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a Cámara Federal confirmó este viernes el procesamiento del ex presidente Carlos Menem por presunta multimillonaria defraudación al Estado en la concesión del espacio radioeléctrico a la empresa Thales Spectrum Argentina (TSA), contrato anulado en 2004 por la administración de Néstor Kirchner.
El Tribunal ratificó también el embargo de 200.000.000 de pesos que, por este hecho, se había ordenado en primera instancia sobre los bienes del actual senador nacional.
Menem, según la resolución del juez Norberto Oyarbide ahora confirmada por la Sala II de la Cámara, habría favorecido a TSA, que, a la par que percibía una multimillonaria contraprestación por parte del Estado, incumplía con sus obligaciones contractuales.
"Puede considerarse -dijo el tribunal- que TSA incumplió la prestación principal del contrato al no entregar el sistema informático comprometido, tanto conforme a los términos originales del acuerdo -80 días desde la entrada en vigencia- como a la posterior reprogramación de plazos" aprobada por resolución de Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC).
La CNC era un órgano de la Secretaría de Comunicaciones, que por decisión de Menem pasó a depender directamente de la Presidencia de la Nación.
Al ex jefe del Estado se le atribuye responsabilidad por la firma del decreto 12798 que convalidó "un procedimiento licitatorio sumamente irregular" y omitir los "resguardos necesarios para proteger el interés público involucrado, siendo perjudicado de este modo el Estado Nacional", acotó el tribunal.
En tanto, la defensa de Menem expuso que el ex presidente había delegado el tema en la CNC, pero la Sala II de la Cámara afirmó que los elementos de pruebas reunidos en el sumario "permiten inferir el acabado conocimiento que poseía el ex presidente sobre todo lo atinente a la licitación cuestionada".
El tribunal remarcó que la delegación de funciones a órganos inferiores para que instrumentaran la licitación y ejecución del contrato de concesión no eximía a Menem, por ser titular del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y, en ese carácter, por "la relación inmediata que mantenía" con el patrimonio del Estado.
La Sala II recordó que la secretaria de Comunicaciones "había sido trasladada al ámbito de la Presidencia de la Nación justamente al instrumentarse esta licitación" y que "a partir de allí se hicieron las modificaciones al pliego y contrato originarios, todas favorables al concesionario" TSA.
"Menem realizó un aporte no solo a través de una convalidación de un proceso licitatorio cuestionable, sino que violando los deberes a su cargo no dispuso las medidas indispensables para asegurar una adecuada gestión del espectro (radioléctrica) y su inacción fue perjudicial para el Estado".
Esa inacción privó al Estado de "un aporte de conocimientos y tecnología al que se había comprometido TSA, además del desequilibrio económico que desencadenó el incumplimiento de la concesionaria durante la ejecución del contrato", acotaron los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah.
El tribunal consideró, además, que los incumplimientos de TSA "encuentran su origen" en la elaboración de un contrato con cláusulas "flexibles" que habilitaron posteriores modificaciones, sobre la marcha de la concesión, que "se presentan dotadas de una legalidad aparente".
Los camaristas, con la intervención del secretario Pablo Herbón, dijeron que "no puede perderse de vista la entidad de la licitación y la importancia de los intereses públicos en juego, al delegar en la concesionaria nada menos que la gestión y control del espectro radioeléctrico" sobre todo el territorio nacional.
La causa se inició en 2001 y, por el hecho, el juez federal Sergio Torres procesó, hace algo más de un año, a una decena de ex funcionarios y ex representantes de TSA, entre ellos Kammerath.
La licitación -luego anulada- había sido aprobada el 23 de diciembre de 1996; una semana después fue publicada en el Boletín Oficial y días más tarde vencía el plazo para la adquisición de los pliegos, condiciones que no afectaron a TSA, entonces con otro nombre.
Menem había concedido a TSA hasta 2012 y a cambio de 500.000.000 de dólares "los servicios de administración, gestión, control y comprobación técnica de emisiones del espectro radioeléctrico", tarea que habitualmente queda en manos del Estado.
