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l mismo considera que tras los dos primeros pagos de la asignación de $ 180 mensuales para menores sin cobertura social, el Gobierno asegura que ya son más de tres millones y medio los niños y jóvenes alcanzados por el plan. Los últimos datos de la ANSES, actualizados justo antes de Navidad, arrojan un total de 3.541.000 beneficiarios. Pero según un informe del Instituto de Estudios y Formación (IDEF) de la CTA, a cargo del coordinador nacional de la Constituyente Social, Claudio Lozano, todavía quedan 1,3 millones de chicos que no están alcanzados por prestación alguna. Ni siquiera la nueva. Y, en total, son tres millones y medio los que permanecen fuera del esquema actual de asignaciones familiares debido a que sus padres ya perciben algún tipo de asistencia estatal por vía de planes sociales. El informe –que puede servir como base a los reclamos de ampliación del plan que algunos diputados nacionales prevén efectuar cuando el Congreso retome su ritmo habitual– también insiste en que si se eleva el monto percibido por cada hijo de $ 180 a $ 300, dos millones de personas más podrían salir de la pobreza y la indigencia casi se eliminaría. El costo fiscal, que según Lozano subiría $ 14 mil millones por el aumento, podría financiarse si se restituyeran los aportes patronales que Domingo Cavallo les rebajó a las grandes empresas. Los cálculos del IDEF-CTA parten de la información oficial disponible en los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Así el trabajo separa a los 13,6 millones de menores de 18 años que viven en el país en tres grandes grupos: * Cubiertos por las asignaciones tradicionales antes del lanzamiento del nuevo plan: 6,5 millones. Incluyen a 4,2 millones de menores cubiertos por el sistema de asignaciones familiares para trabajadores en blanco, 1,6 millones contemplados por los distintos niveles del Estado (nacional, provincial y municipal) y casi 800 mil abarcados por las deducciones paternas por “carga de familia” en el Impuesto a las Ganancias. * Cubiertos por otros planes previos, incompatibles con el nuevo: 4 millones. El grueso de los chicos pertenece al Plan Familias (con 2,1 millones de beneficiarios a marzo de este año) y a las pensiones no contributivas para madres de siete o más hijos (que llegará a 1,8 millones de ellos). También engloba a los beneficiarios de los planes focalizados bonaerense (32.500) y porteño (132.338). * Beneficiarios del nuevo plan: 3,5 millones. De ellos, 1,3 millones no tenían ningún tipo de cobertura por parte del Estado, 355 mil eran hijos de padres que percibían un plan de empleo (es decir, que tampoco tenían cobertura específica para la niñez) y cerca de 1,8 millones fueron traspasados del Plan Familias, porque les convenía más adherirse al nuevo. Los que se “caen” del sistema son los 1,3 millones de chicos mencionados al principio, que no acceden a ninguno de esos beneficios. Pero si a ésos se agregan quienes quedan fuera de las asignaciones para no “perderse” los planes incompatibles que sí perciben, los excluidos son 3,49 millones. Lozano opina que a todos ellos se les niega el “derecho universal” a un ingreso mínimo. La diferencia parece sólo semántica pero es más profunda. Los impulsores de una asignación “universal” para la niñez sostienen que la lanzada por el Gobierno no tiene ese carácter porque no es “exigible” por cualquiera. Y que así, aunque la idea sea evitar subsidiar a los hijos de los sectores más acomodados, se termina por hacerlo igual. Es porque, en última instancia, los padres con mayores ingresos pueden deducir más del Impuesto a las Ganancias por sus hijos que lo que cobran los más pobres como asignación. El monto percibido es un tema aparte: según el IDEF-CTA, el plan actual permitirá reducir la pobreza del 33,8% al 29,2% (1.828.297 pobres menos) y la indigencia del 14,9% al 7,3% (3.019.062 indigentes menos). Pero si se cobraran $ 300, el impacto sería mucho mayor. La pobreza bajaría al 23,8% (3.962.739 pobres menos) y la indigencia se reduciría a menos del 4% (4.328.913 indigentes menos). Según Lozano, los $ 14 mil millones más que costaría al año el incremento se podrían financiar restituyendo las contribuciones patronales quitadas por el ex ministro Domingo Cavallo a las grandes empresas en los años 90, lo que aportaría $ 15 mil millones al fisco. Con una reforma del Impuesto a las Ganancias que lo haga más progresivo, se captarían otros $ 8 mil millones. Así se podría costear incluso el plan actual, con pagos de $ 300, sin afectar los fondos de reserva que la ANSES heredó de las AFJP cuando se disolvieron.