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ntre 2007 y los primeros cuatro meses de 2009, el Estado recaudó 145 millones por aportes de los privados para financiar el beneficio de la Ley Nº 4.035 –0,6 % tributan los empleados, y un 1,5 % los empleadores—, un fondo que sirve para asistir a madres solteras con hijos a cargo, discapacitados y ancianos y que actualmente suman aproximadamente 11 mil personas, que reciben $ 200 al mes. Pero de ese total recaudado por la Dirección General de Rentas (DGR), sólo se distribuyeron en el pago de beneficios unos $ 64,7 millones, sin que se sepa a ciencia cierta qué pasó con los restantes $ 80 millones. Tampoco se sabe qué ocurrió con lo que aportaron los empleados del Estado, unos 44 millones de pesos, que no ingresan a Rentas. En total, ser trata de unos $ 124 millones cuyo destino no se conoce. Un informe de abril último, firmado por Clarisa Bergomás de González, jefa del departamento Fiscalización de Ingresos y Valores de la DGR, da cuenta que la información sobre recaudación de la Ley 4.035 se hace sin incluir la información correspondiente al sector público “debido a que hasta la fecha no se recibió dicha información por parte de la Tesorería General de la Provincia”. La Ley 9.810 fijó taxativamente que del total de lo recaudado, se destine “hasta un 1 % para contemplar los gastos en administración del sistema, incluyendo la compra de bienes de capital”, en tanto que hasta un 9 %, dice la norma, deberá ir “para los gastos de atención de mantenimiento y funcionamiento, incluyendo prestaciones alimentarias, de hogares de adultos mayores acreditados y autorizados por el Estado Provincial”. Pero hasta ahora esa ley no se reglamentó. Cuestionamientos El 28 de diciembre de 1954, la Legislatura de Entre Ríos sancionó la Ley Nº 4.035 por la que se dio forma a un sistema de pensiones a la ancianidad, la invalidez y la madre soltera, siempre y cuando no cuenten con “recursos de ninguna naturaleza” que supere el monto del beneficio, actualmente en $ 200 mensuales. El fondo se compone de aportes patronales y personales de los empleados del sector privado: los primeros con el 1,5 %, y los segundos, con el 0,6 %; igual alícuota recae sobre los haberes de los trabajadores del Estado. Hasta abril último, la DGR recaudó por ese concepto entre los privados unos $ 24,5 millones, pero sólo distribuyeron apenas $ 8,8 millones, quedando sin distribuir $ 15,7 millones. En la opinión de tres miembros de la conducción provincial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Marcelo Ríos, Julio Luján y Salvador Pérez, se estaría frente a dos figuras que chocan con el ordenamiento legal: “defraudación”, por cuanto se retienen aportes y no se los deposita; y de “malversación” al utilizarse “ilícitamente” aportes a los que se les estaría dando un uso distinto para el que han sido creados. Y de paso, criticaron la falta de actuación de los organismos de control, como el Ministerio de Economía, el Tribunal de Cuentas y el Ministerio de Salud y Acción Social. “Acá el Estado está administrando dinero que no le corresponde, y en esto fallan los organismos de control”, señalaron. ¿Hay recursos? Ese es uno de los datos que los dirigentes expusieron para, a su criterio, refutar el argumento oficial respecto de la falta de recursos para hacer frente a un pedido de recomposición salarial (ATE pide un aumento de $ 300, sobre un haber mínimo garantizado de $ 1.220), que hasta ahora el Gobierno provincial ha desatendido. En ese sentido, pusieron en dudas los resultados conseguidos en la moratoria que lanzó Rentas en marzo último. “Hasta fin de abril ingresaron por moratoria $5.341.000, aunque el director (Guillermo Lisnesky) salió públicamente a decir que se firmaron 35 mil convenios. Es cierto, hay muchos papeles, pero en plata entraron nada más que $ 5 millones. Y eso es nada. Además, el 60 % de los contribuyentes no pagó el año corriente, porque prefieren sumarse a la moratoria”, subrayaron. Por otra parte, cuestionaron la decisión oficial de haber incluido dentro del amplio régimen de la moratoria las multas por retenciones y percepción no tributadas, que “es una defraudación. No se puede condonar la multa a un contribuyente que se queda con la contribución de otro”. Pero además, cuestionaron la decisión oficial, en el marco del Pacto Fiscal, de sostener exenciones impositivas a distintos sectores productivos. “Nosotros decimos que plata hay, lo que pasa es que haya plata que no se recauda, otra plata que no sabemos qué destino tiene, como el caso de la Ley 4.035. En el caso de los trabajadores del Estado, es un dinero que nos retienen pero que no se deposita”, plantearon. “La plata se puede recaudar, hay que mejorar los sistemas de recaudación, hay que poner los puestos de control fronterizo y ampliar la base de tributo de Ingresos Brutos. Esta no es una provincia pobre. El Pacto Fiscal terminó en 1999, y de esa fecha hasta ahora no se aplicó Ingresos Brutos a determinadas actividades, y eso podría tener que ver con ciertos intereses, como por ejemplo algunos legisladores que podrían verse perjudicados”, indicaron. (Fuente: El Diario)