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a iniciativa del bloque radical, integrado por Mirta Alderete, Marcelo López, José María Miser, Oscar Cardoso, Jaime Benedetti, y José Antonio Artusi, plantea la creación de un Fondo de Reparación Salarial y Social, destinado a otorgar aumentos salariales a los trabajadores del Estado y a comenzar a financiar gradualmente una renta básica destinada a cubrir un ingreso mínimo para la subsistencia y garantizar el derecho a la alimentación consagrado en el Artículo 24 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos.
De prosperar la iniciativa de los legisladores radicales, el Fondo estaría compuesto "por recursos que la provincia debería recuperar como producto del reclamo ante la Nación por el ejercicio abusivo e inconstitucional de sus facultades fiscales, por reasignación de partidas y ahorros en gastos improductivos, por parte del aumento que se verifique en la recaudación tributaria propia, así como por un porcentaje de los montos que la provincia pudiera recibir de la Nación como producto de gravámenes a actividades tales como la minería, el juego, las explotaciones hidrocarburíferas y las transacciones bursátiles y financieras", señala el texto difundido por el bloque de diputados de la UCR.
En los fundamentos del proyecto se sostiene que "pretende constituir una respuesta a los legítimos reclamos de los trabajadores estatales en pos de recuperar el poder adquisitivo de sus salarios, afectados por la falta de pautas de aumentos en el Presupuesto 2009 y por la incidencia de la inflación, que en realidad es más alta que los desacreditados índices del INDEC".
Los legisladores de la UCR argumentan que "la desocupación y el empleo en negro, y la enorme cantidad de entrerrianos que viven en condiciones de pobreza extrema requieren indefectiblemente que la emergencia sea también social, y que se arbitren medios para responder a las necesidades más urgentes de los que menos tienen, evitando caer a su vez en las trampas de las redes clientelares de los programas asistenciales focalizados, que sólo generan dependencia y sumisión y estigmatizan a sus beneficiarios. Como lo hemos expresado en reiteradas oportunidades, en una provincia que produce alimentos para varias veces su población, el hambre es un crimen, y la respuesta rápida y equitativa del Estado no puede ser otra que la instauración de una renta básica universal basada en la condición de ciudadanía, implementada gradualmente y comenzando por los niños que viven en hogares bajo la línea de la indigencia".
Consultado sobre la viabilidad de la propuesta, el Diputado José Antonio Artusi manifestó que "es perfectamente factible en tanto exista voluntad política", y argumentó diciendo que "sólo como producto de la no coparticipación del impuesto al cheque, la Provincia de Entre Ríos pierde casi 400 millones de pesos al año; el impuesto al cheque vence el 31 de Diciembre y si los legisladores de todos los partidos de la Región Centro se ponen de acuerdo, se podrían introducir modificaciones en el régimen vigente, de modo de beneficiar a nuestras provincias y comenzar a revertir el penoso cuadro de crisis del federalismo fiscal que impera en la Argentina". Artusi enfatizó que las transferencias automáticas de recursos, propias de un Estado federal, han sido opacadas por las transferencias discrecionales del poder central, y ejemplificó mencionando que "en 2008 Santa Cruz recibió en ese concepto $ 7.366 per cápita, muy por encima del promedio ($843 per cápita), mientras que los entrerrianos recibimos solamente $362".
Finalmente, Artusi señaló que "seguramente a todos los entrerrianos nos habría gustado que en el discurso del señor Gobernador ante la señora Presidente hubiera estado presente la palabra federalismo, pues los recursos de los que la Nación se apodera ilegítimamente para disciplinar a gobernadores e intendentes no son de un gobierno, son de todos los entrerrianos".
