Domingo 16 de agosto de 2009
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Interés general
Le quitaron la jubilación a un ex jefe comunal
La irregularidad radica en que el ex intendente presentó documentación a la Caja de Jubilaciones acreditando una antigüedad de casi 35 años, pero una auditoría determinó que en realidad los años de aportes habían sido mucho menos.
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Se comprobó que no tuvo 35 años de aportes.

L

a Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos detectó que el ex intendente de Seguí, Alberto Widner, falsificó los datos con los que probó los años de aportes necesarios para acceder al beneficio jubilatorio, que tramitó y obtuvo en 2007. Y por eso suspendió el pago del haber a partir de agosto, aunque el caso podría tener otras derivaciones ya que la Fiscalía de Estado provincial iniciará la declaración de lesividad ante la Justicia entrerriana. En realidad, la declaración de lesividad de esa jubilación ya está contenida en el texto del decreto N° 2.632 que el gobernador Sergio Urribarri firmó a fines de junio último, aunque requiere de su ratificación en los tribunales. Pero la suspensión del pago del beneficio comenzará a operar a partir de este mes, según confirmó el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Daniel Elías. La irregularidad central radica en el hecho de que Widner, empleado de planta del Municipio de Seguí, actual miembro de la Junta de Fomento de esa localidad, presentó documentación a la Caja de Jubilaciones acreditando una antigüedad de 34 años, 11 meses y 28 días, pero una auditoría del organismo previsional determinó en realidad que los años de aportes habían sido mucho menos: 27 años y 4 meses. LOS HECHOS. Widmer, del Partido Justicialista, ocupó la Intendencia de Seguí, localidad ubicada a 50 kilómetros de Paraná, hasta 2007: ese año buscó la reelección, pero perdió la interna a manos del actual jefe comunal, Cristian Treppo. Ese mismo año inició las gestiones para acceder a la jubilación, y al ser empleado de planta de la Comuna, rubricó con su firma la planilla de acreditación de los años de servicio, 34 años, 11 meses y 28 días en el ámbito laboral municipal. “Se jubila ordinariamente, completó los años necesarios según constaba en el expediente. En principio, no presentaba ninguna cosa que hiciera pensar lo contrario, nada que nos hiciera dudar del beneficio de jubilación ordinaria –dijo el titular de la Caja—. La jubilación se le otorgó. Pero a partir de una denuncia que recibimos, comenzamos a investigar. Nos constituimos con una auditoría en el Municipio, que yo mismo impulsé. Esta auditoría determinó una incongruencia entre la información que constaba en el Municipio y la información que había sido agregada al expediente, y que llevaba la firma del propio ex intendente”. En realidad, el semanario Paralelo 32 publicó ayer que “por inquietud de un diputado de su partido, con el que Widmer se enfrentó políticamente”, Elías solicitó auditar el legajo de Widmer. Esa investigación permitió detectar que desde 1973 a 1980 se le habían pagado honorarios profesionales sin aportes, pero su relación laboral con la Municipalidad con aportes comenzó recién en 1985. En consecuencia, surge una antigüedad de 27 años y 4 meses de servicios, con lo cual la auditoría no permitió establecer los 30 años de servicios necesarios ni la edad requerida para la concesión de la jubilación ordinaria. Con esos elementos, el Poder Ejecutivo concluyó que “en el entendimiento de que ambos constituyen actos administrativos irregulares, susceptibles de nulidad absoluta, y en razón de que el interesado conocía el vicio que los invalidaba, como así también se sugiere la declaración de lesividad de los mencionados actos y la suspensión de sus efectos en sede administrativa”. CONSECUENCIAS. Como médico veterinario, Widmer se había desempeñado como responsable del control higiénico sanitario del Matadero Municipal y de Inspección Bromatológica desde el año 1973, aunque bajo una modalidad de contrato, sin aportes jubilatorios. Recién se regularizó su situación en 1985. Esa diferencia de años de aportes se convirtió en la piedra de toque que movió la investigación de la irregularidad. “Nuestra auditoría determina que, de acuerdo a los registros, hay una incongruencia de datos, que hizo variar esta base de cálculo. Así, en principio no le hubiera correspondido el beneficio”, asegura el titular de la Caja. “El decreto que firmó el Gobernador –añadió Elías— nos ordena, en primer, impulsar la declaración de lesividad, por lo que intervino la Fiscalía de Estado, y también nos indica la suspensión del haber jubilatorio. ¿En qué etapa nos encontramos en la Caja? Nosotros estamos en trámite de suspensión del beneficio, hecho que probablemente ocurra con los haberes del mes de agosto”. (Fuente: El Dario).-
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