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��Sospechamos que hubo un exceso de errores en las boletas y queremos investigarlos”, advirtió el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, en una conferencia de prensa ofrecida en Casa de Gobierno. En ese sentido, admitió que en los últimos dos días hubo un “aumento exponencial” de reclamos de usuarios ante el Ente Nacional de Regulación Eléctrica (ENRE) por incrementos registrados en las tarifas de luz. De Vido señaló que el programa PUREE “no tiene nada que ver con estos aumentos” y admitió que los ajustes podrían ser producto de liquidaciones mal realizadas por las concesionarias. “Tenemos el reclamo de los usuarios y estimamos que hay errores, no queremos ser mal pensados y los revisaremos”, consideró. Multas De Vido explicó que si las distribuidoras eléctricas cobraron de más deberán devolver esas sumas a los usuarios y advirtió que se les podrían aplicar multas. “Si hay errores en las facturas, tienen que emitirse de nuevo y si ya fueron pagadas, deberán devolver el dinero a los usuarios”, afirmó. Además, dijo que el “lunes o martes” ya van estar los resultados de la revisión de las tarifas del último bimestre. El funcionario realizó esas declaraciones al encabezar una conferencia de prensa en la Casa Rosada, junto al secretario de Energía, Daniel Cameron y el titular del ENRE, Luis Barleta. De Vido aclaró que si un usuario tuvo durante junio-julio igual consumo que en el bimestre anterior, no tendría que existir ningún tipo de incremento en las facturas. Ola de amparos judiciales frenó “tarifazo” de gas En al menos ocho provincias, tres partidos del gran Buenos Aires y grandes ciudades del interior y la costa bonaerense, la Justicia frenó los aumentos en las tarifas de gas, al aceptar los amparos presentados por entidades de usuarios, que esperan que las medidas se sigan extendiendo en el resto del país. Como consecuencia de estas medidas judiciales, las empresas de gas resolvieron enviar nuevas facturas del período mayo-junio, sin el Cargo Gas —que alcanza a casi la mitad de la facturación— en los distritos donde fueron aceptados los amparos. El Cargo Gas corresponde al importe a destinar al Fondo Fiduciario creado por el decreto 2.067/08 para solventar el pago de combustible importado y si al final ningún usuario lo abona, el Gobierno deberá afrontar unos 1.000 millones de pesos, según cálculos privados. A partir de la medida judicial, las distribuidoras deben dejar de percibir los aumentos bajo apercibimiento de incurrir en “desobediencia”, lo que derivaría en el inicio de un proceso penal. Sin embargo, como en todos estos casos se trata de una medida preventiva sin resolver la cuestión de fondo -esto es si el aumento es constitucional o no y el Gobierno estaba autorizado a aplicarlo—, en el caso de que la Justicia termine resolviendo en contra de los usuarios deberán hacer frente al incremento. Si son los usuarios los que resultan favorecidos por los fallos, las distribuidoras deberán dejar sin efecto el aumento y devolver las sumas percibidas o entregar un crédito a favor del usuario. Amparos Según la entidad de usuarios que encabeza Pedro Buseti, los amparos favorecen a más de la mitad de los consumidores residenciales alcanzados por el polémico Cargo Gas, implementado por decreto 2607/08, que derivó en ajustes de hasta el 245 %. “El fallo que más esperamos es el de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo. Deberá expedirse sobre una acción judicial en la que solicitamos la declaración de ilegitimidad y la nulidad del cargo tarifario”, señaló Anselmo Sella, defensor del Pueblo de la Nación. Por su parte, interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Antonio Pronsato, aseguró que el aumento se aplica solamente sobre el concepto Cargo Gas y alcanza “al 15,3 % de todos los usuarios residenciales del país”. “El aumento no es del 400 %. Eso es importante decirlo ¿Por qué? Porque ese es el aumento que hay con respecto al consumo, es decir cuanto uno más consume más gasta”, remarcó.