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a Justicia rescató casi del olvido una causa contra el ex senador provincial Abelardo Félix Pacayut, a quien se lo acusa de haber falseado datos para que su esposa, haciéndose pasar por indigente, pudiera acceder de modo gratuito a una vivienda que entregó el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) en el departamento Islas. No fue cualquier vivienda. Cuando a mitad de los años 1990 Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) levantó el establecimiento forestal que poseía en Mazaruca -un poblado compuesto por un puñado de familias que habitan recostadas sobre las márgenes del Paraná, a 25 kilómetros de Ibicuy- quedó allí un grupo de viviendas de coqueto estilo inglés totalmente deshabitadas. Un proyecto de ley que impulsó el entonces senador Pacayut facultó al IAPV a tomar a su cargo esas viviendas, para distribuirlas entre familias más necesitadas. Entre los postulantes, se presentó la esposa de Pacayut, Ruth Klein. La casa que obtuvo la familia Pacayut se destacó del resto: era la principal dentro del grupo de chalecitos de estilo inglés, la que en su momento fue la residencia del director local de YCF. A la espera La causa puso por primera vez en letras de molde el nombre de aquel pueblito. Pero si no fuera por asuntos de terceros, Mazaruca no tendría por qué destacarse dentro de los puntos húmedos del sur provincial: es un pequeño asentamiento, a poco más de 20 kilómetros de Ibicuy, frente a las islas Lechiguanas. Todos comenzaron a hablar de Mazaruca cuando estalló la denuncia contra los Pacayut, aunque luego aquel recóndito sitio pasó al olvido. Volvería a cobrar notoriedad fugaz a principios de la década de 2000, cuando el lugar fue escogido para realizar prácticas de guerra por parte de un escuadrón de “marines” de los Estados Unidos. Ahora, no deben pasar de las tres decenas la cantidad de familias que habitan allí. Claro que una familia se llegó a destacar del resto: los Pacayut, que se beneficiaron con una vivienda entregada por el Estado. A raíz del hecho, pronto se abrió una investigación, y el ex senador provincial justicialista quedó en medio de un pleito en la Justicia, que está a punto de ir a juicio. La causa está caratulada como “Falsedad Ideológica y Fraude a la Administración Pública”, y los principales involucrados son Pacayut, quien fuera legislador provincial entre 1987 y 2003, y su esposa. La Justicia pretende probar que al momento de adjudicarse esa vivienda, la esposa de Pacayut no era indigente, sino propietaria de una vivienda en Paraná, ubicada en Laprida al 500. El expediente judicial está a la espera de entrar a juicio oral. Ese trámite, sin embargo, recién se cumplirá cuando la causa madre contra Pacayut, la que investiga la desaparición de unos 15 millones de dólares en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) destinados a obras en el Puerto Ibicuy llegue también a juicio. Por ese hecho, se lo investiga también a su hermano, Carlos, y a Norberto Dourrels, Rafael Morana, Miguel Sindor, Aldo Navarro, Julio Ivanovich y Carlos Loveras. El ex senador y su hermano, como autores principales, y al resto, como partícipes necesarios del delito de “peculado”. El 11 de diciembre de 2006 la Justicia había dictado el procesamiento de Pacayut en la causa por la vivienda de Mazaruca, pero desde hace un año el expediente está a la espera en la Sala I de la Cámara del Crimen, aguardando ser anexada a la causa Puerto Ibicuy, que también se sustancia en ese mismo tribunal. La causa del Puerto ya fue elevada a juicio, y resta establecer la fecha de inicio del debate en juicio oral y público, pero ese trámite se ha visto demorado por cuanto hay un planteo de la defensa de Pacayut de hacer intervenir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Caso testigo La denuncia por el caso del Puerto Ibicuy fue hecha en 1998 por la ya disuelta Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). La causa se abrió ante la sospecha seria de un uso indebido de fondos públicos que habían sido destinados primeramente a las obras del Puerto. Pacayut era por entonces presidente del Instituto Portuario Provincial, y su hermano Carlos Pacayut estaba al frente del Ente Autárquico Puerto Ibicuy. Ambos integraban la denominada Comisión Pro Desarrollo del Puerto Ibicuy. La obra tenía un presupuesto de alrededor de 30 millones de dólares, y los trabajos se adjudicaron a la empresa MiguelSan en octubre de 1997. Pero un