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a Municipalidad de Federación está obligada a pagarles el alquiler a cinco familias, cuyos hijos tienen discapacidades. Así lo decidió este viernes, la jueza de Instrucción de esa ciudad, Cristina Kucharuk de Romero, a raíz de que se venció el plazo establecido por acuerdo para la entrega de viviendas. La historia de esta causa se originó el año pasado, cuando estas cinco familias fueron excluidas del plan de 84 viviendas que construyó el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) en la ciudad. La particularidad de este caso, es que ni el municipio ni el IAPV, tuvieron en cuenta la Ley 26.182 del Fonavi, que establece un cupo para personas con discapacidades en los planes que se ejecuten con estos fondos. Específicamente, la legislación dispone que un número determinado de viviendas deba ser destinado a personas con discapacidad o a familias en las que al menos uno de sus integrantes sea una persona con discapacidad. Pero en Federación, al momento de adjudicar las viviendas, no se tuvo en cuenta la legislación y, las cinco familias quedaron lisa y llanamente excluidas. Causa Vulnerados los derechos de estas familias, en abril de 2008, con el patrocinio legal del abogado Lucas Román, se interpuso una acción de amparo, que como primera medida frenó la entrega del plan 84 viviendas. Ante esta situación, el intendente Manuel Abreu, en presentación de la Municipalidad, firmó un acuerdo judicial, antes de que la sentencia quede firme. Con ese convenio, la comuna se comprometió a construir cinco viviendas con características especiales para los menores con discapacidades puedan vivir allí. Las viviendas debían ser entregadas a los 270 días. Pero nada de eso sucedió. El plazo se venció, por lo que la jueza dispuso ejecutar la sentencia (que había quedado suspendida con el acuerdo) y ordenó al municipio para que, en el plazo de cinco días, entregue las viviendas. Sin embargo, esa disposición tampoco fue cumplida por la comuna, ya que las casas todavía no están terminadas. Ante un nuevo incumplimiento, el abogado Román interpuso una nueva acción, por la cual solicitó una sanción conminatoria para la Municipalidad, que establecía la entrega inmediata de una vivienda o bien el pago del alquiler a cada una de las familias damnificadas. Por esa razón, la jueza Kucharuk de Romero, tras analizar la situación, aplicó una sanción conminatoria contra la Municipalidad y ordenó el embargó de las cuentas. La resolución fijó el pago de 1.200 pesos por cada familia, en concepto de alquiler, hasta tanto se les entregue las viviendas prometidas. El abogado Román confirmó la resolución judicial, que se hizo efectivo este viernes. “Ante el incumplimiento del acuerdo, la jueza dispone una ejecución de sentencia, que obliga a la Municipalidad a entregar, en el plazo de cinco días, las viviendas cosa que era imposible de cumplir porque no están terminadas, por eso se interpuso una nueva acción de sanción conminatoria”. “Estas familias tienen hijos discapacitados, menores de edad, todos rondan entre los cuatro o cinco años y por Ley de Fonavi les corresponde un cupo, que ni el IAPV ni la Municipalidad cumplieron. Es más, ni los dejaron participar del sorteo, fueron excluidos automáticamente”, detalló a Román. Emergencia “Fue necesario interponer una nueva medida, que tenga carácter de urgente, porque los menores al no tener viviendas propias están prácticamente hacinados en casas de otros parientes. Por eso, la necesidad de que se haga algo para paliar la situación y más ahora que estamos en emergencia sanitaria por la gripe A”, destacó el abogado. La acción de amparo como el incidente de embargo contra la Municipalidad, fueron interpuesto en nombre de los menores, con representación de sus padres. “Al no cumplirse la entrega de viviendas en el plazo dispuesto por la jueza, que fue de cinco días, pedimos una sanción conminatoria (astreinte con carácter locativo) hasta tanto se les entregue las viviendas prometidas”, señaló Román. Si bien la asesoría legal de la Municipalidad, a cargo del abogado Carlos Santiago, apelará la resolución, el astreinte con carácter locativo no tiene carácter suspensivo y mientras se resuelva la cuestión de fondo, la familia podrá disponer de los 1.200 pesos para alquilar una vivienda. Aunque está pendiente la apelación, según confirmó el abogado de la Municipalidad, el secretario de Gobierno Carlos Gómez aseguró a este medio, que “se cumplirá con la resolución judicial”, aunque estima que será por poco tiempo, “uno o dos meses”, ya que “las viviendas están casi terminadas”. “El Municipio va a acatar la resolución y por otro lado, estamos apurando la terminación de las viviendas, que se demoraron por distintas razones, sobre todo económicas. A lo mejor cubriremos el gasto que estipula la Justicia por un par de meses”, indicó el funcionario. (Fuente: El Diario)