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a Oficina Anticorrupción y Ética Pública pidió a la Justicia que se cite a prestar declaración a dos profesionales de Paraná a quienes se sindica como responsables de la realización de sendos planos de mensura que posibilitaron que en 2006 un grupo de particulares se presentaran en la Dirección de Catastro con la pretensión de apropiarse de un campo de 3.240 hectáreas, la estancia La Atalaya, ubicado sobre la ruta provincial 11, en distrito Pajonal, en el departamento Victoria. Se trata de un predio que había sido legado por su propietario, el médico oriundo de Gualeguay Bartolomé Vasallo, y que es administrado por una comisión que integran el Poder Ejecutivo Provincial, la Municipalidad de Gualeguay, el Hospital San Antonio y el Hogar de Menores San José. La explotación se realiza mediante el arriendo a productores, y el producido se divide un 50 % para el Hospital; un 25 % para el hogar de menores; y el otro 25 %, para el Municipio. Los profesionales están imputados en la causa que se tramita en el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Paraná, aunque hasta el momento no han sido indagados por el juez. Una vez que se cumpla con ese trámite, el juez Carlos Ríos podría resolver su situación. El delito que se les imputa es el de estafa en grado de tentativa con falsificación de documento Hechos En 2006, el abogado de la Municipalidad de Gualeguay, Pedro Taffarel, efectuó una denuncia ante el juez de Instrucción de Victoria, Jorge Brasesco, luego de tomar conocimiento de la inscripción en la Dirección de Catastro del plano de mensura Nº 20.044 a nombre de Patricia Alejandra Flores, una mujer domiciliada en Juncal Nº 1.695, piso 6, oficina C, de Capital Federal. El trámite se había hecho sobre el campo La Atalaya. “El hecho suscitó naturalmente alarma, habida cuenta de que el predio se encuentra explotado por productores agropecuarios que inclusive viven desde hace más de cincuenta años en el mismo”, según un informe que produjo el abogado Mauricio Mayer, de la Oficina Anticorrupción, al pedir que el Estado se constituyera como querellante en la causa. El hecho abrió una investigación en varios sentidos. Por un lado, la pretensión de Patricia Alejandra Flores, asesorada por el ingeniero Eduardo Carmagnac, de apoderarse de modo irregular de una fracción de terreno de 3 .192 hectáreas. El plano fue presentado ante el Colegio de Ingeniero de Entre Ríos en agosto de 2006, y ese mismo mes fue registrado en la Dirección de Catastro. “Con la conducta desplegada, los imputados actuaron en connivencia e indujeron a engaño a los organismos respectivos con el objeto de crear elementos probatorios que permitieran adquirir por prescripción las tierras, apropiarse indebidamente del campo y perjudicar económicamente a los verdaderos propietarios del predio”, dice el expediente que ahora tramita el juez de Instrucción Nº 2 de Paraná, Carlos Ríos. El mismo accionar ocurrió con otra fracción de terreno de La Atalaya, de 536 hectáreas. También en septiembre de 2006, Eduardo Ramón María Rodríguez intentó apoderarse de ese predio, dominio del Estado, con el asesoramiento del agrimensor Demetrio Thalasselis. En la confección del plano ninguno de los dos profesionales incorporó el trazado de la ruta 11, ni las divisiones existentes de potreros o accidentes geográficos de arroyos y esteros, según se lee en la causa judicial. A Thalasselis se le atribuye haber obrado con idéntica peculiaridad a pedido de Araceli Zárate e Inés Estela Quiroz, también sobre tierras propiedad de La Atalaya. Fueron cinco registraciones de planos de mensura sobre un mismo predio concretadas a lo largo de 2006. El predio propiedad de La Atalaya está ahora en manos del Estado, y aquel delito de usurpación quedó abstracto, por lo cual el juez Brasesco giró las actuaciones a Paraná para seguir investigando el segundo delito, que es la maniobra por la cual se elaboraron los planos de mensura sobre los terrenos del legado Vasallo. La fiscal Lidia Taleb reclamó la juez que se libre orden de localización de todos los sospechados, medida que esta semana acompañó con una presentación similar ante el juez Ríos la Oficina Anticorrupción y Etica Pública. “Hay varios imputados en esta causa, y dos son los profesionales que intervinieron, un ingeniero y un agrimensor, que son quienes elaboraron los planos de mensura que después se inscribieron en la Dirección de Catastro”, contó una fuente. Luego, aclaró que si bien el campo fue restituido “a los legítimos poseedores, quedó una causa residual, que es la tentativa de estafa, que se está tramitando ahora. Tanto la fiscal como nosotros pedimos la localización y la detención de las personas, y que la causa se agilice, de modo de evitar la prescripción”. Además, reveló que “es la primera vez que en un caso de usurpación de tierras propiedad del Estado se va contra los profesionales que intervinieron en la confección de los planos de mensura. La Oficina Anticorrupción está constituida como querellante. En esta causa, el primer delito que se investigó fue la usurpación, que luego fue resuelta la situación por cuanto se restituyó el campo. Después se deriva otra causa, que es por tentativa de fraude más falsificación de documento. Eso es lo que se está investigando ahora”. (Fuente: El Diario)