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andra y Carlos Ten Brink, reclaman desde hace 12 años la posesión de 222 hectáreas de una isla ubicada frente a Victoria, de la que sostienen que el Estado entrerriano se apropió y arrienda. Sin embargo, el gobierno de Entre Ríos aduce que la isla que los hermanos reclaman no es la que la Provincia usufructúa. Los hermanos Ten Brink residen en Puerto General San Martín, en la provincia de Santa Fe, y denunciaron en la Justicia que fueron amenazados para que abandonen su querella. El hombre, de 37 años, contó que la historia comenzó en 1987, cuando el gobierno de la provincia de Entre Ríos declaró como fiscal una isla de 222 hectáreas, que según sostuvo era propiedad legítima de su padre Oscar Eduardo Ten Brink. La familia argumentó que la isla se transformó en fiscal a pedido de la Municipalidad de Puerto General San Martín, ya que tenía intenciones de explotarla comercialmente. “Nos quitaron la isla porque la querían trabajar como balneario y arrendarla”, dijo Carlos, quien afirmó: “Hubo un arreglo con los funcionarios entrerrianos para despojarnos del predio que compró mi papá”. Carlos Ten Brink precisó que tiene la escritura de posesión de las 222 hectáreas que su padre adquirió en 1979 y que además consta con los impuestos hasta la fecha pagos. “Año tras año se hicieron los reclamos pertinentes”, mencionó Carlos, quien resaltó: “Hace un tiempo nos tirotearon la casa, ya que buscan cansarnos para que demos un paso al costado”. Ten Brink pidió que el Estado entrerriano se retracte y le devuelva el predio. La familia sostiene que la Provincia de Entre Ríos da en comodato el islote Renovación y Pancho, sin ser propietarios, para que instalen animales, sin documentación. Carlos Ten Brink aseguró que mantuvo reuniones con el subsecretario de Producción Agrícola Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Secretaría de la Producción, Rubén Sarli, pero no encontró soluciones. “Sarli nos promete, pero no pasa nada y a nosotros nos está arruinando la vida”, finalizó Ten Brink, quien explicó: “Tenemos cuatro fichas de transferencias previas a la escritura y no hay caso”. Los amparos judiciales por la siembra en las islas de Victoria siguen sin resolución Los amparos presentados por la Municipalidad de Victoria y dos concejales ante el Superior Tribunal Justicia (STJ) aún esperan resolución. Los amparos ambientales son contra la firma holandesa Bema Agri BV para que cese la construcción de terraplenes, siembra y fumigación en unas 10.000 hectáreas de islas ubicadas en el ejido de Victoria, entre el río Paraná y los arroyos Estévez y Los Laureles, frente a la localidad santafesina de Villa Constitución. El primer amparo fue presentado por los ediles oficialistas Rodrigo Juárez y José Molla, ante el Tribunal Civil y Comercial de Victoria, a cargo de Marisela Faccendini. Bema Agri respondió que el recurso era improcedente y arguyó que las normas municipales que prohíben la actividad agrícola en las islas de Victoria son inconstitucionales. La jueza Faccendini se excusó y la causa recayó en el juez de Instrucción Alejandro Callejas, que también rechazó el amparo. La segunda presentación la realizó la Municipalidad, pero también fue rechazada. En caso de que el STJ rechace el amparo, la Municipalidad deberá seguir el trámite administrativo, ya iniciado, y resolver. Primero tiene que haber una resolución de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos que hasta el momento no autorizó ninguna obra. Luego el intendente, César Garcilazo, deberá opinar al respecto. En caso de no haber acuerdo será la Justicia la encargada de dirimir la cuestión. Anoche trascendió que podría haber un acuerdo en el control de las islas, pero esto dependería de las negociaciones que se iniciarán luego de la resolución de los amparos. En discusión El Concejo Deliberante de Victoria discute un proyecto de ordenanza, concordante con la Ley provincial de plaguicidas. La iniciativa, presentada por el concejal Molla establece la “prohibición de la fabricación, depósito, almacenamiento, transporte, fumigación, pulverización y aplicación de productos agroquímicos dentro del ejido de la ciudad”, que alcanza al sector en conflicto. (Fuente: Diario UNO)