las administraciones logran un desahogo corriente importante: no es que únicamente cambian de acreedor; además, las alternativas de devolución resultan satisfactorias. Históricamente, Entre Ríos siempre pidió la refinanciación del total de lo que fuera a vencer, pero, según el período, la Nación se hizo cargo de una cifra que osciló entre el 60% y el 70%. Al resto, lo debe pagar la Provincia, claro. En el medio, interviene un mecanismo que tiende a determinar la consistencia del pedido que haga la jurisdicción, previo análisis de la estructura de gastos e ingresos. “Hace 45 días estamos intercambiando información”, graficó Valiero, antes de expresar que la intención suya es terminar cuanto antes de definir el acuerdo para 2010. La otra autorización a contraer deuda que produjo el presupuesto 2010 está referida a una de corto plazo, generalmente conocida como “flotante”, que se fue acumulando desde 2007 y hoy es de 580 millones de pesos. “Les estamos debiendo a los proveedores en algunos casos y a distintos organismos que nos prestaron para pagar compromisos de ese tipo, por intermedio de las cuentas internas”, apuntó el entrevistado, antes de manifestar que “si no fuera por este mecanismo, tendríamos la cadena de pagos interrumpida (lo que para Valiero sería grave) y, por el otro, organismos públicos con superávits, lo que no es razonable”. En paralelo, un anteproyecto del Ejecutivo propone a las cámaras la adhesión a la reforma de la ley de Responsabilidad Fiscal, lo que permitirá aprovechar también el refinanciamiento que ofrece la Nación para la deuda flotante. “Se trata de una medida excepcional durante estos dos años, ante la crisis que tenemos a la vista”, explicó, antes de comentar que la ley que se modificó imponía condiciones que empujaban a las provincias a un reordenamiento progresivo de las cuentas públicas. Y que, recientemente, a propuesta de los Gobernadores, esa exigencia se morigeró temporalmente, razón por la cual un déficit anual como el que se registró en 2009 en Entre Ríos no resulta ser un impedimento para que la Nación la asista en el refinanciamiento de los vencimientos que se producirán en 2010. Por fuera de estas vicisitudes, debe consignarse que el tratamiento de la deuda flotante será similar al que tendrá la deuda consolidada, cuyos vencimientos se producen en 2010. “El esquema es el mismo”, subrayó Valiero. “Lo que necesito es que el Estado recomponga la liquidez”, declaró, antes de opinar que “no importa quién me preste sino bajo qué condiciones financieras”. Obra La otra autorización que produjo la Legislatura, está referida a un paquete de obras públicas cuya erogación total aparece consignada en el presupuesto 2010 pero, en realidad, alcanza a proyectos que se ejecutarán en ciclos plurianuales. Cuando se le comentó que, en general, los últimos dos años de cualquier gobierno sirven para terminar de ejecutar los planes en marcha y se le planteó si no era peculiar que ahora aparezcan numerosas iniciativas y programas para el segundo tramo de la gestión, Valiero prefirió la prudencia. “Entiendo que hay ciclos y ciclos: entre 2003 y 2007, hubo que recomponer una situación caótica; ahora, con las cuentas en mejor estado, la Provincia puede encarar nuevos endeudamientos para inversiones en infraestructura social y productiva, lo que puede llamar la atención porque las obras son tantas como las que abrieron la primera parte del período”, citó al añadir que “lo que hay que analizar es si la tasa en cada caso es razonable y su programación de pago a futuro puede ser solventada sin entorpecer las gestiones futuras”. Si esas condiciones se dieran, “entiendo que hay que aprovecharlas”, definió. Para Valiero, un ejemplo válido es el del Puerto de Ibicuy, de notables condiciones naturales pero sin ninguna infraestructura. “El gobierno del doctor Busti comenzó una etapa y ahora se está encarando la segunda”, valoró, al destacar que “pensar en estas líneas de trabajo es imposible si las cuentas públicas estuvieran desmadradas; por eso es importante el ordenamiento general producido entre 2003 y 2007”. Por el resto, “apenas haya que transformar cada uno de estos proyectos en realizaciones, se tendrá que producir una evaluación técnica en lo económico y financiero, que incluye un análisis de los flujos futuros de ingresos y cómo está en cada momento el servicio de la deuda, si son términos razonables, si no pasan el 15% que impone la ley de Responsabilidad Fiscal, tal como ocurre ahora que oscila entre el 10% y el 12%, según los parámetros que se tomen”. Agrega el funcionario que “es relevante asimismo todo aquello que mejore las condiciones de desarrollo de la actividad privada que, después de todo, sostiene el Estado con los impuestos: hay que hacer equilibrio para evitar que el sector público sea una carga para la sociedad”. (Fuente: El Diario)