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l Consejo General de Educación (CGE) decidió cambiar la modalidad de contratación de los docentes que ejercen la tarea de tutorías o acompañamiento de alumnos, que de ahora en más ya no serán incorporados de manera discrecional por decisión de los directores departamentales de Educación, sino que se lo hará mediante una selección de la que, además, participarán el supervisor de nivel y también el delegado de la Dirección de Jóvenes y Adultos. Son tres los tipos de tutorías que se desarrollan, una apunta a la “prevención del fracaso escolar”, mediante acciones tendientes a apoyar el trabajo del docente de una escuela primaria de adultos; otra es para “fortalecer” el desarrollo de la escuela secundaria semipresencial; y la última, se enmarca en el plan para jóvenes denominado Más y Mejor Trabajo, todos con financiamiento del Ministerio de Trabajo de la Nación. Aunque la contratación se hará de una manera peculiar: será mediante contratos a término, por un plazo de siete meses, y se les pagará una suma que equivale al 50 % del mínimo que cobra un maestro de grado sin antigüedad. Se trata de un sueldo mensual de 1.000 pesos (el mínimo de bolsillo garantizado entre la docencia está en 1.490 pesos), aunque con la obligación de estar inscriptos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como monotributistas. Para el desarrollo de ese plan, la Provincia recibió de la Nación un aporte de 1,5 millones de pesos, fondos con los cuales se abonará el trabajo de “tutoría” de unos 55 docentes en todo Entre Ríos. Siete meses La resolución Nº 2.559 del Consejo de Educación, del 14 del actual, aprobó las pautas de contratación de los docentes tutores, con los criterios “para la selección de docentes en tareas de tutorías”, los que serán “designados por medio de contratos de carácter monotributista de acuerdo a la normativa contable vigente, por el término de siete meses”. “El director departamental de Escuelas deberá convocar, por los medios de comunicación, para la presentación y posterior selección de los docentes tutores, informando los perfiles, funciones y requisitos. Conformará luego una comisión, la que presidirá y estará integrada por el supervisor de nivel que corresponda, y el coordinador departamental de Educación de Jóvenes y Adultos”, Según indicaron desde Educación, esa comisión será la responsable de seleccionar a los docentes “teniendo en cuenta puntaje, orden de méritos y presentación del proyecto correspondiente. Los que se presenten sin credencial, deberán entregar carpeta con antecedentes. Posteriormente, deberá emitir informe a la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos c on los datos de los docentes seleccionados”. Los requisitos que exigen para presentarse a la convocatoria es ser docente activo, poseer título docente o “supletorio”, no desempeñar cargos de director o vicedirector; no estar jubilado, y tener conocimientos “básicos sobre herramientas informáticas: saber utilizar procesador de textos y correo electrónico”. Un "blanqueo" Joel Spizer, director de Educación de Jóvenes y Adultos del Consejo de Educación, dijo que la idea es “blanquear una situación que se venía realizando desde años anteriores. Hasta ahora, las designaciones de docentes se hacían en cada una de las Departamentales de Educación, mediante contratos de obra, porque no son fondos de Educación, sino del Ministerio de Trabajo, y la única forma de pagarlos es mediante la firma de ese tipo de contratos. Ahora, no es que hay un concurso, pero la selección se hace de manera menos subjetiva y sin que intervengan los amiguismos. De ese modo, se selecciona personal que viene a fortalecer las capacitaciones laborales, los centros educativos, y lo que tenemos de secundario semipresencial, con el trabajo de los docentes tutores”. Aunque todos los que se presenten –las convocatorias ya están en marcha en toda la provincia—realizarán distintas tareas pedagógicas, todos percibirán el mismo monto, 1.000 pesos, y contra presentación de factura. La resolución Nº 2.559, que creó el sistema, destaca que “resulta necesario contar con un marco general adecuado que guíe las funciones de aquellos docentes tutores comprometidos con la formación de los estudiantes y que posean interés especial en acompañar a los alumnos