�

��Debe haber una mesa de discusión para saber quién decide la distribución de fondos del Presupuesto. No puede ser que un funcionario de menor jerarquía empiece a podar las proyecciones de gastos de otros poderes del Estado sin saber las consecuencias de esa poda”. De ese modo directo, Carlos Chiara Díaz, el vocal con mayor antigüedad en la composición actual del Superior Tribunal de Justicia (STJ), se quejó de la merma de fondos proyectados para 2010 en el proyecto de Presupuesto que el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura y que a su entender ni siquiera prevé los fondos para poder implementar el nuevo Código Procesal Penal. Aunque antes de conseguir más recursos para la Justicia, pidió equidad en la distribución de lo que hay ahora para repartir. “Decimos que hay crisis y escasez, entonces debemos solucionar un problema que debiera ser el comienzo de otras soluciones. Para empezar, aquí en la provincia debe haber una paridad entre los tres poderes del Estado en lo salarial. Si son poderes iguales, se estamos en una división republicana, los tres poderes deben partir de un punto común: que ninguno gane más que el otro”, propuso. Clima de conflicto La sugerencia de Chiara Díaz surge en medio de la irresuelta situación de conflicto que protagonizan los empleados del Poder Judicial, nucleados en la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), que reclaman un aumento salarial del 25 %, y que el miércoles 28 protagonizarán un nuevo paro de actividades. Aunque también puso de manifiesto que el malestar alcanza también a funcionarios y magistrados, que han hecho público su pedido de aumento de haberes del 30 %. En caso de no encontrar eco a su solicitud, los jueces ya anticiparon que iniciarán reclamos administrativos y demandas judiciales, lo que podría provocar un descalabro en los tribunales. En ese marco, dijo Chiara Díaz que algunos vocales del STJ están abocándose de manera informal a la tarea de encontrar una solución a “una situación al parecer insoluble para el Ejecutivo, que es quien debe suministrar los fondos, frente a los reclamos sobre todo de AJER, que es el gremio de los empleados, y para la Asociación de Magistrados, que también viene realizando pedidos de aumento salarial”. “El Superior Tribunal ha hecho gestiones directas ante el Gobernador y su gabinete, y ha encontrado buena voluntad, pero no se concretan medidas. Para colmo, ahora se empezó a trabajar en la discusión del Presupuesto 2010, y lo que vemos es que no está previsto ni los cargos ni el dinero necesario para completar la implementación del Código Procesal Penal. Eso es algo que nos preocupa”, indicó. Aunque señaló que sólo ciñendo el problema al reclamo salarial, de no encontrarse una solución en lo inmediato, “los mismos magistrados ya advierten que la prolongación del conflicto hacia fin de año, puede alterar la normalidad de los trámites, y perjudicar a la gente en la resolución de las causas, que se verían postergadas. La gente tiene derecho a que se dicten sentencias, y se ejecuten los trámites de los distintos procesos en plazos razonables”. Nivelar hacia arriba Chiara Díaz es partidario de conformar una comisión interpoderes responsable de “resolver las equivalencias que se plantean a partir de la cabeza de los poderes. Y distribuir de modo igualitario los recursos, porque si no, nos estamos acostumbrados a que un sector, circunstancialmente, consiga ubicarse mejor en el presupuesto, y se consagran islas». —¿A qué apuntan? —Lo nuestro apunta a empezar a decir que debemos tener una paridad entre los tres poderes del Estado. No enganchar uno a otro. Si son poderes iguales, en una división republicana de gobierno, los tres deben partir de un punto común. Y a partir de ahí, hacer una serie de equivalencias entre las distintas categorías dentro de los tres poderes. No es una tarea fácil, demandará tiempo, pero proponemos crear una comisión interpoderes. Ya intentamos trabajar así con anterioridad, por un tema institucional, pero sólo cumplió el Poder Judicial en su tarea. Esa comisión tendría a su cargo resolver las equivaslencias que se plantean a partir de la cabeza de los poderes. Hoy las categorías no son las mismas en la Legislatura, en el Ejecutivo y en el Poder Judicial. Es decir, a igual responsabilidad, habría que establecer igual categoría para los tres poderes. No significa un aumento de sueldo. Ni un pedido de aumento encubierto. Sólo un sinceramiento, aunque en sí mismo, representaría un aumento que tal vcez satisfaga las aspiraciones de los empleados. —¿Usted dice que hay sectores que tienen mejor salario que otros dentro del mismo Estado cumpliendo igual función? —Estamos en una provincia que se ajusta al sistema republicano democrático. Entonces, el Gobernador no tiene por qué ganar más que el presidente del Superior Tribuna, porque el Ejecutivo es un poder al igual que el Judicial. Es redículo: es como decir que el presidente del Superior tiene que ganar más que los vocales. El sueldo del vocal y del presidente se equipara con el de un ministro, que es un secretario de Estado. Es agraviante que sea así. —¿Cuál es el sueldo de un vocal del Superior Tribunal de Justicia? —Está entre los 15 y 16 mil pesos. Sé que son cifras dolorosas si se la compara con el sueldo de un maestro o el de un agente de policía. Pero nosotros no fijamos la política salarial. —Quieren igualar ese sueldo con lo que percibe el Gobernador. ¿A qué cifra? —No sabemos. Es una incógnita cuánto gana el Gobernador. Pero bueno, de eso se trata, también de sincerar todo, y de establecer efectivamente cuánto gana cada poder. Nosotros no tenemos gastos de representación. Tampoco tenemos viáticos, ni vehículos. A nosotros no nos compran Passat: tenemos sólo dos vehículos en condiciones. Estamos un poquito cansados de que se habla de austeridad, y nos damos cuenta de que eso es para la gilada. Antigüedad Una de las alternativas que plantean desde el Poder Judicial para reacomodar salarios es la modificación del sistema de cálculo de la antigüedad. Actualmente, en la Justicia hay un tope de hasta el 87,5 % del sueldo. Algo que según el vocal Carlos Chiara Díaz se ha puesto de manera «arbitraria, por cuanto en la Administración Pública no tiene límite, y hasta se llega al 120 %. Yo con 40 años de aportes, me sería más redituable jubilarme que seguir en la actividad». (Fuente: El Diario)