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PF.- En conferencia de prensa, Víctor Limba informó sobre la marcha del próximo domingo 6 de septiembre. “A las 13 horas van a estar los distintos miembros de las religiones. Va a haber un acto. A las 14 se abre la marcha por el puente hasta el punto que podemos llegar. Ahí se va a hacer la proclama y ahí se disuelve la marcha”. “Tenemos que seguir haciendo fuerza para que no termine esto en un fallo salomónico sino que termine en una sentencia que declare que Uruguay ha violado el Estatuto del río Uruguay y que Botnia, con su actividad, está contaminando las aguas del río Uruguay. Por eso caminamos, por eso marchamos porque además, como nos ha comentado la doctora Ruiz Cerruti que lleva a cargo el proceso por parte de Argentina en la corte de La Haya, es habitual que reciban diariamente todas las publicaciones atinentes a cada caso”, comentó Ana María Angelini. Por su parte, Carlos Goldaracena contó que hace un mes aproximadamente estuvieron en la Secretaria de Medio Ambiente de la Nación y “ahí se nos explicó todas las pruebas referentes a la contaminación de Botnia. Ya no hablamos más de tentativa de contaminación, ya hablamos de contaminación. Yo creo que las pruebas que se van a presentar van a demostrar lo que nosotros venimos sosteniendo desde hace 5 años, que Botnia es una empresa contaminante”. Y añadió: “Ya hemos sentido en Gualeguaychú varios de estos efectos”. Por ejemplo, el escape de sulfhídrico, la mancha blanca, entre otros episodios que enumeró. Demanda del Ñandubaysal Luis Leissa, como uno de los abogados de la Asamblea, señaló: “Uruguay no sólo ha violado el Estatuto del río Uruguay como bien plantea el estado argentino en la demanda ante la corte internacional de justicia. Uruguay también se ha bloqueado jurídicamente y sigue violando normativa jurídica internacional absolutamente aplicable”. “Concretamente hay un tratado judicial de asistencia reciproca, que es el tratado de San Luis, que se firmó en el marco de lo que es el acuerdo del MERCOSUR donde Argentina, Brasil, Uruguay y Perú se comprometieron a suministrar pruebas, cooperar internacionalmente en lo que signifique las medidas judiciales que haya que adoptar para que funcionen en armonía”, explicó. Y continuó: “El propietario del balneario Ñandubaysal planteó una demanda en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y Uruguay se negó sistemáticamente, en violación de este tratado de San Luis, a notificar a la empresa Botnia pese al requerimiento de la Cancillería Argentina. Es decir, operó una especie de bloqueo”. “Hubo que hacer una medida absolutamente heterodoxa que el dr. Moreno Navarro, como apoderado del balneario, tuviera que notificar a través de un escribano público y a raíz de eso recién se presentó Botnia por primera vez en la justicia argentina”, indicó. También recordó que está la causa penal por tentativa de contaminación, que fue una denuncia hecha por el ex gobernador y vicegobernador Jorge Busti y Guillermo Guastavino, en la cual “estamos viendo la posibilidad de pedir que se los cite por edicto”. “De que sirve todo esto –prosiguió-. Para demostrar que Uruguay no sólo viola el Tratado del río Uruguay, no sólo tiene una postura absolutamente indefendible sino que también se niega a someterse a la justicia tanto argentina como uruguaya”. A su vez “otro damnificado argentino, que es el propietario de la estancia La Victoria, el señor Guillermo Felber, ha promovido una demanda a la República Oriental del Uruguay. Esa demanda está absolutamente bloqueada, va a pasos muy lentos. Ha contado con la absoluta complacencia del poder judicial uruguayo que, alineado detrás del ejecutivo, lo único que ha hecho es bloquear el reclamo de un argentino”. “Acá parece que hay una lógica binaria. Que Uruguay es el país víctima y Argentina es el país agresor y victimario. Es tan cierto que Uruguay es un país entrañablemente unido a nuestra historia, es un país querible, que a muchos nos gustan las costas uruguayas pero también es cierto que el Uruguay está violando, está eligiendo un modelo de desarrollo que nosotros no queremos y está apostando al monocultivo contrario a lo que nosotros queremos”. Y concluyó: “Es un país que en este sentido se ha apartado de la normativa jurídica internacional y esperamos que la corte de La Haya, a partir del 13 de septiembre también lo verifique, lo constate y lo ratifique”. Más actividades En otro orden, Cristina Limba anticipó que entre el 14 de septiembre y el 2 de octubre “les vamos a ir anunciado algunas acciones que se van a ir haciendo, algunas en Gualeguaychú y otras fuera de la localidad”. En este sentido Goldaracena especificó que “el 14 de septiembre viene un profesor europeo, Marcelo Conti, que es una ambientalista diplomado en investigación de problemas ambientales”.