D

e la redacción de INFORME DIGITAL Pese a que el Instituto obra social de la provincia de Entre Ríos (Iosper) levantó su receso administrativo por la emergencia sanitaria hace casi un mes y que la Provincia ya autorizó a suspender las licencias a grupos de riesgo (embarazadas e inmunodeprimidos) por la gripe A, las denominadas miniagencias siguen sin habilitarse, con lo que los vecinos de los barrios quedan sin la posibilidad de hacer los trámites cerca de su casa. Sin embargo, a esta se suman otras situaciones que, según denuncian desde el Sindicato de empleados del Iosper (Seosper), la obra social arrastra desde hace tiempo. Fue llamativa la respuesta que dio a INFORME DIGITAL el miembro del directorio Ramón Demczuk sobre las causas del no funcionamiento de las agencias barriales y del hospital San Roque en el caso de Paraná, aduciendo como argumento la emergencia sanitaria que terminó hace 20 días y las licencias por la gripe A que fueron suspendidas a fines de la semana pasada. Asimismo, el funcionario del Iosper dijo que la reapertura de las agencias “se está evaluando pero a principios del mes que viene ya se van a reestablecer todos los servicios”, aunque al ser consultado sobre si esto está confirmado respondió, dubitativamente que “lo estamos tratando en el directorio”. La versión del sindicato Por su parte la secretaria gremial del Seosper, Cristina Juri, dijo a INFORME DIGITAL que los motivos del cierre de las agencias no son los que aduce el directorio y dejó entrever relación con la implementación de las tarjetas magnéticas para obtener órdenes de consulta: “No puede ser que por una tarjeta magnética un afiliado deje de tener en su barrio una boca de expendio. Trasladaron al personal más de seis kilómetros de donde trabajaba, le cambiaron el horario y todo esto quedó en la nada”. “No sé cual es la cuestión, pero las agencias tendrían que estar abiertas, porque la gente tiene derecho a tener en sus hospitales en la Escuela Hogar, cerraron la de 19 de Septiembre que estaba en Corrales. Acá vienen los afiliados y se quejan al gremio, pero son cuestiones del directorio", aseveró. A la justicia por persecución gremial Respecto de las denuncias por persecución, Juri apuntó contra el titular de la obra social Silvio Moreyra: “Hace dos años que viene. A mí saca de un cargo, me reduce los adicionales siendo la secretaria general de un gremio. A todos los demás compañeros de la obra social que eran del sindicato les sacó los adicionales, los fue trasladando. Ahora a los delegados que pidieron permiso gremial para hacer un trabajo en el interior les descontó de los haberes los días cuando por ley le corresponde. Hicimos una asamblea el viernes y nos mandó afuera. No dio un lugar digno cuando la asamblea fue mayoritaria”. “Un directorio cuyos integrantes tienen origen gremial le prohíbe al sindicato legítimamente conformado que funcione dentro de la obra social. Evidentemente hay cosas que no quieren que nos enteremos”, consideró y comentó que le entregaron un petitorio al ministro de Salud y Acción Social Angel Giano pidiendo explicaciones “porque nosotros elevamos notas, propuestas y no nos contestaron entonces nos dirigimos al ministro. Dentro de éstas está la persecución gremial, un decreto del gobernador de hace un año y dos meses que no lo ponen en vigencia, referente a mi tema; pedimos que se devuelva la plata a los delegados, aunque de todos modos presentamos un amparo sindical en Juzgado Laboral Nº2”.