L

os pueblos originarios, desde su cosmovisión, no se sienten dueños del territorio, sino parte de él, no consideran la tierra como medio para un negocio, sino como fragmento de su cultura, su historia y un bien común de las próximas generaciones. Aún así sus derechos son vulnerados y las comunidades indígenas continúan siendo desalojadas de sus tierras ancestrales, obligadas a alejarse de su lugar. Pero de la lucha y de la unión siempre salen cosas buenas, como lo sucedido el viernes por la noche: la fehaciente posibilidad de que 27 familias de la comunidad Gueguidaibera, entre ellas 60 niños, fuesen arrancados de sus tierras del antiguo quilla charrúa de Maciá se truncó gracias a la presentación de una medida cautelar y a la actuación inmediata de distintos organismos de derechos humanos, a los hermanos charrúas y al gobierno provincial. A partir de la quiebra de la empresa Goldaracena Hermanos Limitadas SAC, propietaria de los campos en donde la comunidad charrúa habita, y por disposición de un Juez en lo Civil y Comercial de Gualeguaychú, las tierras indígenas iban a ser llevadas a remate este sábado a las 9. Sin embargo el viernes por la noche la Justicia hizo lugar a la medida cautelar por la que se suspendió la acción. Con gritos, aplausos y ovaciones la comunidad expresó su alegría, sensación de alivio y de justicia por el freno del remate. Marina Varela, referente de la comunidad charrúa Hue Guidai Berá y abogada patrocinadora de la comunidad charrúa, consideró que para que eso suceda “muchas manos que se trenzaron en la ayuda a 60 niños y 27 familias que hoy no quedaron en la calle”. Concretamente “junto a Fiscalía de Estado trabajamos en una medida cautelar de no innovar. Entre otras cuestiones se trabajó sobre la parte probatoria, me solicitaron el recurso de amparo que habíamos presentado y fue desestimado y basados en esos documentos presentaron la medida, ante la quiebra de la firma”, dijo Varela. Por su parte, Cristina Ponce, delegada en Entre Ríos del Instituto Nacional Contra La Discriminación la Xenofobia y El Racismo (Inadi) manifestó a través de un comunicado su satisfacci ón porque la Justicia hizo lugar a la medida cautelar por la que se suspendió el remate. El derecho a la tierra ocupada por la comunidad está expresamente amparado por la nueva Constitución de Entre Ríos, que en su artículo 33 reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios y la propiedad de la tierra comunitaria que tradicionalmente ocupan. “A pesar del artículo constitucional y de la Ley Nacional 26.160, que protege específicamente la tierra de las comunidades originarias frente a cualquier proceso judicial por el que se pretenda despojar a sus ancestrales dueños de la misma, la Justicia no sólo había decidido el remate sino que había rechazado una acción de amparo”, indicó y agregó que “fue esto lo que motivó la intervención de los equipos jurídicos de la Provincia y de la Nación para proteger a la comunidad Gueguidaibera que depende de la comunidad Madre Pueblo Jaguar”. Ponce destacó a la directora de Fiscalía de Estado de Entre Ríos, Cristina Federik y al equipo de abogados puesto a disposición por el director de Tierras del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Antonio Deleza, quienes trabajaron para frenar el remate y desalojo de los hermanos aborígenes. También apuntó el compromiso del gobernador Sergio Urribarri con los derechos de los hermanos de los pueblos originarios, así como la intervención de las autoridades del área de Información Pública y de los organismos públicos muestra que es posible revertir el largo tiempo de olvido, desprecio y despojo que vienen padeciendo las comunidades originarias. Titularización de los terrenos Varela expresó que “pasadas las 22.30 llegó la orden y el juez de Paz me anunció que el remate estaba suspendido”, dijo y agregó que “a partir de la semana que viene vamos a tener que estar aquí, yo como miembro del Consejo de Coordinación del Inai y Roberto Sandoval como representante del Consejo de Participación Indígena, para estudiar la situación y decidir los pasos a seguir. Ya mucho más tranquilos y con más tiempo podremos definir una medida concreta”, explicó la letrada. Cabe destacar que ahora lo que resta es la titularización de los terrenos que pertenecían a la empresa Goldaracena Hermanos, a partir de la ley 26160, que protege las tierras de las comunidades originarias frente a cualquier proceso judicial por el que se pretenda despojar a sus ancestrales dueños. Finalmente Varela rescató que en la lucha la comunidad vuelve a estar de pie; “como población indígena con nueve comunidades en Entre Ríos, acompañando a Gueguidaibera, una comunidad de 600 hermanos que es la más grande de Entre Ríos”, manifestó orgullosa. (Fuente: Diario UNO)