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El Diario).- El texto, emitido el 16 de junio y recibido por las principales autoridades de las universidades públicas y privadas, es lacónico y contundente: “Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de poner en vuestro conocimiento que conforme lo resuelto en la reunión del directorio por las autoridades de este instituto de Obra Social de la provincia de Entre Ríos (Iosper) y habiéndose analizado la nueva Ley de Pasantías no se mantendrá más convenio por dicho régimen a partir de 01/07/09” reza el párrafo escrito en hoja con membrete y que lleva la firma y sello de la jefa del departamento Despacho y Administrativa de la Obra Social, Carina Isaurralde. Si bien ya en marzo habían concluido unos 30 convenios, los actuales 90 estudiantes que caducan convierten al Iosper en el primer ente público de Entre Ríos que se suma con una acción concreta negativa a la controversia planteada con la Ley de Pasantía Nº 26427, sancionada el 22 de diciembre pasado por el Parlamento, y que tanta oposición ha generado en empresas y universidades. Con la sanción de ley se levantaron voces contra de la iniciativa, distintos empresarios advertían que “la ley había nacido muerta”, y que “rompía el puente entre el sector productivo y la universidad”. Afectado A pesar de no haber emitido opinión pública y que el sistema, en general, fue lo suficientemente anárquico para no llevar estadísticas fiables, siempre se supo que el principal afectado por las nuevas condiciones es el Estado, principal tomador de pasantes, y que esta condición se veía amenazada por la ley. Pero hasta ahora, exceptuando el voto a favor de la Uader, cuya secretaría de Extensión Universitaria es María Victoria Molina, hija de la senadora Blanca Osuna, autora junto al abogado laboralista y diputado Héctor Recalde del proyecto de ley, ninguna oficina pública se había expresado abiertamente. Con la posición del Iosper, que acompaña una tendencia de no tomar pasantes que se daba en las empresas y estudios profesionales, se refleja que en el sector público podría tener un efecto dominó en la Administración y entes descentralizados. Osuna, en todo foro que se abre, defiende el espíritu loable de la iniciativa, pero los empresarios no hablan precisamente con el corazón cuando dicen que la ley parte del supuesto que el sector privado busca eludir las leyes laborales. Problemas Pero esta medida del Iosper, que dejaría en total cerca de 120 estudiantes sin posibilidad de un nexo con el mundo del trabajo y, quizá, algunos sin la instancia académica misma, complicaría el futuro de una ley que vio la luz con la curva del empleo descendiendo. En el mismo orden, también haría mermar la batería de argumentos con que cuentan Osuna y Recalde, principales defensores de la iniciativa que fue cuestionada “por inconsulta y extemporánea, sobre todo por que la autora de la ley es entrerriana”, según el Consejo Empresario de Entre Ríos, primero en salir al cruce del Texto de la ley. Los contadores y un duro rechazo Semanas atrás, cuando la senadora Blanca Osuna fue cuestionada por “no haber consultado” a la sociedad civil para esta ley, difundió un listado de entidades con las que había logrado consensos. Entre ellos figuraba el Cdor. Fernando Lenardón, presidente de la delegación Paraná, del Consejo Profesionales de Ciencias Económicas de Entre Ríos, cosa que éste no ratificó ni negó, pero que generó malestar en algunos de sus colegas. El viernes, se conoció un informe de la Comisión de Estudios Tributarios del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de Entre Ríos (Cpceer) sobre la nueva ley de pasantías Nº 26427. El trabajo cuestiona fuertemente la ley, ya que advierte que “las modificaciones en la Forma Jurídica acarreará inconvenientes, debido a que el texto de la nueva norma cambia sustancialmente la forma jurídica de las personas tomadoras de pasantes; con la nueva ley sólo pueden serlo aquellos que tienen personería jurídica”, dejando afuera a estudios contables y de derecho que utilizan mucho la herramienta. Seguidamente, en un minucioso análisis de cada artículo, los contadores advierten que “sobre los puntos Remuneración y Obras Sociales, que hacen más costoso la incorporación de un pasante, ya que en caso de duda se entiende que se trata de una relación laboral con las sanciones e indemnizaciones previstas para una relación laboral no registrada”.