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n horas del mediodía de este lunes, el presidente de CAFESG (Comision Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande), Hugo Ballay, realizó una presentación judicial ante el Fiscal de Turno, Fernando Martínez Uncal, por la toma del “hall” central y galerías del edificio sede del organismo, “siguiendo las precisas instrucciones impartidas por el Directorio”, que se reunió horas antes en el salón de los intendentes de la Municipalidad de Concordia, se expresó a INFORME DIGITAL. Ballay explicó que “el artículo 180 del Código Procesal Penal me impone la obligación, como funcionario público, de denunciar los delitos perseguibles de oficio que pudieren cometerse contra bienes del Estado”. En función de ello, el presidente del organismo relató ante el fiscal que “el 22 de julio próximo pasado, un grupo de más de 60 personas tomó el edificio de CAFESG solicitando, según sus propias palabras, que los legisladores provinciales reglamenten el artículo 24 de la nueva Constitución Provincial, que les aseguraría un subsidio para costear su alimentación” “Desde ese entonces –prosiguió Ballay– los manifestantes se instalaron en el hall central y galerías del organismo público, ocupando baños e impidiendo con su presencia el normal funcionamiento de la institución”. El titular de CAFESG identificó como “coordinador del accionar de estas personas al señor Juan Retamar”. Precisamente, a media mañana de este lunes, Ballay habría “concurrido por enésima al edificio sede de San Juan y Cadario para reunirse con la docena de manifestantes que permanece dentro del establecimiento y había invitado a participar del encuentro a Retamar, quien se negó a ingresar para mantener su protesta en el exterior del inmueble del Estado provincial”, aseguraron. “En esa reunión les anticipé a los manifestantes que me veía obligado como funcionario público e instruido por los asesores legales del organismo, a realizar una denuncia judicial del hecho en sí, que es lo que hice, no de las personas que llevan a cabo la toma”, afirmó. En ese sentido, Ballay desmintió “categóricamente” que haya puesto “un plazo de una hora”, o amenazado “con una desocupación por la fuerza del edificio”, como habría dejado trascender Retamar por los medios. “La verdad que mi conversación con los manifestantes dentro del establecimiento fue muy amena, sincera y frontal, como en las innumerables reuniones mantenidas a toda hora en los últimos días, por eso me sorprenden los dichos de Retamar, con el cual hasta el momento había mantenido un diálogo franco”, indicó. “Es más –agregó Ballay– en todo momento Retamar me reconoció que no es CAFESG el organismo que debe responder a sus reclamos”. Entre otros considerandos de la denuncia, Ballay argumentó que “desde el miércoles 22 los manifestantes se quedaron dentro del edificio, ingresando colchones y demás elementos, por lo que, en resguardo de los bienes de la administración pública (pues allí funcionan las áreas técnicas, contable y tesorería, entre otras) y de la propia integridad física de los empleados, se tuvieron que suspender todas las actividades administrativas, lo cual continúa hasta el día de hoy con el consiguiente perjuicio que ello acarreará a las arcas provinciales”. Ballay también comentó que “todo lo actuado hasta el momento fue avalado por unanimidad por el Directorio de CAFESG, con la sola salvedad de la denuncia judicial, decisión que no fue acompañada por los vocales de la oposición, Marcelo Spinelli y Alcides Miñones”. “La toma u ocupación del organismo público impide a los funcionarios públicos cumplir los actos propios de sus funciones. El cese de las actividades es total, lo cual produce un perjuicio evidente a la administración pública”, expuso por último Ballay ante el fiscal, para luego solicitar que este agente del ministerio público “formule inmediato requerimiento al juez de Instrucción”.