E
l desborde de las cuentas puso sobre el tapete la posibilidad de que las cuasimonedas vuelvan a ser un instrumento para sortear los baches del presupuesto en algunas provincias. Para el economista especialista en provincias de Economía & Regiones, Rogelio Frigerio, no se repiten las condiciones de falta de liquidez que avalaron la circulación de Lecops, Lecor, Patacones y Bofes (Bonos Federales Entrerrianos) y que hicieron de esos papeles un instrumento efectivo en medio de la ausencia de pesos que generaron corralito y corralón financiero. “No consideramos que ocurra este año, en la medida que las cuentas de la Nación continuarían siendo superavitarias”, dice el analista. Aunque nadie descarta que algunas provincias recurran a la emisión de bonos o letras para el pago a proveedores este año. El interrogante es cómo se sorteará el obstáculo si la economía no sale de la recesión en la que entró para el 2010.
Algunos gobernadores salieron fortalecidos frente al Gobierno nacional en las últimas elecciones y pretenden distanciarse de las órdenes del poder central, sin embargo, las ajustadas cuentas públicas dejan a la mayoría con escaso margen para entrar en conflicto con la administración de K. Para muchos gobernadores, de la buena letra que hagan ante la Nación dependerá la posibilidad de que tengan que caer o no en default con sus proveedores o hasta en emisiones de cuasimonedas.
Desde la salida de la Convertibilidad, la mayoría de las provincias había logrado reordenar sus deudas, pasar del déficit al superávit y hasta constituir fondos anticíclicos con lo ahorrado. Pero la recomposición de los salarios y una macabra redistribución de los nuevos impuestos dispuestos por la Nación volvió a la mayoría de las administraciones provinciales al rojo y puso como norma la discrecionalidad a la hora de distribuir los recursos.
Aunque como sucede con la mayoría de los datos sensibles, la información oficial que publicaba regularmente el Ministerio de Economía dejó de difundirse, consultoras privadas estiman que el año pasado fue el primer ejercicio desde el 2002 en el que el acumulado de las provincias terminó con déficit primario, del orden de los 3.000 millones de pesos. Pero con la caída de la actividad en el medio, esa cifra se elevaría este año hasta los 8.000 millones de pesos. Y esto considerando que los aumentos salariales –la principal variable de peso para la administración provincial- no tendría ajustes por encima del 10%.
Ricos y pobres. Bajo un esquema de administración discrecional de recursos, la Nación podría conseguir mantener el superávit primario incluso en un año tan complejo como el 2009 y disfrazarse de buena administradora, cuando en realidad ha absorbido discrecionalmente y burlando leyes los recursos que le corresponden a las provincias.
Sólo con la coparticipación del Impuesto al Cheque, que sumaría unos 7.500 millones de pesos para las provincias este año, casi se difumaría el déficit de las provincias, según un cálculo realizado por la consultora Economía y Regiones. Es más, considerando la resignación de recursos acumulada de las provincias a favor de la Nación entre 2002 y 2008, los estados subnacionales dejaron de percibir más de 25.000 millones de pesos en concepto de coparticipación del tributo.
A eso se suma la falta de actualización de las sumas fijas asignadas a determinados distritos -como el Fondo del Conurbano de Buenos Aires- que no se ajustaba desde la salida de la Convertibilidad y hoy representan una millonaria transferencia de fondos de las provincias a la Nación.
Otro tanto sucede con la Anses, a quien las provincias ceden parte de su coparticipación desde que trasfirieron las cajas jubilatorias. Esos recursos tenían lógica cuando los recursos de la Seguridad Social eran negativos, pero ahora el organismo se transformó en superavitario y en una fuente directa y accesible de financiamiento del Estado nacional, del que absorbió emisiones de deuda superiores a los 10.000 millones de pesos en lo que va del año.
El Gobierno K construyó así una inmensa caja política que mantuvo –por lo menos hasta la última elección legislativa- a las provincias alineadas si pretendían acceder a los recursos que le corresponden y que necesitan para subsistir.
