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on la creciente de los ríos Paraná y Gualeguay, crece el pleito por el famoso terraplén construido en la estancia La Calera, que pertenece al ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Pedro Pou. Un conflicto de vieja data que se reaviva cuando se incrementa el caudal de las aguas, y que afecta a un centenar de productores del departamento Gualeguay. El 11 de diciembre pasado, técnicos del Consejo Regulador de la Fuentes del Agua (Corufa) inspeccionaron la obra y, según se adelantó, prima facie no se constató “ampliación u obra nueva” sobre ese murallón de 53 kilómetros de extensión, levantado para proteger las 14 mil hectáreas de la estancia La Calera. Pese a ello, la decisión definitiva la tendrán los integrantes del Consejo, quienes podrían reunirse en febrero de 2010. “La inspección se hizo porque el Corufa debía constatar cómo estaba la situación y, si se había ampliado el terraplén”, dijo a este medio, el director de Hidráulica de la provincia, Sergio Fontana. Historia Los productores gualeyos denunciaron que la megaobra que se levantó para proteger las 14 mil hectáreas que posee Pou, obstaculiza el escurrimiento del agua, lo que provoca el anegamiento de sus campos. En las reiteradas denuncias, los productores aseguraron que el dique beneficia 14 mil hectáreas de Pou, pero a su vez, perjudica unas 88 mil hectáreas de estancias linderas o vecinas, porque detiene el escurrimiento natural del agua. “Esta obra es ilegal porque fue realizada sin previa autorización y viola la prohibición de desviar el paso de los arroyos”, señaló Arturo Berisso, vocero y representante de la firma La Conchera de Flores SA, una de las más afectadas por el terraplén. “Partamos de la base que estamos hablando de un terraplén, o más bien una muralla, de 53 kilómetros de extensión. Esta megaobra clandestina ocasiona, durante las crecidas de los ríos Gualeguay y Paraná, una inadmisible multiplicidad de daños y efectos distorsivos al impedir el curso natural de los numerosos arroyos”, detalló Berisso. Para los denunciantes, “la muralla” protege las hectáreas de Pou “a costa de inconcebibles perjuicios a los vecinos”, ya que aumenta el nivel del agua y de la superficie anegada en los campos linderos de uno y otro lado del río Gualeguay. Para graficar el panorama, Berrisso detalló que la zona perjudicada va desde la ruta nacional 12 y zonas aledañas a Puerto Ruiz hasta la desembocadura de la llamada Boca del Gualeguay y zonas de las islas aledañas. En su relato, el representante de la firma La Conchera recordó que un informe de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral reveló que, por la incidencia del terraplén, el nivel de agua sube, llegando incluso a la altura del casco de la estancia La Conchera, como sucedió con la creciente del 2005 y “miles de hectáreas adicionales que se anegan”. “El endicamiento se convierte en una verdadera barrera biológica que incide sobre la dinámica natural de la flora y la fauna, con la consecuente pérdida de biodiversidad”, dijo Berisso, haciendo referencia a los estudios que hizo la facultad. Cortes Ante el reclamo y los informes técnicos, en el 2003, el Corufa, que rige en materia de aguas en Entre Ríos, le ordenó a Pou realizar cuatro cortes en el terraplén en determinados arroyos (La Cruz, El Pato, Calerita y Viraguay), como medida provisaria, mientras se resuelve la cuestión de fondo, que para los denunciantes sería la demolición total de la muralla. Aunque no se produjeron los cuatro cortes, por esa decisión Pou le entabló una demanda judicial al Gobierno entrerriano. Los denunciantes, aunque sin éxito, están pidiendo que se respete los informes técnicos que dan cuenta que el terraplén interrumpe el libre escurrimiento de los cursos de agua, lo que dificulta el drenaje, por lo que debería ser demolido. “Este señor (por Pou) miente cuando se refiere a la incidencia que tenía el primero atajarrepuntes, construido por el señor Celedonio Pereda, que era de no mas de 4.000 hectáreas, de muy baja altura y con el arroyo Calerita libre para el normal escurrimiento de las aguas. Es inexacto que la acción para reclamar contra el terraplén se encuentre prescripta, ya que el terraplén actualmente construido es casi 4 veces mayor que el anterior (el de Pereda) ya que encierra 14 mil hectáreas y al presentar La Calera al Corufa la solicitud de permiso de obra, se sometió a lo que resolviera este organismo, y declinó la posibilidad de plantear luego la prescripción”, describió Berisso. De acuerdo al relato del representante de la estancia La Conchera, “el terraplén fue destruido por las crecientes de 1983, 1992 y de 1998, por lo que tuvo que ser reconstruido y, esa última reconstrucción (que es la que perjudica actualmente, porque si no se hubiera hecho el agua continuaría ingresando a La Calera) fue realizada, también sin autorización, en el año 2002, año en que se hizo el reclamo y se inició el expediente actual”. “De no haber una pronta resolución del Corufa poniendo fin a la conducta antisocial e ilegal de este señor; las consecuencias por la incidencia de estas murallas –en crecientes altas- serán nefastas para la zona. Es de esperar la aplicación de la legislación vigente por parte de las autoridades correspondientes de los organismos de contralor y así poner fin, de una vez por todas, a esta conducta delirante. Si así no ocurriera, seguramente otros serán los caminos a seguir y muchas serán las responsabilidades a señalar”, anticipó Berisso. (Fuente: El Diario)