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n la última sesión del año y previo a la asunción de los nuevos legisladores, el kirchnerismo impuso por última vez su mayoría automática en el Senado y convirtió en ley el proyecto de reforma política que había llegado de Diputados con media sanción obtenida en iguales condiciones: la mayoría K y sus aliados contra la negativa unificada de todo el arco antikirchnerista. Tras largas horas de debate, en las que se registraron graves acusaciones contra el proyecto y se exigió, entre otras cosas, abordar las candidaturas testimoniales y la inclusión de la boleta única, el oficialismo sumó sus fuerzas al apoyo de sus habituales aliados y consiguió 42 votos a favor contra 24 en contra, en la votación en general del proyecto. El oficialismo daba por sentado que tendría el voto seguro de 36 senadores propios más tres aliados incondicionales, como los fueguinos María Rosa Díaz, José Martínez y el neuquino Horacio Lores. Finalmente alcanzó 42. Desde la oposición, a lo largo de toda la tarde, nadie se animaba a negar que el proyecto saldría esta misma jornada convertido en ley. Aunque el radicalismo, el peronismo disidente, la Coalición Cívica y el Socialismo se pronunciaron en contra. Estos bloques cuestionaron el fuerte intervencionismo estatal en la vida interna de los partidos. En tanto, el senador por Santa Cruz, Nicolás Fernández, miembro informante del bloque del Frente para la Victoria, minimizó las críticas porque las entendió sólo "centradas en que se trata de un proyecto del Poder Ejecutivo". Pero en la oposición aprovecharon la sesión presidida por el titular del Senado, Julio Cobos, para poner sobre la mesa una discusión que parecía empezar a apagarse: las candidaturas testimoniales. El senador radical por Formosa, Luis Naidenoff, recordó las elecciones del 28 de junio, las que consideró "una vergüenza, una estafa electoral". "Estamos tratando supuestamente una reforma política y no abordamos el tema de las candidaturas testimoniales”, continuó. La posta la tomó el santiagueño Emilio Rached, también de bloque de la UCR, sostuvo que “no se debaten las candidaturas testimoniales y otras ventajas que tiene el Gobierno como las pautas publicitarias” y además afirmó que “tampoco contempla innovaciones como los padrones en Internet y no abre la puerta al voto electrónico”. Por su parte, Samuel Cabanchik, de Proyecto Buenos Aires Federal, opinó que el gobierno tiene una afición "por pervertir el sistema institucional argentino" y lamentó que el Ejecutivo "no haya incluído entre los cambios la boleta electoral única, cuya iniciativa había iniciado el año pasado y contaba con el apoyo de 30 senadores". Para el socialista santafesino Rubén Giustiniani "es una norma proscriptiva, porque obstaculiza la posibilidad del surgimiento de nuevas fuerzas políticas y además resulta anacrónica porque concentra en el PEN y en el Ministerio del Interior facultades que son propias del Congreso de la Nación y de la Justicia Electoral".