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na difícil situación no sólo económica sino institucional se está viviendo en la Municipalidad de Federación. Por un lado, las deudas acorralan a la gestión de Manuel Abreu y por el otro, las “desobediencias” judiciales en las que incurrió la comuna, ha generado de las más variadas versiones sobre el futuro del intendente. Las diferencias de criterios, entre el Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante, pese a que el oficialismo cuenta con mayoría, tensa la relación entre ambos poderes. El propio Abreu, según dijo ayer en conferencia de prensa, que no descarta que el conflicto generado sea por las disputas internas de su propio partido. Más allá de lo político, lo cierto es que en el Juzgado de Federación existen unas cuentas denuncias para que se investigue si el intendente incurrió en ilícitos (entre ellos mal desempeño de sus funciones, malversación de caudales y abandono de persona), al no entregarle en tiempo y forma las viviendas a los menores discapacitados, tal como se había acordado en un convenio judicial. Vencido el plazo establecido de 270 días, el abogado Lucas Román, quien representa a los menores discapacitados interpuso, días pasados, una denuncia para que se investigue si el nuevo incumplimiento del jefe comunal no se encuadra en el delito de “abandono de persona”, agravado por el estado de las víctimas”. Concejo Plantada la denuncia, el Concejo Deliberante se convocó en sesión extraordinaria, y resolvió contratar a un asesor legal externo a la comuna para que se expida, aunque no será vinculante su opinión, sobre el planteo judicial entablado. Con el voto de los cuatro concejales de la oposición (UCR) y dos de los seis del oficialismo, el cuerpo contrató al abogado Iván Drí, quien determinará si los hechos que se denuncian se encuadran en los supuestos que establece la Ley 3001, en el artículo 80 y 104, inciso 6 y 7. El asesor explicó que si bien su informe no será vinculante, “a mi me contratan para que jurídicamente determine cuáles podrían ser los pasos a seguir, en caso de comprobarse las irregularidades o ilícitos que se le endilgan al jefe Municipal”. Aunque el Concejo Deliberante no fijó fecha para que el abogado presente un informe, el propio Drí adelantó a este medio que enviará su escrito el lunes, ya que para el miércoles fue fijada una nueva sesión. Sin adelantar su opinión, el asesor contratado por el Cuerpo Deliberativo, explicó que tal como lo establece la Ley de Municipios (3001) “son muchos los pasos” que podría tomar el Concejo Deliberante, en caso de que efectivamente los hechos que se denuncian constituyan irregularidades o ilícitos. Uno de ellos, señaló citando a la legislación vigente, es la que fija el artículo 104, inciso 6 y 7. “Más allá de la valoración jurídica que deba hacer yo, será el cuerpo deliberativo quien tome la decisión política sobre el caso”. En ese sentido, señaló que “dentro de los pasos a seguir, por el Concejo Deliberante si es que consigue la mayoría, es la destitución; otra es que se pida la intervención a la Justicia Electoral para que revoque su cargo y se convoque a una nueva elección; también se podría interponer una denuncia penal u otro de los pasos, si no existe ilícito alguno, es archivar el expediente”. “Lo que detallé son los pasos que podría tomar el Concejo, tal como lo establece la Ley 3001. Voy a constituir mi opinión, que será apolítica, cuando termine de estudiar el caso y la decisión política será del Concejo Deliberante”, reiteró Drí. Sin diálogo “Nos vimos en la necesidad de convocar a un asesor legal externo, porque el abogado que hizo la denuncia remitió una carta al Concejo Deliberante en la que nos solicita que tomemos las medidas que creamos convenientes”, dijo Marcelo Rastelli, presidente del Concejo Deliberante. “Queremos que el abogado nos asesore qué medidas debemos tomar respecto a los que se denuncia”, indicó el edil, al tiempo que reconoció que existe una tensa relación entre el Ejecutivo y el Cuerpo Deliberantivo de Federación. El presidente dijo que como representantes de un poder independiente se ven en la obligación de “salvaguardar los intereses de la ciudad de Federación” y anticipó que sólo les queda esperar el dictamen de Dri para tomar una decisión”. A modo de defensa, el intendente ofreció ayer una conferencia de prensa y consideró que el conflicto generado en Federación es “una chicaneada política del oficialismo y la oposición”. “Es una maniobra política que inventaron algunos compañeros junto a la oposición, precisamente el presidente del Concejo Deliberante Marcelo Rastelli, junto a una concejal que es del justicialismo y está en contra de esta gestión; son chicaneadas políticas que tenemos que lamentar”. Viviendas Cuando fue consultado por las cinco familias que fueron excluidas del plan de viviendas del IAPV, Abreu dijo que “las familias no reunían las condiciones exigidas por el IAPV, había una sola persona que tenía el certificado de discapacidad y lo presentó fuera de término”. “El IAPV ni siquiera los tuvo en cuenta. Por esta situación presentan un recurso de amparo, que frenó la entrega de 60 viviendas, y ante esta demora que trae consigo el deterioro de las casas, con buena voluntad gestionamos ante la provincia para poder destrabar la situación, entregar las viviendas y comprometernos a darles una vivienda digna a estas familias”, explicó. (Fuente: El Diario)