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a delegación argentina volvió este martes a reclamar ante el Tribunal Internacional de La Haya la relocalización de la planta papelera Botnia, mantuvo su denuncia sobre la violación del estatuto del Río Uruguay y aclaró que nunca brindó el consentimiento para la instalación de la empresa de origen finlandés. De esa forma, la Argentina finalizó el segundo y último tramo de las audiencias orales ante el Tribunal Internacional, mientras que el jueves y viernes será el turno para la respuesta que brindará Uruguay. El proceso judicial ya entró en el último tramo pero se estima que la resolución final recién se conocería hacia marzo del próximo año, ya que La Haya se encuentra inmersa en otros temas. Para la consejera jurídica del Ministerio de Exteriores, Susana Ruíz Cerrutti, los integrantes de la representación argentina quedaron "muy satisfechos con el trabajo realizado", porque fue "una labor de equipo que nos deja orgullosos" que refleja una "conjunción de esfuerzos de la Cancillería, Ambiente y universitarios". Ruíz Cerruti relató que el lunes tuvo lugar la exposición del experto en temas medio ambientales Phillipe Sanz, quien se refirió a un informe surgido como resultado de dos años de trabajo multidisciplinario de las universidades de Buenos Aires y La Plata. En tanto, el abogado argentino Marcelo Cohen -radicado en Ginebra- se enfocó en los aspectos jurídicos y recalcó que el Gobierno nacional nunca dio su aprobación para el emplazamiento de planta de ENCE -que finalmente fue relocalizada-, tal como lo afirma la defensa de Uruguay. El consentimiento "no existió, nunca se aprobó", insistió la jefa de la delegación argentina, refutando uno de los argumentos centrales que ya presentó Uruguay ante La Haya. El país vecino hace referencia a un encuentro que mantuvo en 2004 el ex canciller Rafael Bielsa con su par Didier Opperti, donde supuestamente se dio el aval a la instalación de la pastera ENCE, pero el ex funcionario ya presentó una declaración jurada donde afirma que nunca brindó su respaldo. Por último, expuso el profesor de Derecho de la Universidad de París Alain Pellet, quien desarrolló aspectos relacionados con los "remedios" que plantea la Argentina para salir de este diferendo que ya lleva más de cinco años. El eje central de su presentación fue el pedido de relocalización de la pastera, a partir del análisis del Río Uruguay que indica que es "un receptor muy sensible que no está en condiciones de recibir afluentes de una planta que produce pasta de celulosa que nunca debió estar instalada en ese lugar", comentó Ruíz Cerruti. La defensa argentina también enfatizó que "no se opone al desarrollo de Uruguay", pero al mismo tiempo exige el cumplimiento del estatuto del Río Uruguay que tiene a ambos países como socios para la "protección del ambiente". Botnia toma "60 millones de metros cúbicos diarios del río y luego los vuelve a volcar, lo que puede producir un perjuicio sensible". La exposición argentina se extendió este martes durante tres horas, al igual que el lunes, y buscó hacer eje no sólo en el punto de vista procesal por el que acusa a Uruguay por no haber cumplido con el Tratado, sino que también se buscó demostrar que "la planta está funcionando en el lugar equivocado". Pellet dijo que trasladar la maquinaria de la planta a otro lugar del río "no es en absoluto una medida desproporcionada" ni tampoco implica un "daño colosal" para el país oriental, entre otras cosas porque el "impacto social" de la planta sobre la población de Fray Bentos- donde se ha construido la celulosa- es "limitado". (Fuente: Crítica)