S
ebastián Acosta, el joven hipoacúsico que le exige al Estado un empleo, se reunió este martes –junto a su intérprete– con el titular del Instituto Provincial de Discapacidad, Américo Cornaló. Diferentes fueron las posiciones durante la audiencia. De un lado, Sebastián sigue reclamando el cumplimiento de la Ley de Discapacidad, que establece un cupo de 4% en los organismo públicos de personas discapacitadas. De hecho, su lucha se inició en 2007 cuando inició mediante un expediente una solicitud laboral en la Dirección Especial de Educación, dependiente del Consejo General de Educación (CGE). Dicho pedido recorrió muchos despachos, pero nunca hubo una respuesta concreta. “La reunión duró 40 minutos en el despacho del señor Cornaló. Ellos se toman de la falta de reglamentación. Debemos decir que no hay mucho interés en brindarnos una ayuda”, dijo la intérprete del joven, Ivana Brumatti. En realidad dejó entrever que no se fueron conformes tras el cónclave: “ Cornaló no se hizo cargo y entendemos que lo nuestro va a tardar en cumplirse”, aseveró. Ante esta nueva barrera que aparece en el camino, la representante de Acosta entendió que la intención es seguir insistiendo, y de no haber avances tienen “como última carta el recurso de amparo”, advirtió. Por último precisó que para este miércoles tienen prevista una reunión con el defensor oficial, Alberto Silva Velasco, donde se definirán los pasos a seguir. Incluso está pensando recurrir a la intervención del Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia y el Racismo (Inadi) a nivel nacional. “Nuestra voluntad es negociar”, dijo. La posición oficial Con mucha mesura, pero defendiendo el rol del Estado en esta cuestión, el director de Instituto Provincial de Discapacidad, Américo Cornaló, brindó detalles de la audiencia con el joven Sebastián Acosta. “Les pedí que me acercaran un copia del expediente. Además su reclamo tiene que dirigirse a la Dirección de Educación Especial”, sostuvo el funcionario. Si bien la Ley de Discapacidad estipula un porcentaje destinado a emplear a personas con capacidad diferente ello no significa “que el Estado tenga que hacerse cargo, por más que exista una ley”, indicó. “Ellos lo toman como una obligación”, expresó respecto del pedido de Sebastián y sus representantes. “Es un nuevo camino que se está desandando en materia de derechos”, explicó, aunque luego arremetió diciendo: “Es como tirar baldazos de agua, y en realidad son temas muy complejos”. A la vez recurrió a un paralelismo a modo de ejemplo. “Hay otras prioridades más urgentes que sobrepasan lo laboral. Tenemos que atender a personas desamparadas; lo demás se puede atender en forma progresiva. Estamos abiertos a trabajar”, subrayó. (Fuente: Diario Uno)