D

esde esta semana, la casa particular en Victoria de la titular del Consejo General de Educación (CGE), Graciela Bar, cuenta con custodia policial, aunque la medida se habría dispuesto para resguardar al hijo de la funcionaria, Rodrigo Juárez, presidente del bloque de concejales justicialistas de esa ciudad. El pedido de custodia, que se habría pretendido manejar en forma reservada pero que trascendió en forma pública, estaría vinculado con un cruce que mantuvo Juárez con el empresario de la carne Guillermo Huarte, un kirchnerista que en su momento se ligó a la denominada “patota” del secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Huarte consiguió que el intendente de Victoria, César Gracilazo, le cediera un predio de 4 hectáreas, en cercanías del arroyo El Ceibo, para que instalara allí un frigorífico donde se faenarían unas 500 cabezas por día y demandaría una inversión de 2,3 millones de dólares. El acuerdo supuso que la Municipalidad le cedía el terreno a cambio del pago de un canon equivalente a cinco sueldos municipales. Peleas Pero aquella cesión, conocida en septiembre de 2008, había encontrado oposición en el Concejo Deliberante. Esta semana, Huarte salió a ventilar los entretelones del asunto, y dijo que dos concejales de Victoria le habrían pedido una “coima” a cambio de aprobar el proyecto. La acusación cayó sobre los concejales María Angélica Chada y José Molla. Chada habría pedido 100 mil pesos, mientras que Molla le habría solicitado 15 mil pesos. En la discusión, intercedió el concejal Juárez en defensa de sus pares, aunque habría recibido una fuerte reprimenda de Huarte, quien le habría pedido que “se calle la boca”. El concejal evitó abordar el tema. —¿Usted pidió custodia en su casa particular? —La custodia la pidió mamá, por eso de los paros docentes. —Pero el conflicto docente está lejos de situaciones de tensión extrema como para llegar a una medida de ese tipo. Se dice que es para preservarlo a usted por las acusaciones de Huarte. ¿Es verdad que lo amenazó? —Es un tema menor. No lo quiero vincular con este tema. Es más una cuestión de prevención. Pero no quiero hacer declaraciones sobre este tema. No quiero darle más entidad. —¿Existió la amenaza? —No voy a ratificar ni desmentir nada. No quiero hablar del tema. Antecedentes En diciembre, Huarte había tenido ya un cruce con la Dirección Provincial de Trabajo, quien inspeccionó la obra de construcción del frigorífico y constató que la mayoría de los empleados estaba “en negro”. “A los dos días que empezaron a construir la planta fuimos a hacer una inspección pero no nos dejaron entrar, así que tuvimos que hacerlo a través de la fuerza pública”, dijo a finales del año último el delegado de Trabajo en Victoria, Carlos Navarro. Guillermo Oscar Huarte, según se supon no bien se anunció la inversión millonaria e nVictoria, es para los registros de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), un modesto empresario. Figura como monotributista categoría K, con un ingreso máximo de 94 mil pesos anuales. La concejal Chada fue de las primeras en poner en dudas la capacidad de inversionista de Huarte, fundamentalmente por carecer de avales para montar el frigorífico. La obra del nuevo emprendimiento victoriense está en plena marcha, según confirmó ayer el concejal José Molla, aunque sobre el empresario pesa un rosario de cuestionamientos, añadió. «La cantidad de juicios laborales que tiene encima lo convierten en un empresario con el peor de los antecedentes», agregó. El edil le envió esta semana una carta documento a Huarte para que se retractara públicamente de sus afirmaciones, aunque ante el silencio, Molla optó por la vía judicial: según comentó está preparando la demanda que entablará en el Juzgado Correcional de Nogoyá, que es la jurisdicción más próxima a Victoria.