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ontra lo que preveía una primera redacción, el dictamen, ahora, ya no prevé instancia de apelación de las resoluciones del Consejo. Con la ronda de consultas a los representantes de la sociedad civil, la Cámara de Diputados trabaja por estas horas en terminar de definir el proyecto de ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura (CdM). El organismo asesor del Ejecutivo, en materia de nombramiento de jueces y funcionarios del Poder Judicial, fue creado por Decreto Nº 39 de diciembre de 2003, en los primeros días de la tercera gestión de Jorge Busti. Hoy, tras la reforma de la Constitución provincial, el cuerpo ganó presencia en el artículo 180 de la Carta Magna. Y corresponde ahora que el Poder Legislativo dicte la ley reglamentaria para su funcionamiento. Según lo previsto por la Cámara baja, se pondrá en consideración el miércoles un dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General que se elaboró en base al proyecto del oficialismo al que se incorporaron propuestas de las bancadas opositoras. En lo sustancial, la ley ratificará en 30 artículos las reglas de juego del organismo tal como funciona actualmente por imperio del decreto y de una serie de resoluciones desde 2003 a esta parte. “Lo que ha funcionado bien hasta el momento no vemos por qué habría que cambiarlo”, explicó el diputado Daniel Bescos, presidente de la Comisión de Legislación General. Última palabra Habrá, sin embargo, algunas cuestiones respecto de las cuales la ley acotará los márgenes de cuestionamiento a las evaluaciones y resoluciones que adopte el CdM. Concretamente, la futura ley le dará el carácter de inapelable a las decisiones del CdM. Si bien en una primera redacción, el oficialismo había previsto una instancia recursiva ante el Superior Tribunal de Justicia, esto fue desestimado finalmente. En cambio se adoptó el criterio de la bancada radical que en su proyecto no habilitaba ninguna instancia de queja. “Se va a valorar la prueba de antecedentes, la oposición, la entrevista. Es un proyecto que no deja posibilidades de más transparencia en el proceso”, defendió Bescos la decisión que no haya “posibilidad de recurrir en queja”. “Hemos sabido por los consejeros que es muy difícil conformar un jurado, lleva tiempo, un determinado método. El proceso es transparente. No podemos abrir la puerta a una historia que no termine nunca”, dijo Bescos y hay antecedentes que le dan la razón. El diputado puso además de relieve que se apuntará a “un marco de equidad” para la valoración de los profesionales que vengan de la actividad privada, del Poder Judicial o que hayan actuado como funcionarios. “Todo eso está previsto en el artículo 18º”, enfatizó al tiempo que añadió que se apuntará a fortalecer las garantías del anonimato. Puntaje También habría cambios en la vigente asignación de puntajes a los postulantes. Actualmente la distribución de puntos es la siguiente: 40 puntos por antecedentes, 40 por oposición y 20 para la entrevista; ahora la ley dispondría un incremento en la prueba de oposición que se elevaría a 45 puntos máximos en desmedro de la entrevista que pasará a significar 15 puntos de un total de 100. Este asunto fue especialmente observado por los consejeros que representan a la sociedad civil. Es que estos sectores han tenido su protagonismo en la entrevista o audiencia pública contra las otras dos instancias más netamente jurídicas. “Para la sociedad es importante tener jueces probos y eso lo medimos, claramente, en la entrevista”, afirmó el consejero Ricardo Sánchez. “Hay quienes dicen que hay allí una instancia muy subjetiva que termina por definir el resultado. Nosotros consideramos que tiene que ser así. Es el momento donde se miden los valores de una persona más allá de su saber profesional”, enfatizó el dirigente. Pese a esta opinión, y tal vez atendiendo a un planteo que sólo por lo bajo han formulado los otros claustros del consejo, el proyecto de ley reduciría los puntajes de la entrevista a favor de la instancia de oposición. Respecto del modo de evaluar los antecedentes, se fijarán pautas en la ley que apuntarán a “la igualdad” al momento de evaluar las carreras de cada postulante. Integración del organismo Desde la primera redacción del decreto Nº 39 a la fecha se ha modificado apenas la integración del organismo asesor en el nombramiento de jueces. Se sumó un nuevo integrante de la sociedad civil: en un principio era un miembro, ahora son dos. También se añadió, luego, un nuevo representante del claustro académico que pasó a tener tres delegados: uno por la Universidad Nacional del Litoral (UNL); otro por la Universidad Católica Argentina (UCA) subsede Paraná; y recientemente, se incorporó un tercer miembro de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) que también forma abogados entrerrianos. Fue opinión de varios sectores, pero particularmente de la representación de la sociedad civil, que se reduzca a dos representantes el claustro académico: uno por la universidad pública y otro por las privadas rotando entre estas instituciones para la integración del CdM. Hasta ayer, el proyecto de ley no se había modificado y seguían siendo tres los representantes de los docentes universitarios, aún cuando hay quienes anticipan que esta redacción habilitaría a nuevas instituciones privadas a pedir su integración en el cuerpo. Finalmente, el texto que será puesto a consideración mañana contempla la existencia de once miembros, un por el Ejecutivo; otro por los trabajadores judiciales; dos por la sociedad civil; tres académicos; dos abogados; y dos por los magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Fue propuesto, inicialmente, por el claustro de los trabajadores de la Justicia pero el planteo fue tomado por la representación de la sociedad civil. Finalmente, tendrá forma en el proyecto de ley. Se trata de incluir, en la evaluación de los postulantes, un examen psicofísico que pueda medir el equilibrio emocional y la salud de una persona al momento de desempeñarse como magistrado. (Fuente: El Diario)