A
lmada, el secretario general de la Federación, dijo que ese recurso, junto con otros que dependen de los municipios, permitirá alcanzar el salario “mínimo, vital y móvil” del sector. El Congreso de la FESTRAM resolvió este viernes, por unanimidad, reclamar al gobernador Sergio Urribarri que los fondos nacionales que se destinan a los municipios se afecten a Rentas Generales. “Así podremos alcanzar el salario “mínimo, vital y móvil” dijo Almada tras recordar que esa característica logró rango constitucional en Entre Ríos, en el año 2008. La decisión se tomó en el marco del Congreso celebrado en Paraná y del que participaron más de 22 sindicatos,donde además acordaron respaldar el proyecto de ley de la diputada nacional por Entre Ríos, María de los Angeles Petit, por el que pidió al Poder Ejecutivo Nacional que autorice a los gobiernos provinciales y municipales a utilizar en gastos corrientes los montos coparticipables por las retenciones a la soja. Entre los argumentos, la legisladora había marcado que “la realidad impuesta por la crisis económica que sufren las instituciones municipales se refleja especialmente en la merma de fondos derivados de sus sistemas de recaudación propios, así como de la disminución de los provenientes de los sistemas de coparticipación de impuestos nacionales y provinciales". Durante el Congreso, el secretario general de la Festram, el diputado Juan Carlos Almada, remarcó la necesidad de que los recursos que llegan a la provincia sean destinados a los municipios para lograr el aumento de sueldo que necesitan los trabajadores municipales. “Nuestra filosofía es que el problema de un solo trabajador municipal es el problema de todos los trabajadores municipales. En los conflictos grandes, hemos tenido el compromiso y la suerte de estar acompañados; pero, para los patriarcas que creen que los municipios son sus principados, es bueno advertirles que llegó el final” aseguró Almada A su vez, resaltaron “la importante masa de trabajadores transitorios en situación de precariedad laboral, con contratos basura, donde los trabajadores no tienen derecho a igual remuneración por el mismo trabajo, sin salarios familiares, sin adicionales, a expensas de la voluntad política, algo que se busca erradicar desde hace décadas y que fue receptado por la nueva constitución, ya que el "principio de primacia de la realidad" es algo que las autoridades deberán asumir en muy poco tiempo”.