L

a denominada causa Cetru implica también a los ex concejales Roberto Chabrillón, Martín Santana, Ricardo Zubillaga, Marcos Wdowiack, Jorge Ferrera y al ex edil Roberto González, que era presidente del bloque justicialista cuando se aprobó la adjudicación directa de bienes municipales para la explotación del reciclado de la basura a la firma Cetru en el Campo Abasto. En la resolución que se conoció ayer, el juez Martínez dictó la falta de mérito al ex edil Heriberto Pezzarini, bajo la figura de error de prohibición, que recae sobre normas que dan a un hecho el carácter de delito. En su declaración, Pezzarini explicó que él no pensó que estaba cometiendo un error, un accionar contrario a la ley. Cinco de los imputados se abstuvieron de declarar, mientras que Wdowiack, Francolini, González, Pezzarini y Ferrera dieron sus explicaciones ante la Justicia. Los procesados hicieron referencia en sus declaraciones a que, en su momento y previo a la firma del contrato con Cetru SA, se consultaron varios abogados de la Municipalidad. El abogado Juan Manuel Pezzarini habría asesorado a su padre, indicando al igual que los restantes que no se trataba de un servicio público y que el contrato ratificado por el Concejo Deliberante era procedente. Esta prueba se dio cuando la defensa de los imputados Wdowiack, Francolini y González, ejercida por el abogado Oscar Bacigaluppe, ya había solicitado la falta de mérito de sus defendidos. El pedido formulado por Bacigaluppe refiere a que en el caso “no ha existido dolo en el accionar de los imputados”, y que “siempre existió el convencimiento que no se estaba en presencia de un servicio público en tanto no existe relación entre el contribuyente y el privado”. Por otra parte, el abogado citó que “la redacción del artículo 11 de la Ley 3.001 es más que amplio y generoso para que un funcionario entienda que la contratación era atendible, lógica y legal, máxime cuando en el caso se ha tratado de una iniciativa privada y el inciso 12 de la misma habla de ‘ordenanzas que lo autoricen”. Todos los procesados habían sostenido haber actuado convencidos de que lo hacían legalmente, y que nadie jamás les cuestionó la legalidad dentro del trámite, ni siquiera quienes se oponían al proyecto por razones técnicas o económicas. Dentro del ámbito municipal se recuerdan contratos similares celebrados desde siempre, y que jamás merecieron cuestionamiento desde el punto de vista penal. El ex presidente municipal, Juan Carlos Cresto, estimó que la Justicia podría “volver a pedir disculpas”, como en el caso del ATN para el Tiro Federal, y señaló que en aquella ocasión “era una persecución política”. Igualmente, admitió que “uno debe estar preparado para esperar lo peor”, pero adelantó que “si sale el procesamiento, seguro que entra una denuncia similar para la gestión actual”. El antecesor a Gustavo Bordet en la intendencia de Concordia aseguró que en caso de elevarse la causa a juicio no volvería a gastar dinero en un abogado particular –como en un juicio del ATN para el Tiro Federal– ya que en esa ocasión “gasté 45.000 pesos y tuve que sacar un crédito personal para pagarle a mi abogado”, sin especificar que se refería a Julio Federik. Cresto incluso adelantó: “Si sale nuestro procesamiento, seguro va a entrar una denuncia contra la gestión actual”, de Gustavo Bordet, “porque ha hecho exactamente lo mismo que hicimos nosotros. Con la diferencia de que le adjudicamos a una empresa que hizo una inversión importante en el Campo del Abasto. Mientras que esta gestión le adjudicó a una cooperativa, mediante una ordenanza, no a través de una licitación”. (Gentileza de Diario Río Uruguay - Concordia)