durante sus estudios obligatorios”. Aunque la medida ya generó el malestar de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que la calificó como una práctica de “precarización laboral” y que patentiza una decisión política de “rebajar salarios”. Pedirán que se deje sin efecto La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) tiene previsto en breve iniciar acciones sindicales que apunten a lograr que el Consejo de Educación “derogue” la resolución que permitirá contratar a docentes tutores por un salario de 1.000 pesos mensuales, durante siete meses. “Es favorable que haya convocatorias abiertas, y que se deje sin efecto las designaciones a dedo. Pero es lamentable que el Ministerio de Trabajo disponga en la provincia lo que para ellos vale el trabajo docente, esto es 1.000 pesos en primaria y secundaria”, fustigó Roque Santana, titular de la seccional Paraná de Agmer. En ese contexto, denunció una práctica que, aseguró, apunta a “la precarización y la rebaja salarial”, impulsada por el propio Ministerio de Trabajo. “Esta norma pone en demasiada precariedad a los docentes. Pero además, con este acuerdo, el Consejo de Educación le permite demasiada injerencia del Ministerio de Trabajo en delinear la política educativa en la provincia. Acá se habla de que el rol del tutor será de apoyo pedagógico donde se observe fracaso escolar. Eso es injerencia. Pero además, quien debe asegurar el derecho a la educación es el CGE, no el Ministerio de Trabajo”, afirmó. Santana ponderó la necesidad de que haya un necesario nexo entre comunidad y escuela, pero a la vez resaltó que esa tarea debe llevarse delante de modo “articulado”, como se realiza en Río Negro, “donde hay una figura de asiste educacional, que es un trabajador social, que hace el nexo entre comunidad y la escuela, y los fines son educativos. Acá no. Acá los fines son para la formación mano de obra”. Pero además, la forma de contratación, monotributistas inscriptos en la AFIP y contra la presentación de factura, les reportará al docente en vez de 1.000, solamente 870 pesos. “Eso significa pérdida de aporte a la Caja de Jubilaciones y a la obra social, y eso genera mayor déficit en esos organismos”, puntualizó. Aunque resaltó que las violaciones más importantes son a la letra de la Constitución, que establece a igual trabajo igual remuneración, y a la Ley de Educación, porque no se tienen en cuenta los derechos tanto del docente como de los alumnos. Agmer, en estado de alerta El plenario de secretarios generales de Agmer se declaró en estado de alerta y emergencia y sentó posición sobre una serie de puntos relacionados con salarios, presupuesto educativo 2010, sistema previsional y condicionales laborales. Y además, definió la convocatoria al próximo congreso de la entidad, que tendrá lugar el 9 de septiembre, en Villa Elisa. Los congresales de Agmer plantearon que “si el Presupuesto 2010 tiene las mismas características presupuestarias que el de 2009, está vaticinando serios problemas, porque está claro que no permite cubrir las necesidades integrales del sistema educativo”. Respecto a los salarios, el gremio se sumó al planteo hecho por otros sectores, y reclamó un incremento del 25 % “confeccionando un proyecto de ley de emergencia salarial para presentar a la Legislatura, que contempla de dónde saldría el dinero para tal recomposición, de agosto a diciembre de 2009”. También ratificó “la defensa del sistema previsional (Ley 8.732). Nos preocupa que se vayan creando condiciones para la armonización, que significaría ir a la baja y perder derechos. Así como en los 90 resistimos la transferencia de la Caja a la Nación, por coherencia histórica, principios y convicciones nos mantenemos alerta ante cualquier intento de homologación al régimen nacional”. Y rechazó el texto de la resolución 2.559 “que aprueba las pautas para la convocatoria a la selección de docentes tutores en el marco de un protocolo firmado entre el Ministerio de Trabajo y el CGE. Estas pautas imponen contratar a docentes en carácter de monotributistas, con una remuneración de 1.000 pesos. Rechazamos esta modalidad de ingreso, por tratarse de contratos basura, y porque no vamos a aceptar que el salario de un docente sea de mil pesos. La escuela no es una empresa y la educación no es una mercancía”. (Fuente: El Diario)