año después, en 1998, MiguelSan cedió el contrato a los organismos que conducían los hermanos Pacayut. Y según dictámenes técnicos de 2002, el Estado recibió esa obra en pésimo estado, con inoperabilidad del muelle y un colapso parcial del cablestacado. Los trabajos no se hicieron, o se hicieron de modo irregular, pero el dinero se gastó. Causa emblemática “La causa del Puerto Ibicuy es emblemática”, afirma Jorge García, Procurador General de la Provincia. Para el jefe de los fiscales, “las pericias son contundentes, y demuestran que hubo sustracción de dineros públicos. Ese dinero no se destinó a las obras del Puerto, sino que se esfumó”. —La denuncia se presentó en 1997. ¿Por qué demora tanto? —La táctica de la defensa ha sido permanentemente chicanear. Es decir, plantear permanentemente nulidades, apelaciones, casaciones, recurso extraordinario, a sabiendas de que esos recursos no van a tener favorable acogida. A mi modo de ver, se intenta llegar a la prescripción, creyendo erróneamente que como el delito se termina de cometer a fin del año 1999, a los diez años prescribe, es decir en 2009. Pero se olvidan de que no habrá prescripción, porque los plazos se suspenden cuando el acusado y los cómplices son funcionarios públicos. Recién empiezan a correr cuando cesan en su función. Pacayut siguió siendo senador hasta 2003. Entonces, recién a fin de ese año comienza a correr la prescripción. —¿En qué instancia está la causa? —La causa está elevada a juicio. Y esa elevación a juicio, implica la interrupción de la prescripción. Pero la defensa planteó nulidad, y un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero nada de eso tiene posibilidad de éxito. Ellos buscan la prescripción, pero no van a poder lograrlo. —¿Es mucho dinero? —Cercano a los 15 millones de pesos/dólares. Es un caso emblemático por la cantidad de dinero. En el Caso Rossi (se refiere al ex vicegobernador Domingo Daniel Rossi), se trató de 5 millones de dólares. En el caso del ATN de (el ex secretario de Reforma del Estado, Oscar) Mori, 1 millón de dólares. Esta causa, como perjuicio para el Estado, es muchísimo mayor en cuanto al volumen de dinero involucrado. “No hay un afán persecutorio” Dice el diccionario de la Real Academia Española: “Peculado. 1. m. Der. En el antiguo derecho y hoy en algunos países hispanoamericanos, delito que consiste en el hurto de caudales del erario, cometido por aquel a quien está confiada su administración”. Y es el delito que se le imputa al ex senador Abelardo Pacayut por el mal uso de unos 15 millones de dólares originalmente destinados a obras en el Puerto de Ibicuy. —¿Habrá condenas en este caso? – Se le preguntó al Procurador General de la Provincia, Jorge García. —Nosotros creemos que sí, que hay suficientes elementos como para llevar a juicio, y lograr las condenas. —¿Puede ir alguien a la cárcel? —Todo va a depender de cómo se desarrolle el juicio. Muchos de estos delitos son delitos cometidos por sujetos que nunca han tenido relación con el Derecho Penal. Hay una tradición en la crítica a la pena de prisión contraria a las penas cortas privativas de la libertad. Los delitos contra la Administración Pública son graves, pero no tan graves como un homicidio. Quebrantar una vida es más grave que sustraer fondos públicos. Las penas establecidas en el Código van desde los 2 a los 10 años. —¿Cuál es el objetivo entonces de llevar adelante esta causa? —No hay un afán persecutorio. Como política criminal de la Procuración, la idea es reafirmar la vigencia de la norma, dar un mensaje: queremos que se entienda que la norma que establece deberes de los funcionarios de transparencia, de honestidad, de reglas de buen juego, debe ser cumplida. —Esta causa se inició en 1997. —Son causas muy especiales. La de Mori, por ejemplo, demoró mucho; la de Rossi, también. Lo mismo que la causa donde se está investigando un desvío de fondos a una cuenta paralela que se había establecido en el Senado. Y se demora porque se destruyó una gran cantidad de documentos. Esa es la causa (del ex vicegobernador Héctor) Alanis. Se destruyeron todos los elementos. Los delitos vinculados con la Administración son delitos que son difíciles de probar porque hay mucha complicidad y mucha dificultad en la prueba. Y por eso tardan mucho. En la causa Rossi hubo que quebrar el secreto bancario en Uruguay, y allí la causa llegó hasta la Corte Suprema, porque los bancos se negaban a romper el secreto. (Fuente: El Diario. Ricardo Leguizamón).-