E

l decreto de rescisión de la concesión no se completó con la inscripción de bienes muebles e inmuebles a nombre de Enersa, sobre muchos de los cuales cayeron embargos. El 1° de mayo de 2005 el ex gobernador Jorge Busti firmó el decreto N° 2.154 que supuso el certificado de defunción para la compañía privada que manejaba la concesión del servicio eléctrico en la provincia, la Empresa Distribuidora de Electricidad de Entre Ríos SA (Edeersa). A la vez, significó la reestatización del negocio, con el surgimiento de Energía Entre Ríos SA (Enersa). El artículo 9° de ese decreto puso en manos de Enersa todos los bienes muebles e inmuebles propiedad de Edeersa, y que estuviesen “afectados en forma directa o indirecta” a la prestación del servicio, y se ordenó su inscripción en los Registros de la Propiedad, con intervención de la Escribanía Mayor de Gobierno. Cuatro años después de aquella decisión, esa operación de reestatización del servicio eléctrico –había sido privatizado en 1996— no ha podido cerrarse del todo, y el Estado aún continúa pagando deudas que dejaron los privados. El pleito de mayor envergadura que tiene por delante es el reclamo de tres ex gerentes de Edeersa, Jaime Javier Barba, Hugo Sergio Testa y María Eugenia Novatti, que entre los tres reclaman una indemnización por despido que ronda el millón de pesos, sin actualizar. Tres fallos que dictó en forma sucesiva a lo largo de 2008 el titular del Juzgado Laboral N° 4, Santiago Morande –en las causas “Testa, Hugo Sergio c/Energía Entre Ríos SA (Enersa), y otros dos. Cobro de Pesos”; Barba, Jaime Javier c/Edeersa y otros dos. Cobro de Pesos”; y Novatti, María Eugenia c/Energía Entre Ríos SA (Enersa) y otros dos. Cobro de pesos”—quebraron la tesitura de la Provincia, respecto a que las deudas de los privados quedaron a cargo de los privados. Morande condenó en forma “solidaria” a Edeersa, Enersa y el Gobierno de Entre Ríos y ordenó pagar una suma próxima al medio millón de pesos a Testa, Barba y Novatti, aunque esa suma no contiene las actualizaciones, y es la mitad de lo que pretendían los ex ejecutivos. Aunque el meollo de la sentencia del magistrado está en otro lado: dijo que el decreto que firmó Busti supuso un “vaciamiento” de Edeersa al transferir bienes muebles e inmuebles y créditos por cobrar a nombre de Enersa, lo que incluso tornó “ilusorio” la posibilidad de que los empleados que estaban en pleito con los privados pudieran cobrar sus acreencias. En ese sentido, también avanzó sobre la Ley N° 8.916 de Marco Regulatorio Eléctrico que, a criterio de Morande, “si permite la extracción de todo aquello que permite la concreción efectivo de la acreencia de un trabajador, haciendo que el cobro de su crédito sea ilusorio, está violando la protección contra el despido arbitrario, que goza todo trabajador argentino, plasmada en forma categórica por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”. Claro, las tres sentencias de Morande fueron revocadas por la Cámara del Trabajo, pero ahora llegaron al Superior Tribunal de Justicia (STJ) con un recurso de inaplicabilidad de ley, promovido por los representantes legales de los ex ejecutivos de la distribuidora eléctrica. Allí, las sucesivas instancias de mediación han fracasado, sin acuerdo de partes. A remate En el Gobierno dicen que hubo “puntos negros” en el decreto de estatización, y nunca se llegaron a transferir de modo efectivo los bienes y propiedades de la ex Edeersa e incorporarlos al patrimonio de Enersa, con la inscripción respectiva. Por eso, una decena de juicios laborales que quedaron pendiendo consiguieron sentencias favorables, y la orden judicial de pagar las acreencias mediante el remate en subasta pública de propiedades y vehículos afectados directamente a la prestación del servicio eléctrico, que todavía permanecían a nombre de la ya extinta Edeersa. Uno de los caminos que se había escogido para “salvar” propiedades y vehículos de los remates fue la compra en subasta por parte de Enersa, pero el trámite resultaba demasiado oneroso al fisco, según una evaluación conjunta que hicieron tanto la Fiscalía de Estado como la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación. Por eso, el gobernador Sergio Urribarri firmó un decreto por el cual autorizó al pago de las deudas laborales residuales de la ex Edeersa, y que según una primera evaluación serían aproximadamente diez. Ese camino, dijo ayer una fuente del Gobierno, se seguiría en el caso de las demandas planteadas por tres altos directivos de la ex prestataria del servicio. Sucede que el director general de Edeersa, Jaime Javier Barba, reclama una suma, sin actualizar, de 422.118,78 pesos, y para ejecutar esa deuda trabó embargo sobre el centro de distribución que posee Enersa en bulevar Racedo al 500. Para evitar el remate, el Estado pagará esa deuda, y mantendrá el edificio afectado al servicio. De ese modo, estiman en el Gobierno, difícilmente se llegue a una sentencia en la causa que está ahora en trámite en el STJ. “Van a cobrar la deuda, y la causa se va a declarar abstracta”, contó un funcionario que conoce de cerca la negociación. (Fuente: El Diario)