Lunes 16 de noviembre de 2009
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Departamentales
Investigan por malversación al intendente de Diamante
Las denuncias que pesan sobre Juan Carlos Darrichón son por la falta en los depósitos de aportes de los trabajadores municipales. Por eso, el juez Xavier Barbagelata le imputa incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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Darrichón es investigado por la justicia por malversación de fondos públicos.

E

l juez de Instrucción de Diamante, Xavier Barbagelata, imputó al intendente de Diamante, Juan Carlos Darrichón y a dos funcionarios por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario públicos”. La causa se inició por la denuncia de los trabajadores de la Caja de Jubilaciones y el bloque de concejales de la UCR por no depositar los aportes retenidos a los empleados municipales. Esto derivó en un desfinanciamiento del organismo previsional. El intendente de Diamante Juan Carlos Darrichon, el secretario de Hacienda Municipal Hector Zapata y la contadora Municipal Olivia Caceres de Taleb, deberán designar sus abogados defensores. Así se lo indicó el juez de Instrucción de Diamante, Xavier Barbagelata, en la causa que investiga el posible delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. En ese juzgado se investiga, además, la posible comisión del delito de “malversación de caudales públicos”, a raíz de una denuncia que interpuso el presidente del bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical (UCR), Fernando Pacheco, en marzo pasado, por la complicada situación financiera de la Caja de Jubilaciones Municipales. En realidad, las tres denuncias que se hicieron están relacionadas con el organismo previsional municipal, pero la imputación es por “no depositar los aportes” retenidos a los trabajadores, lo que constituiría el delito de “incumplimiento de funcionarios públicos”. Acusación La causa que investiga Barbagelata, es por la denuncia que interpusieron los trabajadores de la Caja de Jubilaciones, quienes acusaron a las autoridades de la comuna por no girar hacia ese organismo los fondos que se les retenían a los empleados municipales. En ese sentido, el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, fue quien inició las medidas previas para investigar el tema. Se solicitaron pruebas a distintos organismos de la ciudad, a la Municipalidad, a la Caja, a Contaduría y Tesorería municipal, y también al Tribunal de Cuentas, una vez analizadas esas pruebas, el magistrados dispuso imputar al intendente y a dos funcionarios de su gabinete. “Con los datos que se recabaron entendí que había elementos suficientes como para requerir la instrucción formal de la causa, que es lo que se hizo ahora, por lo tanto se iniciaron las actuaciones”, expresó el fiscal. Según precisó, tanto al intendente Darrichón como a Zapata y Cáceres de Taleb, se les imputa “el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el giro de la transferencia de fondos que se le retienen a los empleados, hacia la Caja”. Montrull sostuvo además que en su denuncia los empleados municipales “también cuestionaban que se hacían inversiones que no convenían a la Caja, pero ese punto no se está investigando”, aclaró. Deuda La acusación de la justicia responde a dos presentaciones judiciales realizadas a principios de 2009, una por parte del bloque de concejales de la UCR, y la otra por una integrante, en representación de los empleados, del Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Municipalidad de Diamante. En las dos causas se hace referencia a la millonaria deuda del Municipio para con la Caja de Jubilaciones, debido a que no deposita los aportes retenidos a los trabajadores. Según se detalló en la denuncia que interpuso Pachecho, existe una marcada preocupación por la situación financiera del organismo previsional municipal. En ese sentido, se indicó que la Comuna mantiene “una deuda desde mayo de 2005, al no depositar el pago de aportes jubilatorios patronales con el agravante, además, que desde el mes de agosto de 2008, ha dejado de depositar en el cuenta de la Caja de Jubilaciones los importes que se le retienen a los empleados activos en concepto de aportes jubilatorios personales y las cuotas de los créditos otorgados por la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones desde el mes de noviembre de 2008”. (Fuente: El Diario)
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