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sfixiados por el creciente endeudamiento personal a raíz del prolongado congelamiento salarial en el Estado provincial, los empleados públicos escogieron un camino inédito: se están presentando ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 9 de Concursos y Quiebras para pedir su propia quiebra. En el juzgado de la jueza María Gabriela Tepsich confirmaron a EL DIARIO que son al menos 30 los expedientes iniciados, aunque otras fuentes hablan de por lo menos 50 trámites encarados por empleados del Estado provincial, la mayoría agentes de la Policía de Entre Ríos, aunque hay también personal de Salud y de la Municipalidad de Paraná. Las acreencias que enfrentan los estatales son de diversa índole, pero dos empresas del Estado están viéndose afectadas por esas maniobras judiciales: la tarjeta oficial Sidecreer y también el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), a través de los créditos asistenciales que otorga para costear el pago del coseguro en distintas prácticas médicas. Enterados del asunto, en el Gobierno comenzaron a ver el problema con bastante preocupación, ya que no se trata sólo de una cuestión que atañe a las finanzas personales de cada empleado del Estado: la nueva Constitución Provincial prevé sanciones graves a los trabajadores con manchas de ese tipo en el legajo. El artículo 22º de la Constitución dice: “No podrán ser empleados, funcionarios, ni legisladores, los deudores de la Provincia, que ejecutados legalmente no hayan pagado sus deudas, los inhabilitados por sentencia, los quebrados fraudulentos no rehabilitados y los afectados por incapacidad física o mental”. De modo que el camino que cabría seguir ante una quiebra judicial, es la cesantía. Alarma creciente Por qué un empleado del Estado pide su propia quiebra: Una persona, física o jurídica, va a la quiebra cuando su activo no alcanza a cubrir su pasivo, dicen los abogados especialistas. O sea, tiene más deudas que capacidad de pago, aunque lo que agrava la situación es la cesación de pago. Un empleado que va a la quiebra se ubica, así, al borde del sistema económico financiero: ve aparecer los vencimientos de sus deudas, y no cuenta con efectivo con el cual hacerles frente. Y los vencimientos avanzan sin que pueda reponerse financieramente. Juan José Canosa, titular de la tarjeta Sidecreer, admitió el problema, y dijo que las notificaciones oficiales de los expedientes de quiebra ya fueron girados al jefe de la Policía, Héctor Massuh, y al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. “En nuestro caso, no son muchos: nada más que seis”, explicó. -¿Qué pasos dieron ante estas causas judiciales inéditas? –le consultó EL DIARIO a Canosa. -Nosotros nos presentamos en el trámite judicial de quiebra para, eventualmente y como se procede en cualquier caso de quiebra, podamos cobrar nuestras acreencias. Entendemos que esa una situación poco común y bastante novedosa, pero frente a estos pedidos de quiebra, entendemos que los empleados involucrados son pasibles de alguna sanción. A mi entender es una falta grave. Me parece que hay mucho desconocimiento de parte de quien realiza esta acción respecto a las consecuencias que le puede acarrear. Algunos, piden el concurso, que es una instancia previa a la quiebra. Con ese procedimiento, lo que hace el deudor es verificar todas las deudas que tiene, e intentar un acuerdo con sus acreedores, de modo de conseguir una quita o replantear los pagos a futuro. En cambio, en la quiebra queda técnicamente inhabilitado comercialmente por cinco años y se liquidan todos sus bienes. Impacto financiero Silvio Moreyra, titular del Iosper, señaló que de momento en la obra social provincial sólo han recibido de la Justicia dos oficios correspondientes a sendos pedidos de quiebra de empleados de la Municipalidad de Paraná. “Nos sorprendió esto, por lo novedoso, porque esto deja a quien pide la quiebra afuera de todo el sistema económico, y lo convierte en una especie de paria”, detalló. En el caso de la obra social provincial, una quiebra decretada a un empleado del Estado afiliado al organismo supondría una seria complicación a la hora de recuperar los créditos asistenciales. El Iosper otorga por año unos 20 millones de pesos en créditos asistenciales para costear intervenciones a sus casi 100 mil afiliados titulares, y el recupero se consigue a largo plazo, porque la norma vigente es que la cancelación de esas deudas nunca debe tomar más del 10 % del salario. En el Gobierno, según admitió una fuente consultada, no hay aún una decisión tomada respecto a qué camino seguir ante la situación planteada con empleados públicos con quiebras decretadas por la Justicia que, por mandato constitucional, deberían ser dejados cesantes. “Es una situación que todavía no hemos analizado y que, llegado su momento, no sabemos cómo afrontar. Está el texto de la Constitución, pero habrá que ver de qué modo se lo interpreta. En principio, aquí lo que cabría es el despido, pero no hay nada resuelto”, señaló. José Galarraga, secretario adjunto de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), no ocultó su desconcierto ante la consulta, aunque descubrió otro costado del mismo problema. “Frente a la falta de aumento salarial, que ya lleva más de un año, casi todos los estatales están con los sueldos prácticamente embargados. Lamentablemente, la discusión salarial está planchada en la provincia, y frente a eso en el gremio vemos a diario la desesperación de los compañeros que vienen a pedir plata para pagar la luz, para pagar una garrafa de gas”, contó. El riesgo de la CBU Cuando en abril de 2000, el ex gobernador radical Sergio Montiel anunció la creación del Sistema de Crédito de Entre Ríos (Sidecreer), el plástico con el que empezaron a operar los empleados públicos, y que hoy tiene 80 mil usuarios en la provincia, pretendía a la vez dar por concluida la continua sangría en los sueldos de los estatales que suponía la actuación de determinadas mutuales de crédito que se quedaban con buena parte del salario. En 2005, cuando cobró vigencia el nuevo contrato de agente financiero entre el Estado provincial y el Nuevo Bersa SA, casi todos los códigos de descuento desaparecieron de la grilla salarial, aunque aún así no se evitó que las financieras, que en los últimos años han florecido en la provincia, capten parte de su clientela entre las filas de los empleados del Estado. Pero no requieren de un código de descuento para cobrarse sus créditos. Según contó José Galarraga, secretario adjunto de ATE, la mecánica que se impone es, ante el otorgamiento de un crédito para consumo o adquisición de bienes, los débitos de las cuentas se hacen de modo electrónico, y para eso las empresas financieras piden la entrega al cliente el número de la clave bancaria única (CBU). “Cuando firmas una solicitud de crédito, los autorizás para que ingresen directamente a tu cuenta, y se debiten las cuotas. Esto provoca que hoy los estatales tengan sus sueldos totalmente embargados. No hay control sobre las financieras. Incluso, aún cuando estés en el Veraz (el banco de datos que tiene una radiografía financiera de cada mortal), igual otorgan créditos”, advierte. Para destacar El mínimo de bolsillo garantizado que paga el Estado entrerriano está hoy en 1.240 pesos. ATE reclama un aumento “de emergencia” de 400 pesos, de modo de alcanzar el costo de la canasta básica, que según la Dirección de Estadística y Censos está en 1.570,26 pesos. Un año y tres meses hace que el Gobierno no actualiza los salarios de los estatales. Según estimaciones, 15 mil trabajadores del Estado, sobre una plantilla total de 30 mil aproximadamente, están por debajo de la línea de pobreza. Existen unos 7.000 empleados de la Administración que están en situación “irregular”, sin haber sido blanqueados, ya sea porque son suplentes, o porque están contratados bajo diferentes modalidades. (Fuente: El Diario. Ricardo Leguizamón).-