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a instalación de Botnia en las costas de Fray Bentos, frente a Gualeguaychú sigue generando cruces entre Argentina y Uruguay. En ese sentido, el presidente del país vecino, Tabaré Vázquez, consideró que se “destruyeron” en La Haya los argumentos argentinos en cuanto a que la papelera contamina y agregó que espera que el gobierno de Cristina Fernández acate el veredicto de la Corte internacional.
“Uruguay aceptará el resultado del veredicto y esperamos que del lado argentino se cumpla también lo que establezca el Tribunal y que con este veredicto pongamos punto final al tema", afirmó Vázquez al diario uruguayo El País.
La representación uruguaya en Holanda está "muy satisfecha" tras el planteo de Montevideo ante la Corte que desde el punto de vista científico "destruyó cualquier argumento que quisiera presentarse en el sentido de que Botnia contamina, cosa que no es real, así como los planteos jurídicos", sostuvo Vázquez desde Nueva York, donde participa de la cumbre de la ONU.
En tanto, durante la audiencia, Uruguay pidió este jueves a los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya que permitan seguir operando a la celulosa Botnia para lograr poner fin al conflicto con Argentina, y restablecer las "relaciones amistosas".
Así lo solicitó el miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos Paul Reichler durante la última jornada con que contaba Uruguay para exponer sus argumentos ante el tribunal con sede en La Haya, en el contencioso con Buenos Aires por la construcción de esa papelera.
Para Montevideo, solamente hay "un remedio" a este conflicto: "que la Corte afirme su derecho (de Uruguay) de que la celulosa opere de acuerdo con el Estatuto de 1975", mantuvo el letrado.
También instó al máximo órgano judicial de la ONU a no desaprovechar "la única oportunidad de aportar una solución pacífica" a la disputa entre Uruguay y Argentina, que desde 2006 están enfrentadas en esa Corte por un conflicto "largo y desagradable".
Al presentar sus argumentos, la delegación uruguaya también acusó a Argentina de no haber presentado ningún informe independiente sobre los efectos medioambientales de la papelera- en funcionamiento desde noviembre de 2007- sobre el río Uruguay y su ecosistema.
Montevideo invitó a la Corte a que considere como únicos estudios independientes los elaborados o encargados por la Corporación Financiera Internacional (IFC, en sus siglas en inglés), que es un miembro del Grupo Bancario Mundial.
Esos informes concluyeron que la actividad de Botnia "aporta beneficios económicos significativos para Uruguay sin causar daño medioambiental al río", recordó Reichler.
Argentina solicitó por su parte la semana pasada a los jueces que ordenasen la paralización de la actividad de la planta celulosa, el cambio de uso de sus instalaciones o su desmantelamiento como solución al conflicto.
El profesor de Derecho de la Universidad de Florencia, Luigi Condorelli, consideró "inaceptable " y "desproporcionado" que Argentina vea "el desmantelamiento de la planta" como única solución al conflicto, incluso en el caso de que la actividad de la celulosa Botnia no suponga un daño medioambiental al río.
Condorelli recordó que el Estatuto de 1975 recoge medidas como "compensación" y "remedio" adecuado en el caso de que una de las partes haya causado contaminación en el río.
Argentina desestima cualquier compensación y aboga por una "restitución íntegra": recuperar la situación del río antes de la construcción de la celulosa como única solución al conflicto.
Acerca de la "indemnización adicional" de daños solicitada por Argentina, Uruguay dijo que Buenos Aires tiene que demostrar primero que esos daños -como las pérdidas del sector turístico o pesquero- son una consecuencia directa de la actividad de la celulosa.
Buenos Aires elevó el conflicto sobre las papeleras a la CIJ en mayo de 2006, con la aseveración de que el país vecino violó el tratado del Río Uruguay cuando autorizó la construcción de dos plantas de celulosa en su ribera del río.