En realidad, las provincias han sido mucho más ordenadas en su conjunto que la Nación a la hora de administrar las cuentas públicas. Mientras que los ingresos de las provincias suben este año a un ritmo del 14,4% y los gastos al 17,1%, la performance de la Nación es mucho más escandalosa, ya que en plena campaña electoral aumentó el ritmo del gasto al 26% mientras que los ingresos crecían al 10%.
A discreción. Pero con la caja que construyó con recursos ajenos, el Gobierno asigna una gran partida al Ministerio de Planificación en programas de obra pública que luego se asignarán a discreción y de acuerdo con los favores y las presiones políticas que los tiempos indiquen. En el 2009, los principales programas de obra pública de la cartera que conduce Julio de Vido totalizan 7.438 millones de pesos. Y si bien el nivel de transferencias actual ronda el 23% respecto al crédito presupuestado, a nivel interprovincial este porcentaje no resulta homogéneo entre las distintas jurisdicciones, según un análisis de Economía y Regiones. Mientras la transferencia de fondos hacia Misiones, Río Negro y Santiago del Estero presenta niveles muy superiores al promedio, a otras provincias como la Catamarca del opositor Castillo y la Santa Fe del socialista Hermes Binner les resta percibir el 95% y 97%, respectivamente, del crédito anual presupuestado. La lógica parece indicar que allí donde la obra pública no sumaba propaganda política a favor del Gobierno, la llegada de recursos podía postergarse.
Los programas del Ministerio de Planificación Federal que están más avanzados son el de “Desarrollo de Infraestructura Habitacional, Techo Digno”, cuyas transferencias ascendieron a 581 millones de pesos, y Acciones Mejoramiento Habitacional e Infraestructura (31%) y Fortalecimiento Comunitario del Hábitat (21%). En tanto, Vialidad Nacional presenta un porcentaje de transferencia al 15 de abril de 2009 del 27% (728,4 millones de pesos) respecto de los montos presupuestados.
Si se evalúa la asignación per cápita de los recursos de infraestructura se pueden ver algunos ejemplos claros de la discreción política con la que se administra el presupuesto nacional: Mientras que el gasto en la Ciudad de Buenos Aires fue de 44 pesos por habitante y en San Luis de 52; el mayor nivel de gasto per cápita le correspondió –pura coincidencia- a Santa Cruz, con una asignación de 332,6 pesos por habitante. La asignación es bochornosa, porque hasta supera en 1,7 veces a la segunda provincia más beneficiada en el ránking que es Río Negro, con 195,6 pesos per cápita de recursos de infraestructura.
Buenos Aires al rojo vivo. El grueso del déficit de las provincias este año se concentra en la provincia de Buenos Aires, que es una de las peor tratadas por la falta de una reforma de la coparticipación. Su rojo fiscal sumaría este año 6.000 millones de pesos, que con los mercados externos completamente cerrados sólo tienen una posibilidad de ser financiados: la Nación. Pero la realidad es que si se actualizara la suma fija que se le asignó a la provincia en 1996 en concepto de fondos del conurbano y que asciende a 650 millones podría ponerse nuevamente en azul. El Fondo del Conurbano rondó históricamente alrededor del 10% de la recaudación del Impuesto a las Ganancias, que según el proyectado para este año sumaría 5.700 millones de pesos. Una cifra que se cruza perfectamente con el déficit proyectado, y no por casualidad.
La provincia que conduce Daniel Scioli dependerá de que el convenio de asistencia financiera con la Nación le refinancie las amortizaciones de deuda. Y el resto de las necesidades deberá cubrirlas con la generación de deuda flotante, ya que no cuenta con remanentes de ejercicios anteriores ni fondos anticíclicos a los que pueda recurrir.
Hasta podría tener que recurrir, como le ocurrió a la desordenada Tierra del Fuego, a “anticipos financieros” de la Nación, que no son otra cosa que préstamos de corto plazo para atender gastos corrientes como el pago de salarios. (Fuente: Revista Noticias)
