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cuderi se desempeñó en el último tiempo como socio en una empresa de seguridad privada en Concordia, junto a otro ex suboficial de inteligencia del Ejército que operaba en el regimiento de Chajarí al mando del entonces ex capitán Rafael Félix López Fader, responsable también de desapariciones, secuestros y fusilamientos. Scuderi falleció este 14 de septiembre en la ciudad de Concordia, pudo confirmar INFORME DIGITAL. Polémico contrato Varios testigos, asiduos concurrentes al casino de Concordia, indicaban que Scuderi cumplia servicios en el horario de 14 a 20, donde hay por lo general poca afluencia de personas, "para así evitar ser visto por algunos de los integrantes de organizaciones de derechos humanos o de familiares de detenidos desaparacidos". Otra fuente precisó que estaba cumpliendo funciones desde el 12 de febrero de este año y que el contrato de trabajo se lo había consiguido un alto funcionario del IAFAS, por "sugerencia" de un reconocido legislador de la provincia. Pedido de informes: IAFAS "Nunca Más" contestó El diputado Eduardo Jourdán había hecho un pedido de informes sobre el supuesto nombramiento de un “represor” en el Casino de Concordia donde pedía al Poder Ejecutivo que “explique si es cierto que esta persona ha sido contratada, fecha, monto del contrato, causa y quien fue el responsable de la decisión política de contratarlo”. “Versiones que circularon en los últimos días en los medios de comunicación regionales daban cuenta que Juan José Scuderi, señalado como uno de los responsables de la desaparición de varios entrerrianos en la última dictadura militar, cuando se desempañaba como informante del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército y la Policía de Entre Ríos, estaría trabajando en el casino de la ciudad de Concordia, en calidad de agente de seguridad”, relató el legislador justicialista. En el escrito Jourdán solicita saber, fundamentalmente, “si el Estado provincial, en cualquiera de sus reparticiones u organismos, ha contratado a Juan José Scuderi o a una empresa cuyo titular o socio o empleado sea el mismo”, y que, en tal caso, se informe “la fecha, monto, objeto y quien fue el responsable de la decisión política del contrato”. “Los peronistas no podemos mirar para otro lado, se trata de acusados por delitos de lesa humanidad y si el Estado provincial los incorpora, estaría actuando, no sólo en contra de las políticas de derechos humanos del gobierno nacional, sino también de la memoria de nuestros mártires y sus familias”, aseguró el colonense.