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ebastián Uriel Acosta, 32 años, hipoacúsico, desempleado, fue el lunes 7 a las puertas de un organismo del Estado, el Consejo General de Educación (CGE), y se encadenó, humillado, dice, se encadenó a la vista de todos, como forma de conseguir que se atendiera la solicitud que había presentado en 2007 para que se le dé un trabajo en el Estado. Durante un año no consiguió nada, y su pedido fue archivado. Pero en diciembre de 2008 la Legislatura sancionó la Ley Provincial de Discapacidad Nº 9.891, promulgada en febrero de 2009 por el Poder Ejecutivo, un año después todavía sin reglamentar, y entonces insistió con aquel reclamo. Se amparó en el texto del artículo 20º de esa norma que dice: “El Estado Provincial, entendiéndose por tal los tres poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados y autárquicos, las empresas del Estado o con participación estatal y las empresas privadas concesionarias o permisionarias de servicios públicos, están obligados a emplear personas con discapacidad con idoneidad para el cargo en proporción superior al 4% de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por éstas, en igualdad de condiciones y oportunidades de remuneración”. Pero tampoco consiguió que atendieran su pedido. El viernes 11 le comunicaron oficialmente que no había lugar vacante. Una nota escueta, firmada por la titular del CGE, Graciela Bar, le informó “que no contamos con cargos vacantes, ya que debemos regularizar la situación de empleados con estabilidad, con más de 3 años de antigüedad, que aún no cuentan con cargos de planta permanente para obtener su estabilidad laboral”. La respuesta ni siquiera citó aquella ley, ni la obligatoriedad del Estado de dar cabida en su plantilla de empleados a un 4% de trabajadores con discapacidad. Opiniones encontradas Antes, el 2 de junio, el titular de la Defensoría de Pobres y Menores Nº 5, Alberto Juan Silva Velazco, había intimado al gobernador Sergio Urribarri para que en un “plazo perentorio de 15 días hábiles” diera respuesta al pedido de Acosta, y le “asegure prestación laboral provincial rentada y efectiva”. Silva Velazco había alegado el texto de la Ley de Discapacidad, “dándose así cumplimiento fiel al cupo del 4% de ocupación de personas con discapacidad/capacidades diferentes, obligación que compete al Estado provincial”. Y puntualizó que “es su obligación como administrador general de la Provincia, agilizar los procedimientos que fueran necesarios y asegurarle de manera inmediata al señor Acosta ocupación rentada provincial, para que éste pueda trabajar y desarrollarse como ser humano”. El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, se encargó de rechazar el pedido del defensor al sostener en un dictamen que “la obligación del Estado de emplear personas con discapacidad con idoneidad para el cargo resulta una prestación complementaria”. En todo caso, planteó Rodríguez Signes, debería evaluarse la posibilidad de otorgarle un subsidio. “Pero yo subsidio no quiero. Lo que quiero es trabajar”, dice Acosta, a través de su intérprete Ivana Brumati. Aunque antes que el fiscal de Estado, la abogada Mirta del Huerto Clariá, asesora del Consejo de Educación, había visto viable el pedido de empleo y recomendó arbitrar “los medios y acciones positivas para canalizar por las áreas competentes y a través de los procedimientos pertinentes, la solicitud de empleo”. Vía judicial Así, la situación de Acosta sigue más o menos igual. Hasta ahora, todas han sido gestiones de buenos oficios, como la que encaró el director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Salud y Acción Social, Tomás Luján, en procura de conseguir que alguna autoridad del Consejo de Educación atendiera el pedido de Acosta. Eso hizo el funcionario el lunes 7, aunque no consiguió mucho. Sólo la voluntad del ministro Angel Giano de atender el asunto en los próximos días, según explicó. El protagonista de está historia, mientras, está al borde del desencanto. “Yo no busco nada gratis, sólo un espacio que corresponde dar a un discapacitado porque la Ley lo dice. Para nosotros, parece que no hay garantías, no hay derechos; claro, si entra un discapacitado de este modo a trabajar en un espacio público mañana van a tener veinte más luchando por ese derecho”, dice, enfadado, y resuelto a plantear un recurso de amparo contra el Estado. Cauto, el defensor Silva Velazco cree que el amparo es un “recurso extremo”, aunque no avizora otra alternativa. Recuerda las gestiones ante la secretaria general de la Gobernación, Sigrid Kunath, que no llegaron a buen puerto, y habla de la necesidad de dar “una respuesta rápida” al pedido, aunque previo a la demanda judicial, aspira a encontrar un espacio de negociación y consenso. “Queremos una solución administrativa, no judicial. Si vamos con un amparo, después va a venir una catarata de planteos de ese tipo, porque según me comenta en toda la provincia hay unas 4.000 personas en la misma situación. Pero si no queda otro camino, habrá que ir al amparo”, asevera. (Fuente: El Diario)